Muerto tras las rejas

Es casi seguro que muy pocos llorarán la muerte de José Luis “Monedita” Llorens Godoy ocurrida en un sórdido calabozo policial. Su joven vida solo conoció la violencia, la marginalidad y la delincuencia. Que haya terminado sus días golpeado por otro interno no es un asunto que vaya a conmover a la sociedad. Pero así y todo el Estado tiene una responsabilidad ineludible. Porque hasta los presos -aunque muchos se enfurezcan o miren para otro lado- son ciudadanos y sujetos de derecho.
Los rumores hablan de una vieja “deuda” entre los dos reos, aunque el homicidio aparece como una moneda de pago excesiva. Es ahora tarea de la Justicia descifrar lo sucedido, y no solo lo que concierne a las circunstancias inmediatas. No es el primer muerto que aparece en una sede policial pampeana. Tampoco el hecho de que se orienten las imputaciones hacia otros detenidos cuando, en realidad, había uniformados implicados. Esas dudas deben ser despejadas por una investigación expeditiva que arroje luz sobre este oscuro episodio.
Otro condimento aparece en este homicidio: la sobrepoblación carcelaria a causa del incumplimiento del Servicio Penitenciario Federal de un acuerdo con el Estado pampeano que construyó pabellones, aportando la inversión, para alojar a condenados locales en la Colonia Penal. Dos jueces detectaron que esas instalaciones están ocupadas por internos foráneos lo cual implica un doble perjuicio para La Pampa.
Las alcaidías y muchas comisarías de la provincia están sobresaturadas de detenidos, y entre ellos hay no pocos condenados como es el caso que hoy nos ocupa. Esa irregularidad severa no justifica un homicidio, desde luego, pero implica una gran cuota de responsabilidad del Estado a la hora de velar por la seguridad de quienes están bajo su tutela.
La Constitución es muy clara cuando establece que la cárcel no es un lugar de “castigo”. La mayoría de los que caen en ella -varones, jóvenes y pobres- ya bastante fueron castigados en su vida previa a la caída tras las rejas.

Simulacro de Justicia
El nuevo juicio que tiene lugar contra Milagro Sala no hace más que confirmar que la Justicia es un bien escaso en tierras jujeñas. El armado de causas, la manipulación del aparato judicial, el abuso de la prisión preventiva, el soborno a testigos, el desconocimiento de resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el hostigamiento a la acusada hablan de una provincia en donde el Poder Ejecutivo ejerce la suma del poder público y ya no rige el estado de derecho.
Las nuevas arbitrariedades conocidas superan en mucho las anteriores. La magistrada que preside el nuevo juicio fue “bochada” no una sino dos veces en el concurso para ocupar un cargo en el Tribunal Oral Criminal que está juzgando a Sala. Se trata de una jueza correccional que pretendió pasar al fuero penal y fue reprobada por el tribunal que la evaluó. A pesar de semejante bochorno fue designada como subrogante por vía administrativa en una maniobra que desnuda la actuación en las sombras del gobernador provincial.
No es el único escándalo. Un diario provincial reveló que el TOC plagió un fallo de la Cámara de Casación Penal de la CABA, cuando resolvió no hacer lugar a una presentación de la defensa. No fue una cita con mención de la fuente sino un inusitado “copiar y pegar” para reproducir textualmente párrafos enteros del tribunal porteño. Además, demostrando que la imparcialidad no es una virtud que las desvele, las juezas jujeñas procedieron a rechazar casi toda la prueba testimonial, documental y pericial presentada por los abogados defensores.
En Jujuy no hay una Justicia con jueces idóneos e independientes para juzgar a Milagro Sala sino un tribunal de la inquisición. Su objetivo no es investigar con rigor y conforme a derecho, sino perseguir y a una dirigente y disciplinar a la clase social que representa.