Nueva versión de una vieja pelea

El pedido del gobierno nacional a las provincias para que dejen de cobrar impuestos a los servicios públicos después del último tarifazo no es otra cosa que una operación que busca sacar rédito a dos puntas.
Por una parte, volvió a mostrar la velocidad de reflejos del macrismo para moverse en el terreno del marketing político. Ante el gran enojo que en amplios sectores de la sociedad causaron los tarifazos y el aumento imparable en el precio de los combustibles, el gobierno no tuvo mejor idea que desviar la atención hacia los gobernadores para que estos "compartan" el costo político de un programa económico que castiga sin piedad.
Y por otra, intentó desviar el eje del debate hacia otro terreno -el fiscal- con el propósito de ocultar una arista fundamental del entramado tarifario: las siderales ganancias que están beneficiando a las grandes compañías gasíferas y eléctricas -generadoras y distribuidoras- cuyos dueños son conocidos empresarios estrechamente ligados al gobierno y al propio presidente.
La puesta en escena se completó con la inmediata reacción de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires quien, sin demora, anunció ante las oportunas cámaras televisivas la eliminación de impuestos provinciales en las facturas del gas, la electricidad y el agua. Otros gobernadores se manifestaron, pero para decir -al menos por ahora- que no seguirán el mismo camino pues tienen mucho menos espalda que su colega bonaerense recientemente beneficiada con un incremento astronómico de los fondos que le aporta Nación, a expensas, claro está, del resto de las jurisdicciones.
En lo que concierne a La Pampa, tanto desde el Centro Cívico como desde la Fepamco advirtieron que el peso de los impuestos provinciales en las tarifas es despreciable: solo Ingresos Brutos -con una alícuota menor al de muchas otras provincias- y la tasa de capitalización de las cooperativas. Este último rubro está lejos de poder ser considerado un impuesto ya que está destinado a capitalizar a las entidades solidarias a fin de mejorar la prestación de los servicios; algo así como las "inversiones" que las grandes sociedades anónimas siempre esquivan con el propósito de engordar los bolsillos de sus propietarios.
Que el Estado recaude menos impuestos no le importa demasiado al macrismo porque decidió financiarse mediante la acumulación abusiva de deuda externa. De hecho, desde que asumió no dejó de bajar tributos a los sectores más poderosos: retenciones a las exportaciones, bienes personales, artículos suntuarios, etc. Sin embargo, al exigirle ese mismo comportamiento a las provincias lo que hace es tratar de volverlas más vulnerables todavía y más necesitadas del auxilio de los recursos de Nación. De tal modo, busca agigantar las ya notables asimetrías con el debilitamiento de los estados provinciales frente a la Capital Federal.
En fin, no es otra cosa que una "rentrée" de la confrontación decimonónica entre el puerto y las provincias, esta vez ambientada en la atmósfera neoliberal que ha descendido nuevamente sobre el país de la mano del macrismo y sus socios políticos.