Monopolios, el poder real de Argentina que hay que enfrentar

El intento del gobierno por controlar, leyes mediantes, las maniobras del establishment, ha provocado una histérica reacción. Estos sectores no desean el más mínimo control. Y son el poder real de la economía.
EMILIO MARÍN
El Congreso votó leyes en defensa de los usuarios, consumidores y Pymes, para imponer controles sobre la producción y la comercialización. Esa facultad estatal se centró en las formadoras de precios, excluyendo al millón de Pymes que son víctimas de los monopolios aunque sin llegar al nivel del argentino de a pié.
Una de las normas reforma la ley de Abastecimiento de 1974 y aunque en su nueva versión suprime la pena de cárcel para los culpables de delitos alcanzados por la normativa, el lobby empresarial accionará en la justicia para que se la fulmine de “inconstitucional”.
En alianza con ese mundillo de las finanzas, Mauricio Macri y Sergio Massa se pusieron a sus órdenes y prometieron derogar esas leyes.
Los popes de la UIA, AEA, Sociedad Rural, Cámara Argentina de Comercio, AmCham (Cámara Americana), Foro de Convergencia Empresarial, Copal y otras cámaras han planteado que esas normas son una vulgar copia del chavismo y ponen en riesgo la propiedad privada y la seguridad jurídica.
Esos argumentos fueron empleados por el multidenunciado CEO de Shell, Juan J. Aranguren, y otro lenguaraz de los monopolios, el titular de Fiat, Cristiano Rattazzi.
¿Será que las leyes debatidas democráticamente en ambas cámaras son confiscatorias, o bien el establishment no aguanta el más mínimo control? El cronista marca la segunda opción y trata de explicar por qué.
El caso automotriz sirve de puntapié inicial. Adefa tiene once socios, todos extranjeros. Sus negocios evolucionaron desde el boom automotriz de Menem-Cavallo hasta el año pasado en que, con el gobierno de CFK, arañaron un millón de autos.
Ahora que bajó la producción por menores compras de Brasil, enfriamiento de la economía y estrecheces cambiarias, suspendieron personal. Las leyes mencionadas no tenían ninguna culpa. Al contrario, el gobierno les aprobó el Pro.Cre.Auto I y ahora el Pro.Cre.Auto II, con el que Débora Giorgi, gran amiga del sector, se ufanó que en vez de suspender a casi 14.000 empleados serán solamente 7.600. El Estado brindará créditos a bajas tasas para que se sigan comprando autos y aquellos popes ganen dinero. Y les aportará 100 millones de dólares mensuales para pagar la importación de piezas que no fabrican en el país. O sea el Estado hace el negocio de los pelones, por no decir la palabra exacta que tanto gustaba al Negro Fontanarrosa. Y encima, Fiat, General Motors y Honda se bajaron, despectivas, del plan oficial.

Concentración y poder.
Las decisiones que adoptan esos directorios sobre cuatro ruedas, de suspender personal, afecta a la gente y la economía. Y también lo hacen otros grupos concentrados que pactan precios fuera de una tasa de ganancia normal, como ha ocurrido en el rubro alimentos.
Roberto Navarro, en su programa de C5N, mostraba días atrás los porcentajes de ganancias de tres supermercados extranjeros y uno nacional, Coto, por encima del cien por ciento. “Las cadenas de supermercados se convirtieron en formadores de precios”, había concluido el periodista en febrero pasado, luego de la devaluación.
Hernán Letcher y Julia Strada, del Centro de Economía Política Argentina, traían a colación los datos de 2011 según los cuales Carrefour facturó 16.000 millones de pesos, Cencosud 9.700 millones, Coto 5.400 millones, Walmart 4.000 millones y La Anónima 4.000 millones. Las cifras actualizadas deben ser más importantes por los aumentos de precios inducidos por esos actores-formadores, y potenciados por la errónea devaluación del 23 de enero.
Página/12, el 18/9 pasado, recordaba que Bimbo controla el 80 por ciento de la producción de panificados a través de Fargo, Bimbo y Lactal; La Serenísima y Sancor dominan el 82 por ciento de la producción de leche; Bagley y la multinacional Kraft el 60 por ciento de las galletitas, cuatro empresas, entre ellas Ledesma, detentan el mercado azucarero; cuatro multinacionales (Unilever, Johnson&Johnson, Procter&Gamble y Reckit) el 81 por ciento de productos de limpieza; Coca y Pepsi las gaseosas y Quilmes, Cicsa e Isenbeck son dueños de las cervezas.
El Programa Precios Cuidados logró estabilizar los precios, pero antes esos “pesos pesados” los remarcaron a voluntad. Luego cumplieron a medias lo pactado y las multas fijadas por la Secretaría de Comercio no son abonadas por las empresas. De allí su alboroto porque una de las flamantes normativas les exige pagar primero las sanciones y luego apelar.
La inflación es el impuesto que se cobra a los pobres y a los argentinos de ingresos fijos en pesos. En eso hay plena coincidencia, más allá de los debates políticos sobre la medición del fenómeno, de si es superior al 25 por ciento o directamente del 40 por ciento anual.
Donde no hay acuerdo es en las causas. Para los neoliberales y monetaristas, estaría determinada por la emisión monetaria y el nivel del gasto público, claro que lo reprochan más en los gobiernos “populistas”.

Formadores de precios.
En cambio para otros estudiosos de la economía, sin negar las medias verdades sobre las causas diversas de la inflación, el problema fundamental son las reglas de juego impuestas por los formadores de precios.
La socióloga Mónica Peralta Ramos, que publica sobre el particular en Página/12 desde 2011 a la fecha, en forma sistemática, afirmaba el 20 de enero pasado: “las grandes empresas -sean nacionales o extranjeras- que dominan estos segmentos, son formadoras de precios en los puntos neurálgicos de la economía y tienen, por eso mismo, una capacidad decisiva sobre la formación de precios en el mercado interno y sobre el control de las divisas provenientes del comercio exterior. Esto les permite retener y desabastecer productos de importancia estratégica: desde el dólar hasta los alimentos pasando por la chapa y otros insumos de producción. Les permite además obtener ganancias extraordinarias, aprovechar los estímulos oficiales al mercado interno y ejercer su poder de veto sobre las políticas que consideran nocivas a sus intereses. De ahí, su capacidad para afectar la estabilidad política e institucional del país”.
Se subraya la conexión de la autora entre la aptitud de esos monopolios para quedarse con una tajada excepcional de las ganancias y también para moverle el piso a los gobiernos democráticos.
Eso mismo se está verificando estos días, donde los aludidos pugnan por otra devaluación, mientras aprietan al gobierno y buscan un ciclo restaurador de todos sus negocios, léase negociados, en 2015.
Y no se trata sólo de la alimentación y la industria automotriz. Techint y Acindar, dos trasnacionales, dominan a voluntad la fabricación de chapas y acero; Aluar todo lo vinculado con el aluminio, Loma Negra (brasileña) y Holcim (suiza) el negocio cementero; Barrick Gold y otras extranjeras manejan la minería; Panamerican, Shell y otras tienen parte del negocio petrolero y de combustibles, Dow (EE UU) la producción de polietileno; Cargill, Bunge y Nidera están al tope de las cerealeras exportadoras; Monsanto (yanqui) es el número 1 de los agroquímicos y semilleras, etc.

Limitación del gobierno.
Frente a esos intereses de clase extranjeros y nativos, que se han popularizado como “buitres de afuera y caranchos de adentro”, lo que ha hecho el gobierno kirchnerista no es poco, como dicen sus mayores críticos. Sí es muy insuficiente, como no lo admiten sus acérrimos defensores.
La estatización de los fondos previsionales afectó un negocio financiero de las AFJP y los bancos, sus verdaderos dueños. La ley de medios limitó a Clarín, que contaba con casi 300 licencias audiovisuales. La resolución 125 cobraba mayores retenciones a la exportación de soja y eso afectaba a la capa superior de grandes productores y pooles de siembra. La reforma a la ley de Abastecimiento husmea en los manejos monopólicos de 5.000 empresas en condiciones de inflar precios (en rigor, de las 200 más concentradas).
Esas peleas políticas, mediáticas y legislativas no deben subestimarse, pero tampoco endiosarse como un “asalto al cielo” o una épica antiimperialista en la que Cristina Fernández no entra. Su afirmación en la ONU, de que ha pagado más de 190.000 millones de dólares de deuda externa -nunca investigada- la pone en un lugar más objetivo.
Periodistas especializados, defensores del gobierno, como Claudio Scaletta, claman por una profundización de la política iniciada en 2003. Piden un salto cualitativo expresado en la fórmula dialéctica de “Negación de la negación” (Cash, 21/9). Scaletta reflexiona, amargado, con que nunca el gobierno tuvo “un plan de transformación estructural de largo plazo” y que “los sectores industriales no deficitarios a desarrollar no están siquiera definidos”. Agrega que Kicillof apostó a un financiamiento externo, pero “es muy probable que incluso pagando el ciento por ciento a todos los holdouts, incluidos los buitres, el financiamiento externo no llegue”.
Después de tantas limitaciones y posibilismo, resurge la contradicción principal del país: pueblo o monopolios. El tema es quién se atreve a ponerle el cascabel a esos tigres, incluyendo a los banqueros.