No es vinculante pero es malo desentenderse

Señor Director:
Al trascender el pronunciamiento de un grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención de Milagro Sala, en Jujuy, la primera manifestación de un miembro del gobierno nacional consistió en decir que estas decisiones “no son vinculantes”, o sea que no obligan al gobierno nacional que es quien resulta interpelado por este hecho.
Todos los que siguen el acontecer internacional y, en particular, las decisiones de la ONU, saben que este tipo de pronunciamiento no es de cumplimiento obligatorio. La Argentina ha participado de la creación de las Naciones Unidas y ha expresado su asentimiento a la constitución de organismos y grupos de trabajo. La Argentina viene haciendo presentaciones anuales por la soberanía de las islas Malvinas y ha obtenido pronunciamientos ampliamente mayoritarios, no ya de un grupo de trabajo sino de la asamblea general, a pesar de lo cual el Reino Unido ha seguido adelante con su ocupación de las islas y con la ostentación de su capacidad militar.
Es cosa bien sabida que las Naciones Unidas no son plenamente un gobierno mundial desde que los miembros permanentes del consejo de seguridad se reservaron y conservan su poder de veto, que incluso utilizan cuando lo que anulan ha tenido una aplastante mayoría, como sucede año tras año con Malvinas. Sin embargo, los pronunciamientos de los organismos de las Naciones Unidas han logrado una alta jerarquía moral y las decisiones no vetadas, así como los fallos de sus organismos de justicia, obligan a las naciones miembros. De hecho, la ONU es el más avanzado ensayo de gobierno mundial que han podido darse las naciones soberanas. Y lo han podido porque lo necesitan
El caso Milagro Sala fue llevado hasta esa instancia internacional ante la prolongación indefinida de la situación de la líder de Tupac Amaru, tanto porque la justicia de Jujuy ha actuado de conformidad con la voluntad del ejecutivo provincial, como porque los poderes nacionales, que no deberían desentenderse de estos problemas, se han abstenido de intervenir de manera eficaz, si es que han iniciado alguna acción.
Las entidades iniciadoras de este caso en la ONU gozan de reconocimiento y valoración, tanto Amnistía Internacional, como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y Andhes. Estas tres entidades, luego de fracasar los reclamos locales, acudieron a las Naciones Unidas en febrero de este año. El grupo de trabajo de la ONU se tomó ocho meses para estudiar la presentación, y concluye diciendo que la prisión es arbitraria, puesto que hubo un entramado de acusaciones consecutivas y el inicio de causas judiciales para sostener la privación de la libertad de Milagro “de manera indefinida en el tiempo”. Agrega que en el caso se vulnera la independencia judicial, por todo lo cual la larga detención de esta mujer “es arbitraria”. Pide su inmediata liberación y que, además, se investigue la violación de sus derechos y que se diga cómo el Estado (argentino) puede asegurar que estos hechos no se volverán a repetir.
La respuesta que se reclama debe ser dada por el gobierno nacional, puesto que es el que tiene la representación de la nación Argentina ante las Naciones Unidas.
Al margen de las expresiones del ejecutivo jujeño y de la justicia provincial, no ha habido intento válido para justificar que Milagro Sala haya sido detenida sin formación de causa ni tener, por ese motivo, posibilidad alguna de ejercitar el derecho de defensa. El CELS ha estado en Jujuy y ha entrevistado a Milagro, luego de lo cual ha estimado que esta prisión es arbitraria y se origina en motivos políticos impresentables. Lo que no se puede entender, con buenas razones, es que el gobierno nacional deje hacer. El caso ha trascendido del ámbito local y atrae la atención mundial. El gobierno nacional ha dicho su interés y necesidad de tener buena opinión en países que podrían ser inversionistas.
Atentamente:
Jotavé

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