Milagro Sala es una presa política

ESTA CONDENADA, PERO MUY INJUSTAMENTE

Para el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, la dirigente de la Tupac Amaru “no es una presa política” porque ha sido condenada por un Tribunal. Una visión formalista y acorde con la realidad de buena parte del Poder Judicial en Jujuy y Argentina.
IRINA SANTESTEBAN
Las declaraciones de Garavano en el sentido que Milagro Sala no sería una presa política porque cuando “hay un juez que aplica la ley y un tribunal que dicta sentencia no se puede hablar de presos políticos”, son una muestra más del doble rasero que utiliza el gobierno argentino para calificar detenciones arbitrarias como esa.
A poco de asumir, Mauricio Macri se cruzó con la canciller venezolana Delcy Rodríguez, en la cumbre del Mercosur, reclamando a Venezuela por sus “presos políticos”. Se refería a Leopoldo López, condenado a 13 años de prisión por haber sido uno de los organizadores del levantamiento contra el gobierno de Nicolás Maduro en febrero de 2014, y en cuyas movilizaciones (“guarimbas”) murieron 43 ciudadanos. Para Macri, este dirigente formado en Estados Unidos y vinculado a la CIA, condenado por un Tribunal, es un “preso político”. Y reclamando por su libertad se enfrentó en una cumbre internacional con la representante de un país que siempre tuvo una actitud amistosa y solidaria con Argentina.

Presa política.
En cambio, puertas adentro del país que gobierna desde hace poco más de un año, el criterio del PRO-Cambiemos es muy diferente. Para Macri, Milagro Sala no es una presa política, y el ministro de Justicia considera que la condena dictada descarta tal posibilidad.
Sin embargo, la calificación de “político” de un detenido no lo determina un juicio ni una condena de un Tribunal, sino el contexto político que rodea su caso. Nelson Mandela, preso durante 27 años en Sudáfrica durante el régimen del apartheid, fue condenado por tribunales conformados según las leyes vigentes en ese país y fue un detenido político, por cuya libertad reclamaron millones de personas y movimientos democráticos de todo el mundo.
La detención de Sala ha sido materia de análisis del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, que depende del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que depende de la OEA. Ambos organismos han reclamado su liberación al Estado argentino, y la negativa de éste a considerar tal requerimiento, le ocasiona al país un desprestigio que nada tiene que ver con aquella promesa de Macri de “volver al mundo”.

Condena sin pruebas.
Garavano reconoció que no podía decir “si estuvo bien o mal condenada”, en referencia a Milagro, pero sí afirmó que el juicio y la pena impuesta, son “un buen ejemplo de una Justicia que funciona”.
Juristas de fuste como Julio Maier o Eugenio Zaffaroni, éste último ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, han criticado el juicio contra la dirigente jujeña, por la debilidad de las probanzas que sustentaron la condena a 3 años por el delito de “daño agravado” e “instigación”, en ocasión de una movilización que se realizó en repudio al entonces senador y hoy gobernador, Gerardo Morales. Es que de las audiencias orales surgió claramente que el “escrache” fue protagonizado por otras organizaciones piqueteras, y no por la Tupac Amaru; que Sala no participó de esa movilización y que el único testigo que declara que ella fue la “instigadora y organizadora” es un hombre enfrentado con ella y hoy empleado en la administración de Morales.

Criminalización de la protesta.
La jujeña fue condenada también en un segundo juicio, de carácter contravencional, por el acampe que realizaron diversas organizaciones sociales entre el 14 de diciembre de 2015 y el 2 de febrero de 2016, en la plaza Belgrano de San Salvador, reclamando una respuesta del gobernador a diversos pedidos para que abriera una instancia de diálogo con esas organizaciones.
La condena en este juicio fue de “inhabilitación” por 3 años y 3 meses, para integrar cualquier tipo de asociación y la obligación de realizar “trabajo social” para Caritas. Una paradoja, pues si algo no pueden negar sus detractores, es la inmensa obra social de la Tupac Amaru: miles de viviendas, escuelas, dispensarios, fábricas de ladrillos, y hasta piscinas con parque acuático para los niños. Hoy, gran parte de esa obra está abandonada y destruida, por el odio y la revancha de los partidarios de Morales.
Para el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, el juicio por el acampe es una clara “criminalización” de la protesta social, que servirá de peligroso antecedente para otros procesos contra activistas sindicales o sociales.

“Noche del apagón”.
En las declaraciones del ministro de Justicia, hubo también alusión a la lentitud de la Justicia; Garavano se pronunció sobre la necesidad de que los casos “no queden en un limbo” y de acelerar los procesos para demostrar “la inocencia o culpabilidad” de los acusados en un juicio oral.
En el comienzo de las audiencias del juicio contra Milagro, su abogada Elizabeth Gómez Alcorta, criticó al Tribunal Oral que para realizar el juicio contra su defendida, había postergado otro, de importancia mucho mayor. Se refería a las audiencias por la causa de la “Noche del Apagón”, que juzgará los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares y civiles, en julio de 1976, cuando fueron secuestrados centenares de trabajadores del ingenio Ledesma (de la familia Blaquier) y vecinos de Libertador, Calilegua y El Talar.
Ese juicio fue postergado para comenzar el 6 de marzo próximo, y entre los acusados se encuentra Pedro Blaquier, dueño del ingenio y de las camionetas que usaron los militares para trasladar a los secuestrados, de los cuales 33 continúan desaparecidos. Blaquier fue beneficiado con la falta de mérito por la Cámara de Casación Penal el año pasado, pero la procuradora Irma García Netto apeló esa medida ante la Corte Suprema de Justicia y solicitó sean llevados a juicio oral, para que un Tribunal dictamine sobre su culpabilidad o inocencia.
En esa causa, se investiga el secuestro y desaparición del intendente radical de Libertador San Martín, Luis Aredez, y de los sindicalistas Omar Gainza y Carlos Alberto Melián.

“Prácticas terroristas”.
Gómez Alcorta vio similitudes entre las prácticas de la dictadura, puestas de manifiesto en la “Noche del Apagón” y el caso de su defendida Milagro Sala. En una entrevista publicada por el diario Página/12, la abogada afirmó que la detención de militantes de la Tupac para que “delaten” a Milagro, o declaren en su contra, y si no lo hacen, se les “arman” causas, son una muestra de ello.
Aunque parezca exagerada esta comparación, el caso del joven Nelson Cardozo, sobrino de uno de los presos vinculados con la Tupac, así lo demuestra. Nelson fue encontrado muerto en su celda del pabellón 3 del penal de Gorriti, el pasado 6 de diciembre. El subdirector del Servicio Penitenciario de Jujuy, Ramón Ruiz, recién dio a conocer su muerte a las 15 horas, asegurando que se había tratado de un “suicidio”. Pero la autopsia forense demostró que el joven había muerto por “asfixia manual” y por golpes, por lo que los siete oficiales penitenciarios que estaban a cargo del pabellón y el propio subdirector Ruiz fueron imputados de partícipes necesarios por el homicidio y detenidos por orden del fiscal Aldo Lozano.
Nelson Cardozo era sobrino de Alberto “Beto” Cardozo, referente de la agrupación Tekuré, parte de la Red de Organizaciones Barriales, uno de los presos políticos de Morales, junto a Milagro, quien permanece detenido por supuesto intento de homicidio en el penal donde su sobrino fue asesinado y en el marco de una causa en la que Sala también está acusada. Cardozo denunció que él también recibió presiones para inculpar a Sala en delitos a cambio de su libertad.

Sigue la servilleta.
Alguna vez, en épocas menemistas, se popularizó la expresión “jueces de la servilleta”, en referencia a magistrados dóciles a las directivas del entonces ministro Carlos Corach. Parece que en una charla de café, había escrito en una servilleta los nombres de los jueces que le respondían. Eran otras épocas, pero hoy no parece ser tan diferente.
En Jujuy es conocida la adhesión de la mayoría de los jueces a Morales, quien se aseguró una “mayoría automática” en el Superior Tribunal de Justicia, a los pocos días de asumir como mandatario provincial, al designar a cuatro nuevos jueces. Previamente, la ley de ampliación del STJ se había votado en la Legislatura, y dos de esos legisladores, luego de levantar la mano para aprobar esa medida, fueron designados en el máximo tribunal.
En la Justicia Federal, luego del cambio de gobierno, algunos jueces y fiscales que tienen causas que hace años no agilizan, comenzaron una frenética actividad judicial, tendiente a esclarecer supuestos casos de corrupción, en su gran mayoría, contra funcionarios del gobierno anterior.
Sin embargo, salvo las detenciones de Lázaro Báez y José López, más las imputaciones a la ex presidenta, esas causas no parecen avanzar con pruebas suficientes como para ser dilucidadas en el juicio oral. Tan es así, que Cristina Fernández ha solicitado que comiencen las audiencias, para que esas acusaciones sean sostenidas delante de un Tribunal, que deberá resolver, en definitiva, por absolverla o condenarla.

“Acelerar”.
En el mismo sentido que Garavano, el ministro del Interior y el jefe de gabinete, Rogelio Frigerio y Marcos Peña, también se quejaron del “desaceleramiento” de algunas de las causas por supuestos hechos de corrupción.
¿Será que necesitan seguir bombardeando con los mismos titulares, del tipo de “se robaron todo”, para esconder problemas mucho más graves que aquejan a los argentinos desde que asumió Macri y su gabinete de representantes de las grandes empresas?