No tanta igualdad

El artículo 16 de la Constitución Nacional expresa que “todos los habitantes” de este país “son iguales ante la ley”. Es un principio que figura también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos sancionada en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas. Con frecuencia este concepto es citado en discursos y proclamas oficiales como uno de los rasgos distintivos de las democracias. Pero a pesar de tanta prensa y tanta pompa, en el terreno de los hechos concretos está muy lejos de ser alcanzado por el común de las personas.
Días atrás citábamos el calvario que atravesó Sergio García, el joven que debió esperar siete años, desde que quedó postrado en una silla de ruedas, para cobrar la indemnización que por ley le correspondía. Aunque se trata de un caso muy diferente, el tiempo que debieron aguardar los trabajadores de LU33 Emisora Pampeana fue todavía mayor: ocho años. Las maniobras dilatorias del ex titular de la radio, toleradas por la pasividad de la burocracia judicial, permitieron semejante ruindad. Las condiciones económicas de las partes eran infinitamente desiguales, con lo cual la prolongada espera fue ganancia para el empresario y perjuicio para los trabajadores. Y este es el punto central de la cuestión. Si el aparato judicial actúa con indiferencia ante estos profundos desequilibrios, si se permite semejante morosidad para llegar a una sentencia final seguirá estando muy lejos de alcanzar eso que se llama Justicia.
Desde luego, no es función de los tribunales solucionar las desigualdades socioeconómicas propias del sistema capitalista en el que vivimos, pero si proceden con total prescindencia de esa realidad no podrán presumir que le están dando “a cada uno lo suyo” y que respetan la máxima constitucional que habla de “igualdad ante la ley”.