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Nada raro, todo natural…

En una de sus últimas canciones grabadas, el grupo pampeano Catalinatom reflexiona poéticamente sobre la sorprendente facilidad con que tendemos a naturalizar situaciones que deberían hacernos ruido, cosas que están mal y deberían invitarnos a reacciones pero, en cambio, las incorporamos al paisaje «natural» de nuestro entorno y quedan allí.
Aunque los creadores pampeanos de «Natural» centran su canción en el drama hídrico del oeste pampeano, invitan por extensión al saludable ejercicio de «deconstruir» la realidad y repensarla. Una de esas realidades que deberían hacernos ruido a los pampeanos y a los argentinos es el increíble status de impuesto privatizado que tienen las delegaciones del Registro del Automotor a lo largo y ancho de nuestro país. Naturalizamos hasta el hecho comprobable de que sus beneficiarios están, invariablemente, ligados a la política de turno.
Desde la recuperación democrática en 1983 y mucho más durante la gestión de Carlos Menem, la adjudicación de una delegación del Registro de la Propiedad Automotor fue uno de los favores políticos más codiciados. En Santa Rosa, los titulares de los tres existentes reconocen todos una vinculación política que les permitió, a los dos primeros durante el alfonsinismo y al tercero durante el menemismo, hacerse con uno de los negocios más rentables de la provincia.
Durante la gestión de Alfonsín se repartieron en todo el país con un criterio de «premio» político, unos 150 registros. Menem más que duplicó esa cantidad otorgando a familiares y amigos nada menos que 389 de estas dependencias a lo largo y ancho de todo el país.
No hay que ser contador para estimar el negocio rentable que supone tener de por vida la potestad de cobrar las elevadas tasas de inscripción, formularios y cambio de dominio que cotidianamente se registran. Motos, camiones, camionetas y autos que se inscriben como cero kilómetro pagan decenas de miles de pesos por cabeza para su patentamiento y, algo menos pero compensado por el altísimo número de operaciones, pagan los que hacen cambios de titularidad de vehículos usados.
Lo curioso es que el Estado solo participa en un 15% de lo recaudado. El resto, va en gastos de formularios, chapas, títulos, cédulas, expedientes, etcétera (un 25% aproximadamente), mientras que la mayor parte, el 60%, se la queda el titular del registro de donde debe pagar alquileres, sueldos y demás cuestiones.
Fue De la Rúa, en los últimos meses de su gestión, quien intentó una reforma para parar ese negocio de la política. Ideó un sistema de concursos donde los tribunales que decidieran estarían integrados por representantes de las federaciones de abogados, escribanos y contadores. Pero nunca se puso en práctica.
En estos años de gobierno de Cambiemos, la coalición que vino, si se cree su discurso de campaña, a cambiar las prácticas partidarias, se podría haber esperado un comportamiento distinto al que ha exhibido casi sin distinción la clase política en relación al reparto de los registros.
Pero, como en tantas otras cosas, Cambiemos, en este tema es solo una fachada destinada a captar votos con promesas de transparencia y meritocracia que no se cumplen. Lo vimos recientemente con el nombramiento de una hija del Colo Mac Allister en el organismo que dirige en la Ciudad de Buenos Aires el hermano del diputado Maquieyra. Ahora, el socio y ex esposo de la candidata a diputada en la misma lista de Maquieyra ha sido elegido para ser el feliz poseedor del nuevo tercer registro del automotor en General Pico. La candidata ha salido a decir por estos días que «no hay nada raro» en esa adjudicación que premia al padre de sus hijos con semejante gabela. En realidad, leída en clave «catalinatom», lo que quiere la dirigente es que naturalicemos que los negocios de la política siguen sin cambios, pese a todo lo que prometieron.