Mucho por mejorar

El gobierno provincial anunció esta semana la creación de la llamada “policía judicial”. Se trata de una vieja aspiración del Poder Judicial, de la que se viene escribiendo en la doctrina hace décadas, pero que sin embargo no ha logrado plasmarse sino en contadas jurisdicciones del país.
La Pampa siempre ha sido pionera en la adopción de novedades procesales, y esta nueva iniciativa -que colocará a los agentes policiales dedicados a la investigación criminal bajo la órbita judicial- debería traer progresos en ese sector del Estado.
Es de esperarse, por ejemplo, que con este nuevo cuerpo dejarán de existir los frecuentes cortocircuitos entre policías y fiscales, que más de una vez aparecen como si pertenecieran a bandos opuestos. La costumbre de algunos uniformados -por ejemplo- de informar que determinado hecho está “policialmente esclarecido”, como desentendiéndose del curso posterior de la investigación, y de las posibles nulidades que puedan haberse cometido y que impidan la condena, debería desaparecer. Con ello también razonablemente debería desaparecer uno de los principales pretextos que se esgrimen para justificar el insostenible “cepo informativo” impuesto desde la asunción de las actuales autoridades con relación a la información policial.
El ministro que realizó públicamente el anuncio expresó la alta satisfacción del gobierno con la marcha de la justicia pampeana.
No se había secado la tinta en los diarios que comunicaron la noticia, cuando la justicia volvió a estar en las primeras planas, esta vez, por un hecho desgraciado: una madre desesperada por la impunidad del homicidio de su hijo intentó suicidarse en el edificio de los tribunales, tan luego en presencia de uno de los miembros del más alto tribunal pampeano.
Tal parece que la satisfacción de las autoridades con el funcionamiento de la justicia debería moderarse.
Si bien desde la instauración del nuevo sistema procesal -que entre otras reformas, pone en manos de los fiscales la investigación penal- se ha llegado al dictado de sentencias en tiempos récord en algunas causas, en otras, por el contrario, la maraña de recursos de los defensores hace prolongar los procesos hasta llevarlos a la prescripción.
Para agravar esta nota de impunidad, se sabe que ahora, en virtud del llamado “principio de oportunidad”, muchos hechos no se investigan, o incluso, siendo investigados, son dejados impunes por decisión de los fiscales actuantes, decisiones éstas en las que sería necesario mayor transparencia y fundamentación.
Y eso, para no hablar del fuero civil. Cuentan los abogados memoriosos, que hasta dos o tres décadas atrás, era perfectamente posible tramitar un juicio civil o laboral, hasta obtener sentencia de segunda instancia, en poco más de un año y medio. Hoy, con todas las facilidades que supone la incorporación de la informática, y aún habiéndose modificado el Código Procesal Civil, las causas se vienen prolongando hasta lo intolerable. Un año y medio, por ejemplo, es el tiempo mínimo que tarda en salir una sentencia de segunda instancia en la Cámara santarroseña.
Dice el refrán que la justicia tardía no es justicia. Pero hoy son los tribunales internacionales de derechos humanos los que entienden que la excesiva duración de los trámites judiciales representa en sí una violación a esos derechos. De hecho, el propio Estado argentino ha sido condenado en más de una oportunidad por este motivo.
Como se ve, entonces, la tarea judicial en La Pampa tiene mucho que mejorar todavía para brindar un servicio eficiente a su población. Y por muchas reformas que se introduzcan, si no se mejora el sistema de elección de los magistrados, ni se hace el seguimiento cotidiano de su desempeño, las cosas no tenderán a mejorar.