Muerte en la Colonia Penal

Las cárceles son la mejor prueba de que el infierno no está en el más allá sino en el más acá, en esta vida terrenal. La expresión pertenece a un destacado jurista y es compartida por muchos de sus colegas como también por aquellas personas cuya sensibilidad las ha llevado a interesarse por lo que ocurre tras los altos muros de las prisiones.
El encierro, en ámbitos coercitivos y de vigilancia extrema, no puede más que derivar en conductas violentas cuando las condiciones permiten su desahogo. Muchas de las personas que caen en la cárcel ya traen un historial de violencia y el nuevo contexto de encierro no hace otra cosa que potenciar esas inclinaciones exacerbándolas. Otras, en cambio, ingresan a la vida de los institutos penales por la comisión de delitos que no involucran conductas de agresión, es decir, no han desarrollado los hábitos, el instinto de la violencia en su vida previa. Pero todos, sin excepción, en el asfixiante ambiente de las cárceles deben aceptar el código de la violencia que rige entre los penados. Algunos se imponen y otros se someten. Algunos matan y otros mueren. La crónica policial registra estos hechos y la mayoría de las personas que nunca tuvieron relación directa o indirecta con el sórdido mundo de las prisiones lo acepta con naturalidad.
La Unidad 13 de Santa Rosa fue escenario de una tragedia hace dos décadas que le costó la vida a doce internos que tuvieron una muerte espantosa: murieron quemados o asfixiados en un incendio. Como para hacer más certera aquella equiparación entre cárcel e infierno. No hubo condenas a la altura de ese ominoso infortunio, apenas sanciones administrativas. Tampoco se sabe de medidas de fondo tendientes a evitar muertes en las cárceles. De hecho, siguieron produciéndose por causas de las más variadas.
Esta semana otra muerte tuvo lugar en una prisión de esta ciudad. Esta vez fue a partir de un enfrentamiento entre "bandas" rivales y la víctima fue un interno cuyo legajo exhibe frondosos antecedentes de delitos violentos contra las personas y la propiedad. El hermetismo habitual de las autoridades penitenciarias impide conocer con exactitud cómo fueron las cosas, solo se sabe que hubo violentas peleas con facas y en el horario de las visitas, nada menos. Si los responsables penales creen que el retaceo de la información es el mejor camino, se equivocan. Cuanto menos se sabe de un hecho, más se extiende la sospecha general. Y esta sensación aumenta cuando se trata de la muerte de personas que están encerradas en una institución pública de la que se espera transparencia en su funcionamiento y en la publicidad de sus actos. Con toda razón, el ciudadano que no es bien informado, tiene derecho a presumir que el silencio o la parquedad informativos tiene como propósito encubrir conductas negligentes.
Muchos se preguntan si una institución semiabierta como la Colonia Penal tiene que alojar a internos con antecedentes violentos. Si esos individuos -cuya agresividad aumenta en el contexto del encierro- no deberían trasladarse a instituciones con regímenes más adecuados que minimicen los riesgos de daños a terceros y a la propia integridad. Si estas consideraciones no colisionan con la nueva normativa que ordena no trasladar a otras provincias a los condenados que residen en la nuestra.
Aunque quizás, la pregunta de fondo siga siendo la que cada vez más personas, tanto en nuestro país como en todo el mundo, se formulan: ¿sirve la prisión para combatir el delito? "A la cárcel entran ladrones de billeteras y salen piratas del asfalto", sostienen y no sin razón juristas y estudiosos que conocen en profundidad el tema y no hablan por boca de ganso. Lo cierto es que las cárceles están repletas de pobres, y son muy pero muy pocos los adinerados que entran en ellas.