Muere otro preso en la provincia

La muerte de un detenido en la Alcaidía de Santa Rosa constituye un hecho gravísimo y merece una investigación a fondo para deslindar responsabilidades. El muchacho, de 24 años -acusado por el homicidio de su pareja-, había ingresado el jueves pasado y en los pocos días que estuvo detenido, de acuerdo a lo poco que trascendió del caso, mantuvo disputas violentas con otros internos al punto que fue derivado al hospital Lucio Molas en donde lo atendieron por las heridas recibidas.
La celda en donde apareció muerto la mañana del domingo alojaba a otros dos internos con violentos antecedentes; homicidios en ambos casos y, en uno de ellos, abusos en un sitio de detención. En principio se atribuyó el deceso a un suicidio pero luego se descartó esa hipótesis. El hecho de no encontrarse el elemento cortante que provocó la herida mortal en la garganta habría contribuido a ese cambio.
Si bien la fiscal que investiga declaró el secreto de sumario las autoridades policiales y judiciales deben una explicación pública. Es muy grave lo ocurrido y, lo peor, no es la primera vez que sucede una tragedia de estas características en un lugar de detención en nuestra provincia. Ayer este diario recordó dos hechos recientes: un suicidio en la comisaría de 25 de Mayo y un homicidio en la Seccional Quinta de Toay. Pero si se realizara una búsqueda más exhaustiva y extensa aparecerían otros casos.
No importa la gravedad del delito que le puedan imputar a una persona. El Estado debe garantizar la vida de cualquier preso de acuerdo a lo que establecen las constituciones nacional y provincial. No faltará quien piense que no hace falta recordar este marco institucional, sin embargo, en tiempos en que el Poder Judicial se encuentra severamente cuestionado y proliferan en la sociedad corrientes y tendencias que militan en favor de una suerte de “justicia exprés” según la cara del acusado y con fuerte contenido de prejuicios sociales y hasta políticos, se torna imprescindible no rehuir el debate para intentar poner las cosas en su lugar.
No menos importante es el grave problema que soporta el sistema penal pampeano por la carencia de lugares de detención. El incumplimiento, por parte del Servicio Penitenciario Federal, de un acuerdo firmado con el Estado provincial recobra hoy vigencia con esta nueva muerte. Con dineros del Tesoro provincial se amplió la capacidad de alojamiento de la Colonia Penal de Santa Rosa para aumentar el cupo destinado a detenidos pampeanos, pero una vez finalizadas las obras el SPF se “olvidó” de su compromiso y redujo sustancialmente el ingreso de condenados provenientes de esta jurisdicción. Los reclamos de la Justicia provincial fueron desoídos hasta que dos fiscales, cansados del ninguneo del organismo nacional, decidieron presentar una denuncia e iniciar una causa en los tribunales que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia.
De todos modos, más allá de este marco general, es innegable que existen responsabilidades inmediatas en quienes dispusieron el lugar de detención -y la compañía- del joven. Resulta imprescindible que la investigación las establezca y la Justicia proceda en consecuencia.