Nombre que oculta y pide por impunidad

En la semana este diario publicó sobre la aparición pública de una nueva organización cuyo nombre y objetivos llamó la atención por sus contrasentidos. Familiares de represores pampeanos condenados y procesados por secuestros y torturas durante la dictadura militar conformaron la agrupación “Hijos y Nietos de Presos Políticos”, una célula local de una red nacional.
A comienzos de noviembre, sus integrantes tuvieron su primera participación en un acto público en la Ciudad de Buenos Aires cuando fueron a reclamar, con algunos otros miembros de otros puntos del país, frente a los tribunales porteños para que sus parientes sean liberados. Además, entregaron, en nombre de los detenidos en la Unidad Penal 4, una carta a los obispos que se reunieron en la Conferencia Episcopal Argentina con el mismo pedido.
La denominación elegida por los familiares para su agrupación llama a confusión, y tal vez por eso ha sido elegida para referenciarse. Además de indignar a quienes han llevado adelante la lucha por las víctimas del terrorismo de Estado en la provincia y en el país. Por un lado, utilizan el nombre de “hijos” y “nietos”, que fueron adoptados históricamente por las agrupaciones de derechos humanos que reclaman por sus padres, madres y abuelos desaparecidos durante la dictadura militar. Denominaciones cargadas de un valor simbólico, emotivo y testimonial.
Pero además la segunda parte del nombre es mucho más concreta, ambigua y equívoca. Llama “presos políticos” a los represores de todas las fuerzas de seguridad condenados en democracia por aberrantes delitos de lesa humanidad que han sido encarcelados en la última década cuando se retomaron los juicios por esos crímenes. Consideran a sus parientes presos como “perseguidos” por el gobierno nacional ante la apertura de la instancia judicial en las que quedaron demostrados los secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones en todo el ámbito nacional que los tuvo como perpetradores. Afirman que ellos han sido injustamente encarcelados, que sufren en el régimen penitenciario y que son juzgados por jueces y fiscales que responden a una suerte de “venganza” llevada adelante por las autoridades nacionales. Esta argumentación falaz se puede observar en los distintos sitios de Internet y redes sociales en los cuáles se vinculan los familiares donde hay ataques contra la presidenta en los que hasta piden por su vida.
El término “preso político” fue utilizado para aquellos detenidos en los años setenta por parte de las Fuerzas Armadas, y también por la actuación de otras instancias, que involucraron a todos aquellos que consideraban “subversivos”. Sus víctimas estuvieron representadas por un abanico tan amplio que iba desde aquellos que militaban en organizaciones armadas hasta quienes habían adherido en algún momento a determinada causa social. Muchos fueron desaparecidos y los menos “blanqueados” en una causa judicial y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en distintos penales.
A diferencia de quienes padecieron el terrorismo de Estado, los represores que se consideran “presos políticos” tienen todas las garantías constitucionales y el derecho a un juicio justo, instancias de las que no gozaron sus víctimas. Además, esa caracterización de “político” nada tiene que ver con causas en las que hay delitos comprobados y en las que ellos actuaron en nombre del Estado terrorista. Por otra parte, y contra la caracterización de la actual etapa democrática como un “régimen autoritario” -que sí instauraron y defendieron estos represores- sus familiares pueden expresarse públicamente y reclamar por lo que consideran para ellos una situación supuestamente injusta.
Si uno observa además las redes sociales en las que interactúan, se pueden ver además pedidos en los que se utilizan palabras como “paz”, “reconciliación”, “legalidad” o “memoria”, las que son utilizadas desde el punto de vista ideológico de esos grupos. Es un reclamo para que se produzca un nuevo “punto final” que termine con todas las causas por delitos de lesa humanidad y deje libre a los condenados en pos de una mal denominada “pacificación”, que es en sí una reivindicación por promover el olvido sobre lo ocurrido en esos años y por impunidad hacia aquellos que cometieron esos delitos.