No es cosa del pasado

No es solo una discusión retórica o una cuestión que involucra únicamente a los organismos defensores de derechos humanos. No es un mero ejercicio historicista para detenerse en el pasado. Todo lo contrario, es un debate de urgente actualidad que la sociedad argentina se merece dar porque tiene vigencia y porque involucra políticas de Estado.
Las recientes declaraciones periodísticas del Presidente de la Nación calificando de “guerra sucia” lo que en verdad fue “terrorismo de Estado”, en referencia al accionar de la última dictadura militar, fueron cuestionadas enérgicamente por todas las entidades comprometidas en la defensa de los derechos humanos. Todas ellas, sin excepción, le remarcaron al jefe de gobierno lo inapropiado de sus expresiones pues en la Argentina no hubo una “guerra”, no hubo dos fuerzas armadas equivalentes enfrentadas, sino un criminal ejercicio del poder desde el Estado descargándose contra una ciudadanía inerme. La dictadura desplegó las más atroces metodologías de represión, tortura, asesinatos, desaparición de personas, robos de bebés, etcétera, a escala nunca vista en la historia nacional. Uno de los más lúcidos, y conocidos, dirigentes de las ONGs le preguntó al jefe de gobierno y a los funcionarios que salieron en su defensa si acaso las mujeres embarazadas y sus bebés pueden considerarse combatientes de una guerra.
El gobierno nacional, en lugar de reconocer el error y proceder a enmendarlo, se atrincheró en su postura y continuó insistiendo con el uso del término “guerra sucia”. Es notable que el macrismo, que se ufana de “reconocer errores” y de “cambiar de rumbo” cuando se los señalan, persistió sin atender razones en su cerrada posición.
Como se dijo, ésta no es solo una discusión sobre el pasado; tiene implicancias directas en el presente. Apenas horas después de ese cruce, un represor pampeano detenido y juzgado en Córdoba por delitos de lesa humanidad cometidos en uno de los centros clandestinos de detención más tenebrosos de la dictadura, también habló de “guerra” y demandó un trato de combatiente de un conflicto bélico. “Peleamos legalmente una guerra. No somos genocidas. Yo maté en combate defendiendo a mis subalternos”, dijo apelando a argumentos que le sirvió en bandeja nada menos que el gobierno nacional. Sus compañeros de prisión, tan involucrados como él en la comisión de delitos aberrantes, apelaron, cada cual con sus propias palabras, a la misma matriz defensiva ante el tribunal.
Pero hay otra faceta tan preocupante como la anterior y es la tendencia que vienen mostrando no pocos tribunales del país de otorgar a los genocidas ya condenados o procesados el beneficio de la prisión domiciliaria. Esta predisposición que hoy manifiestan muchos jueces no es ajena a los nuevos aires que campean en la política argentina. Con el cambio de gobierno cambió también la mirada sobre los derechos humanos, sobre el pasado pero también sobre el presente. Se han multiplicado y hecho más visibles las presiones de sectores reaccionarios en favor de liberar a los genocidas pero también de frenar los juicios que todavía quedan pendientes en muchos tribunales del país. Los más enardecidos no se privan incluso de promover un nuevo punto final y una nueva anmistía a los condenados por las atrocidades cometidas durante la dictadura. No son voces aisladas; uno de los más grandes medios de comunicación del país, conocido por su ideología conservadora, viene batiendo el parche en favor de esas exigencias.
El gobierno nacional, en lugar de plantarse y rechazar con firmeza la pretensión de hacer retroceder la historia política y jurídica de nuestro país, no hace más que dar señales confusas. Como si careciera de convicciones en una materia tan trascendente y tan sensible para los argentinos.

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