Militares perdonados, ascendidos e indemnizados

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El ministro de Defensa Oscar Aguad anuló una resolución de 2010, mediante la cual un grupo de militares había pasado a retiro por conductas antidemocráticas.
IRINA SANTESTEBAN
Desde que asumiera en la cartera de Defensa en julio de 2017, el ministro Aguad viene manifestando una posición contraria al proceso de democratización de las Fuerzas Armadas, iniciado por el presidente Néstor Kirchner cuando promovió la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y los indultos, con la intención de terminar con la impunidad de la que habían gozado los militares que actuaron durante el terrorismo de Estado.
Aguad justificó la medida en que se había pasado a retiro a un grupo de militares por “portación de apellido”, por ser familiares de represores. Eso surge de sus declaraciones a la prensa, y de la cobertura que le dieron al caso los medios de comunicación del grupo Clarín y la prensa hegemónica. Sin embargo, nada de eso figura en los fundamentos del decreto, sólo que se anula su retiro, se les reconoce los ascensos que no tuvieron en estos ocho años, y los haberes caídos desde entonces, como si hubieran estado en actividad.

Un “milico” con historia.
A Aguad se lo conoce en Córdoba como el “milico”. El apodo le viene de sus épocas de rugbier, pero la mayoría de los cordobeses lo llama así desde su gestión junto a Ramón Mestre (padre), primero como funcionario durante su intendencia en la Municipalidad de Córdoba (1983-1991), y luego durante su gobernación (1995-1999).
Aguad fue, como ministro de Gobierno, el responsable principal de la dura represión descargada contra los trabajadores estatales que resistieron la Emergencia económica decretada en 1995.
Como parte de ese ajuste, se cerraron varios hospitales públicos, entre ellos el Hospital Misericordia, que fue desocupado por la Guardia de Infantería policial.
En aquellos años, Aguad designó en la plana mayor de la Policía de Córdoba a Carlos “Tucán” Yanicelli, a pesar que figuraba en los archivos de la Conadep por su actuación en el Destacamento de Inteligencia policial conocido como D2.
Yanicelli también fue juzgado y condenado a la máxima pena.

Perdón, ascenso e indemnización.
La medida del ministro Aguad tiene una carga simbólica muy fuerte, porque intenta mostrarse como “reparadora” de una supuesta injusticia cometida contra militares por su vínculo familiar con genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad.
Nada más alejado de la realidad. Nilda Garré, ex ministra de Defensa y firmante de la resolución que pasó a retiro a esos militares, dijo en una entrevista para Página/12 (04/11/2018): “Fueron personas que hicieron expresamente declaraciones de apoyo a la dictadura. O que no se diferenciaron de lo actuado en esa época. Recordemos que iban a ser promovidos para conducir las fuerzas. Es muy serio a quien se manda a conducirlas. La presidenta no podía proponer ascensos al Senado sin estar segura de su vocación democrática”.
Entre los 25 militares, estaba el teniente coronel Roberto Augusto Vega, que en un discurso pronunciado en 2005 durante la ceremonia de juramento a la bandera, reivindicó el combate “contra la subversión” en Tucumán y dijo que se quiso “reemplazar la bandera argentina con un sucio trapo rojo”.
Semejantes declaraciones no podían dejarse pasar, y estuvo bien que Garré y la presidenta Cristina Fernández ordenaran su retiro.
Sin embargo, el gobierno de CFK no actuó de la misma manera con el general César Milani, designado al frente del Ejército a pesar de haber sido duramente cuestionado por organismos de derechos humanos por su actuación durante el terrorismo de Estado.

La “familia” militar.
En febrero de este año, cuando Aguad puso en funciones al nuevo jefe del Ejército, Claudio E. Pasqualini, dijo que las Fuerzas Armadas habían sido “estigmatizadas y castigadas” en los últimos años.
También prometió que iba a cuidar de la “familia militar” manteniendo la recomposición de los salarios. Sin embargo, el pasado 9 de julio no se realizó el desfile militar por el descontento de las fuerzas con el aumento salarial dispuesto en aquel momento (un 8%), al punto que el presidente Macri tuvo que otorgar un 20%, porcentaje que habían recibido las fuerzas de seguridad.

Mano dura y represión.
Estas medidas confirman que Cambiemos tiene una posición contraria a las políticas públicas que instalaron los procesos de Verdad, Memoria y Justicia. Y aunque los juicios por los crímenes del terrorismo de Estado continúan, hay signos claros de que los tiempos han cambiado, y mucho. Las numerosas prisiones domiciliarias otorgadas a represores, así lo demuestran.
En otro ministerio, el de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, también se evidencia la regresión respecto al gobierno anterior.
Desde el presidente Macri hacia abajo, se ha instalado que el combate contra el delito debe hacerse apelando a la mano dura policial y la tolerancia cero, que en la práctica se traduce en un accionar violento de las fuerzas de seguridad. Eso pone más en riesgo la seguridad de la ciudadanía, que lo que se dice querer erradicar.
El caso Chocobar es un ejemplo. Macri felicitó al policía que mató por la espalda a un ladrón que huía, que no representaba un peligro para quien lo perseguía. La Corte Suprema ha confirmado que Luis Chocobar debe ir a juicio por “homicidio cometido con exceso en el cumplimiento del deber”.
Si a eso le sumamos sus declaraciones sobre la libertad que tienen los ciudadanos para “ir armados”, tenemos el cóctel perfecto para el aumento de la violencia: policías que disparan primero y preguntan después, y ciudadanos armados dispuestos a tirar ante cualquier situación.
Una sociedad del “lejano oeste”, que ya demuestra en EE.UU. a qué nos conduce.