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¿Miopía o complicidad?

En su discurso inaugural del año judicial, el nuevo presidente de la Corte Suprema sorprendió a propios y extraños con un discurso crítico acerca del estado del Poder Judicial argentino y los desafíos que le esperan a sus integrantes. Sin eufemismo alguno, el juez dijo que la confianza de los ciudadanos en la institución judicial se encuentra en un punto muy bajo, y que les llevará años recuperar el prestigio perdido.
El diagnóstico no puede ser más adecuado. Habría que remontarse al 2001 y a la época de la «mayoría automática» para recordar una época en la cual el prestigio de los jueces estuviera más cuestionado. No es ocioso recordar que aquel proceso derivó en una total depuración del más alto tribunal argentino, a través del juicio político seguido a varios de sus integrantes.
Lo llamativo del discurso, sin embargo, es el modo en que el magistrado parece colocarse por afuera del conflicto, lo cual le daría autoridad para reprender a sus colegas por este triste estado de cosas. Y es cierto que su presencia en el tribunal data de apenas tres años. Pero su contribución al deterioro del prestigio judicial no ha sido escasa.
Aún cuando su capacidad académica está fuera de cuestión, no puede dejar de recordarse que este juez -nombrado por la actual administración- proviene del mundo empresario, y principalmente, del conglomerado de medios de comunicación al que muchos atribuyen, a través de la práctica del autodenominado «periodismo de guerra», el ascenso al poder de la actual administración.
Para ser alguien que propone -no sin poesía- que los jueces, al modo del héroe griego Ulises, «se aten al mástil de la legalidad», no parece un buen antecedente el haber estado dispuesto a asumir en tan alto cargo pasando por alto el procedimiento de designación fijado en la Constitución Nacional. Dicho crudamente, su primera «designación» como juez la intentó el actual presidente por decreto, como si se tratara de un mero empleado del Poder Ejecutivo.
Tampoco contribuyó demasiado al prestigio de la Justicia -ni al suyo personal- el haber sido ideólogo del fallo en el que la Corte pretendió aplicar el cómputo de 2×1 en la prisión preventiva, a favor de los condenados por delitos de lesa humanidad. Aquel fallo inicuo se enfrentó a un fuerte rechazo social, y a amplias manifestaciones populares de repudio que forzaron a la Corte, pocos meses después, a dar un notorio marcha atrás en esta materia.
Otro tanto cabe decir sobre la cantidad de fallos con los que -fiel a su raigambre empresaria- este juez ha venido horadando derechos largamente consagrados a favor de los trabajadores, particularmente en materia de accidentes laborales.
Pero lo que resulta realmente preocupante es que, como cabeza del Poder Judicial, no haya hecho ninguna mención a los constantes atropellos que vienen sufriendo jueces y fiscales que se conducen con independencia respecto de los mandatos del poder político. Hechos como el acoso sistemático a la anterior procuradora general hasta forzar su renuncia; las maniobras espurias en el Consejo de la Magistratura; la designación de jueces «a dedo», y, contemporáneamente a su discurso, el intento de linchamiento contra un juez probo por el sólo hecho de procurar investigar una red de espionaje ilegal que compromete a funcionarios, legisladores, fiscales y periodistas, debieron ser objeto al menos de una mención.
Hablar de crisis en la actividad judicial sin mencionar que estamos frente a un gobierno que está avasallando sistemáticamente su independencia, es muestra de miopía, si no de complicidad.