No hay mal que por bien no venga

Era esperable y esta columna lo había anticipado: el juicio político por el desastre del Megaestadio está sacando a la luz todas las groseras irregularidades que se cometieron desde el comienzo mismo de esa obra. Si bien el proceso que se inició por pedido de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y está llevando adelante la Legislatura, apunta en soledad, por ahora, al actual ministro de Obras Públicas, las declaraciones que se están escuchando en el seno de la sala acusadora, revelan sin lugar a dudas que los errores más exorbitantes se cometieron en el comienzo mismo de la obra, durante la administración vernista. Es así que -se reitera lo dicho aquí en anteriores oportunidades- el actual funcionario contra quien está dirigido el proceso, está muy lejos de ser el principal responsable de todas las calamidades cometidas.
Un condimento siempre presente en los últimos años comenzó a tallar fuerte en el actual desarrollo del juicio político: la interna en el Partido Justicialista. Y a tal punto es así que el mismo gobernador, una persona por lo general moderada y que no suele apelar a declaraciones de tono encendido, salió públicamente a hablar en una forma muy poco habitual en él. Lo que dijo no fue menor: que el proceso licitatorio estuvo plagado de irregularidades, que se llevó a cabo sin un proyecto y que hubo errores de cálculo siderales. En verdad no son problemas desconocidos, pero que ahora sea el propio gobernador el que lo señale puede empezar a cambiar el rumbo de los acontecimientos. Sobre todo porque el mandatario también expresó, con todas las letras, que la adjudicación a la empresa constructora fue efectuada "ilegalmente" en virtud de la ausencia de antecedentes en obras de similar magnitud. A estas declaraciones se sumaron las del intendente de Toay, un hombre del entorno más cercano al jefe de gobierno, quien reconoció que el mandatario está analizando acudir a la Justicia para seguir en ese ámbito la cuestión.
En este ambiente caldeado por las fuertes disputas internas en el seno del PJ, no pasó desapercibida la escasa asistencia del sector vernista, que se reunió en Santa Isabel con su líder, en la celebración del Día de la Lealtad -jornada muy cara al justicialismo- llevada a cabo en esta capital con la presencia de marinistas y jorgistas.
Desde el campo de la oposición política, no perdieron tiempo en reprochar al oficialismo lo que resulta evidente: por qué recién ahora el gobernador y su ministro en el banquillo se acordaron de hablar de todas las irregularidades de la megaobra que languidece a orillas de la laguna Don Tomás. La pregunta es pertinente porque apunta al corazón del sistema: los funcionarios públicos, de cualquier rango, están legalmente obligados a denunciar todo acto reñido con la ley del que tomen conocimiento. Es muy difícil alegar que los actuales funcionarios desconocieran lo que sucedió durante la administración vernista, responsable directa de la licitación y comienzo de la obra. Es evidente que se impuso en este caso, como en tantos otros, la ley no escrita de la "lealtad" interna que funciona, invariablemente, como pacto de silencio entre los gobiernos del mismo signo político. Y como en La Pampa el PJ viene gobernando ininterrumpidamente desde hace 31 años, "las cosas son así, Mafalda", según decía la inmortal historieta de Quino.
En buena hora entonces este juicio político y esta interna que a veces alcanza niveles despiadados en el seno del PJ, porque permite que la sociedad pampeana conozca con mayor precisión las graves irregularidades -y todo indica que también actos ilegales- que dieron origen al engendro del Megaestadio. Y todavía más: que ahora desde el mismo Tribunal de Cuentas se admita que el 80 por ciento de la obra pública pampeana se viene realizando sin proyecto ejecutivo. Un verdadero dislate reñido con la Ley de Obras Públicas.