Muerte policial: de eso no se habla

Al resolver, en forma unilateral, suspender la sesión de la Legislatura, el bloque del Partido Justicialista envió un claro mensaje a la sociedad: de eso no se habla. El enojo de los bloques opositores es justificado, especialmente por la excusa usada por el oficialismo ante la bancada del Frepam para censurar el debate en el recinto: “hay pocos temas”. Los diputados del PRO también se sintieron agraviados pues habían propuesto tratar en la sesión que fuera el propio gobernador el que informara ante un hecho que consideraron “de gravedad institucional profunda”.
Así, la muerte de un cazador bajo fuego policial, las formas de proceder de la fuerza y la responsabilidad del ministro de Seguridad aparecen, para los diputados oficialistas, como temas sin importancia que no merecen tratarse. Sin embargo, horas antes, el jefe del bloque del PJ había reconocido que el violento homicidio “es un hecho grave”, y ampliaba: “perjudica a nuestra provincia, a quien lleva adelante la política de seguridad que es el ministro, al gobierno que es quien tiene que controlar al ministro de Seguridad”. Semejantes expresiones tornan muy difícil de entender la decisión de levantar la sesión.
Tampoco están en sintonía con esa decisión de bloquear el debate, las expresiones difundidas por los más altos funcionarios del Ejecutivo ante el homicidio: “consternación”, “pena”, “reproche”. Si ése es el sentir del oficialismo cómo se explica que no se trate un problema que provocó tal estado de ánimo y que todos coincidieron en calificar como “grave”.
Mientras tanto en la conmocionada sociedad pampeana se siguen sumando expresiones de rechazo y pedidos de renuncia al ministro. Entre ellas se destacó la emitida por la filial de las Abuelas de Plaza de Mayo que le imputó “responsabilidad intelectual y doctrinaria” por el crimen cometido el domingo en cercanías de Lonquimay.
Quizás la clave de esta negativa a debatir el tema esté en las declaraciones públicas del propio ministro quien se anticipó diciendo que no renunciará y aseguró que en el gobierno nadie le ha pedido que deje el cargo.
Ahora los legisladores del PJ aparecen, otra vez, cerrando filas ante cualquier cuestionamiento al funcionario y así continúan amparando su accionar. No fueron pocos los planteos elevados en estos meses de su gestión, y todos ellos por el mismo motivo: la violencia creciente en las intervenciones de la policía: detenciones arbitrarias, golpes y castigos a sospechosos e incluso a testigos de procedimientos, persecuciones irracionales en la vía pública (una de ellas llegó a provocar la muerte de una persona al ser arrollada por un vehículo en fuga), entre tantos otros. Ninguno de esos graves episodios, ni la suma de todos ellos, logró conmover la muralla tras la cual se abroqueló el oficialismo. De ahí la justificada imputación de que está pagando “costos políticos” excesivos en la obstinada defensa del responsable de la seguridad pública. No se recuerda en la historia de nuestra provincia un funcionario que haya acaparado tantos repudios de tantos sectores políticos y sociales a causa de su desempeño.
¿El justicialismo gobernante, resguarda al ministro porque su esposa, y diputada, le garantiza la mayoría en la Legislatura? ¿Acepta, de tal modo, mantener en el gabinete al responsable político de una muerte, provocada -como todo lo indica- por un caso de “gatillo fácil”? ¿Saldrá indemne el gobierno de cultivar un pragmatismo que no atiende a otra cosa que al ejercicio matemático del poder?
En voz baja, cada vez más funcionarios y legisladores oficialistas rechazan los métodos represivos que despliegan muchos policías amparados por el Ministerio de Seguridad. Pero en público nadie se anima a decir nada, con lo cual la salud institucional del Estado pampeano está siendo afectada, aunque por ahora ese proceso subterráneo no aflore en superficie.

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