Nada nuevo

Los pampeanos pudieron leer ayer en este diario expresiones de uno de los más destacados juristas mendocinos en materia de derecho ambiental con relación al conflicto por el río Atuel. Entrevistado por un medio cuyano, el especialista anunció su postulación como “amicus curiae” en el juicio que se está tramitando ante la Corte Suprema de Justicia y dijo que presentará ante el tribunal una propuesta para “solucionar este problema”: realizar un trasvase de caudales del río Grande al Atuel. En tanto, en otro medio, el especialista arremetió con una vieja tesis -hace tiempo desenmascarada- al sostener que el Atuel “nunca fue río en territorio pampeano”.
Las dos expresiones conforman una verdadera clase magistral para los pampeanos pues ilustran acabadamente sobre el modo de argumentar de la intelligentzia cuyana a la hora de defender el corte unilateral de un río. Si alguien esperaba refinamiento o sutileza en estos magos de la retórica se habrá sentido profundamente defraudado. Son las viejas excusas de siempre, refutadas por la historia, la geografía, la biología, la geomorfología tal como lo dijera la CSJ en 1987 cuando estableció sin dudas el carácter interprovincial del Atuel.
Discípulos de los antiguos sofistas, que pretendían anular la realidad con el discurso, estos profesionales del engaño ni siquiera se preocupan por actualizar su batería argumental e insisten con viejas propuestas y tesis distractivas con una finalidad evidente: postergar in eternum toda resolución práctica que implique compartir las aguas del río. En aras de ese objetivo superior proponen un trasvase de caudales complejo y oneroso de imposible cumplimiento en un plazo razonable y vuelven a desempolvar aquella vieja patraña de que el río “nace y muere en Mendoza”.
Nada nuevo bajo el sol.

Testigos oportunos
El jefe de la policía provincial argumentó que la detención de los jóvenes estudiantes universitarios en General Pico obedeció a la denuncia de “una testigo” que los acusó de cometer delitos. No es la primera vez que este tipo de explicaciones aparece en boca de un jefe policial para justificar un procedimiento cuestionado por su arbitrariedad o abusivo nivel de violencia. Pareciera que la fuerza siempre tiene a mano el providencial auxilio de alguien que imputa la comisión de un delito para defender detenciones con aplicación de un maltrato fuera de la ley.
La reacción corporativa no era hasta ahora una marca de identidad en la policía pampeana, si bien nunca está ausente este tipo de desviaciones. Pero comenzó a campear y hacerse más notoria con la actual gestión del Ministerio de Seguridad desde donde baja una nítida línea de defensa de la “mano dura”. Un sector de la sociedad indiferente a los abusos de autoridad y un gobierno nacional que se lanzó a endurecer el perfil represivo de las “fuerzas del orden” parecen amparar esta tendencia que se está consolidando en nuestra por lo general tranquila provincia.
Pero también este negativo proceso que involucra a quienes deben trabajar para reducir la inseguridad ciudadana en lugar de promoverla, genera mucho malestar y saludables reacciones de rechazo como pudo apreciarse en los útimos días con el enérgico repudio de las autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa al “hostigamiento” policial, con la decisión de las víctimas de promover una investigación judicial de lo sucedido y con el rechazo de agrupaciones universitarias y del sindicato que nuclea a los docentes pampeanos. Lo que están señalando estos actores de la sociedad es que la escalada de violencia policial ha llegado a un punto tan preocupante que obliga a los responsables de la fuerza a plantar testigos y apelar a explicaciones muy difíciles de sustentar. ¿No sería más fácil instruir a los uniformados en el respeto a los derechos elementales de las personas?