“Musulmanes, no terroristas”

Los padres de los dos hermanos detenidos ayer en Buenos Aires no podían dar crédito de lo que les estaba sucediendo. El aparato represivo del Estado se descargó contra ellos por una denuncia anónima, terminaron acusados de “terroristas” y para peor el juez negó el pedido de excarcelación.
Todo comenzó con un fuerte olor a operación de un servicio de inteligencia: un correo electrónico anónimo enviado a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) con una denuncia sin ninguna precisión acusando a “alguien que con su hermano viajan seguido al Líbano y son de Hezbollah”. Con esa “prueba” un abogado de la entidad judía se presentó a la Justicia y allí la maquinaria de (in)seguridad procedió a apresar a los muchachos ante la desesperación de sus padres.
La familia es practicante de la religión musulmana y tiene familiares en El Líbano y Siria, de ahí los viajes que tanto preocupan a la “inteligencia” argentina. “Somos musulmanes, no terroristas”, dijeron los padres de los muchachos, en tanto el abogado defensor de la familia no pudo ocultar su indignación cuando señaló lo disparatado del operativo y del encarcelamiento de los jóvenes.
Horas antes de este apresamiento se había producido en Buenos Aires un par de atentados con explosivos que si llamaron la atención fue por su alto nivel de improvisación y por la precariedad de medios empleados. En el que tuvo lugar en la casa del juez Claudio Bonadío atraparon de inmediato y con una gran facilidad al responsable; en el que se llevó a cabo en el cementerio de Recoleta fue la propia perpetradora la única víctima. Semejante nivel de chapucería no impidió que desde las máximas autoridades del gobierno y sus círculos afines lanzaran advertencias como si el país se encontrara bajo fuego de una potencia extranjera.
La proximidad de la cumbre del G-20 parece haber dado permiso al gobierno para ensayar una suerte de alerta roja. El colmo del extravío llegó ayer cuando la ministra de Seguridad poco menos que echó a los porteños de la Capital Federal. Les pidió que se vayan de su ciudad los días de la reunión internacional para que no padezcan las medidas de seguridad dispuestas.
En lugar de transmitir aplomo y solvencia el gobierno muestra un frenesí de sobreactuación que altera en lugar de tranquilizar. Pareciera que en lugar de contribuir a generar un clima de seguridad el propósito fuera el opuesto. Para colmo, una noticia proveniente de Tucumán, deja a los argentinos más alterados todavía. En aquella provincia, un policía federal asesinó a una persona con un disparo en el cuello porque “pensó” que estaba robando una motocicleta. La fuerza alegó que la víctima iba armada y desoyó la voz de alto, pero las cámaras de seguridad desbarataron la mentira y dejaron ver que se trató de otro caso Chocobar.
Todos estos casos no hacen más que confirmar que el concepto de seguridad que pregona la ministra y su gobierno no tiene como objetivo garantizar la tranquilidad de la población sino de un proyecto político cada vez más alejado de las necesidades populares.