Obra pública: menos denuncias mediáticas y más investigación

Mientras Cambiemos impulsa denuncias mediáticas, el FPV presentó en el Congreso un proyecto para auditar toda la obra pública realizada durante el kirchnerismo y la creación de una bicameral que actúe como órgano de contralor del actual y de futuros gobiernos.
LAURA MANFREDI *
El diputado nacional del Frente para la Victoria, Adrián Eduardo Grana, propuso que se cree la Comisión Bicameral Permanente de Auditoría de la Obra Pública Ejecutada con Fondos del Estado Nacional. El proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Diputados y su principal objetivo, según explicó el propio Grana, es que "exista una comisión que pueda mostrarle a todos los argentinos la verdad". La ley permitiría, por un lado, que se realice una auditoría de la obra pública ejecutada durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández y, por el otro, que se transforme en una comisión permanente para auditar a todos los gobiernos que se sucedan presentando un informe anual sobre las obras llevadas adelante en cada gestión.
La Comisión estaría integrada por diez diputados y diez senadores, respetando la proporcionalidad de los bloques políticos en cada Cámara, y permitiría que aquellos bloques que no queden representados nombren a dos veedores para poder participar de la Comisión y su control. El proyecto propone auditar los últimos 12 años de gestión y profundizar las investigaciones sobre las denuncias instaladas en los grandes medios de comunicación que no logran salir del ámbito mediático para poder verificar qué pasó efectivamente.

 

Los números.
Luego de la presentación del proyecto, se realizó una conferencia de prensa en la que los legisladores del bloque kirchnerista expusieron las cifras que se vinculan a su gestión. El diputado Grana dijo a Nuestras Voces: "Hicimos un trabajo muy fuerte, para desglosar qué fue lo ejecutado por Nación y qué por las provincias. Cuáles fueron los rubros en los que se invirtió y cuáles fueron las empresas contratadas. Los números hablan por sí solos". Según el informe, la inversión en obra pública realizada entre el 25 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2015 fue de 107.825 millones de dólares: casi un 600% más de lo invertido durante la década anterior (1990 - 2002).
Además, el informe demuestra que el 56,3% fue ejecutado desde distintas dependencias y organismos del Estado Nacional: alrededor de 336 mil millones de pesos. De aquel total, un 35% se invirtió en obras vinculadas con energía: el gasoducto del Noreste Argentino, las centrales de San Martín y de Vuelta de Obligado, el cruce del estrecho de Magallanes y la elevación a cota definitiva de la represa Yacyretá son algunas de las obras enumeradas.
El rubro de vialidad fue el segundo de mayor inversión: un 17,1% visibilizado en trabajos como la ruta nacional N° 9 Autopista Buenos Aires-Rosario-Córdoba, la ruta nacional 8 Pilar-Pergamino, la ruta nacional 33 Bahía Blanca-Pigüé y la ruta provincial 11 Mar Chiquita-Partido de la Costa, entre otras.
Hídricos, saneamiento y Aysa, con tareas como las plantas de tratamiento de La Matanza, Dock Sud, Fiorito y Lanús, se llevó un casi un 14% del presupuesto destinado a obra pública desde Nación. Hospitales, Plazas y bacheos (12,2%), Comunicaciones y Cultura (7,1%), Financiamientos Externos (6%), Minería (4,4%) y Escuelas y Universidades (3,7%) distribuyen el resto del presupuesto.
El informe contempla también las obras descentralizadas. Es decir, aquellas que fueron ejecutadas por provincias o municipios. Se trata de un total de casi 260.000 millones de pesos invertidos en Viviendas (35,83%), Vialidad (14,76%), Hospitales, Plazas y bacheo (13,16%), Energía (12,37%), Hídricos, saneamiento y AYSA (8,92%), Escuelas y Universidades (2,77%), financiamiento externo (2,38%) y Comunicaciones y Cultura (2,22%).

 

Las empresas.
El informe presentado por el diputado Grana permitió conocer los proveedores contratados por el Estado entre el 2003 y el 2015. "Cuando asumimos existían 12 mil empresas, cuando nos fuimos había más de 24 mil proveedores del Estado. Duplicamos las empresas que accedieron a las obras que financiaba el gobierno nacional. Además, realizamos un ranking de las que más obra pública llevaron adelante y queda más que claro que no había una direccionalidad: nadie puede acusarnos de ser amigos de Techint o Calcaterra. Ganaban porque presentaban las mejores presentaciones de contratos y punto", expresó Grana.
El informe demuestra que el mayor proveedor fue el grupo Techint con menos de un 5% de las obras asignadas. En segundo lugar se encuentra Electroingeniería y en tercer lugar IECSA, perteneciente a Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. La empresa de Cristóbal López se encuentra en el puesto número 13 con menos de un 1% de la inversión a su cargo y la de Lázaro Báez en el puesto número 38 con apenas un 0,30% con un monto 14 veces inferior al recibido por Calcaterra.
El diputado que presentó la iniciativa dijo al respecto: "hay una infinidad de empresas y se ha repartido la obra pública entre muchísimos proveedores y esto es porque se competía: algunos ganaban unas y otros ganaban otras". Y agregó: "por eso, por todos estos números es que presentamos este proyecto de ley. Porque queremos que se realice una investigación que eche luz sobre estas falsas denuncias que hacen desde el partido judicial, desde los puestos mediáticos y desde partidos políticos con ensuciadores como Margarita Stolbizer".

 

El debate.
El proyecto fue presentado el jueves último y aún le falta continuar su recorrido para poder efectivizarse. "Que entre en comisión lo antes posible y que sea dictaminado y sea tratado en el recinto, ése es el objetivo. Lógicamente, no depende solo de la mayoría sino de la voluntad del presidente de la cámara, de acuerdo a los giros que le den a las comisiones en las que entren. Si no hay voluntad política lo van a frenar", expresó Grana.
Además, el diputado del FpV resaltó: "cualquiera que quiera saber la verdad tiene que votar a favor de esta bicameral. Sin embargo, desconfío que el macrismo y el massismo tengan ganas de hacerlo, porque las denuncias de corrupción, son su pantalla para ocultar lo que están haciendo desde el gobierno nacional y para desprestigiar a la figura de Cristina".

 

Denunciadores.
El macrismo junto a los grandes medios de comunicación y funcionarios del Poder Judicial, denunció irregularidades en la ejecución de obra pública durante los últimos 12 años de gestión. Para ello, se basó en un informe realizado sobre la gestión en la provincia de Santa Cruz que contempla menos del 1% de las obras de vialidad realizadas. El período además se encuentra sesgado, ya que analiza las obras realizadas entre los años 2010 y 2015, y en términos territoriales sólo contempla la provincia de Santa Cruz.
Durante la presentación del proyecto, Grana dijo al respecto: "Se vuelve imprescindible este proyecto que estamos impulsando. Porque no es suficiente ni aceptable una auditoría que analiza una centésima parte de las obras públicas de todo nuestro gobierno. Incluso tratándose de un informe sesgado -continuó-, podemos ver que las conclusiones del informe son positivas. Hay una grosera tergiversación entre lo que dice la auditoría y lo que reflejan los medios. Se trata de un simple andamiaje mediático", y denunció el recorte y la manipulación del grupo Clarín, entre otros.

 

El primo presidencial.
El decreto de necesidad y urgencia 797/2016, firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti, habilitó el endeudamiento del Estado Nacional por un monto de 100 mil millones de pesos para financiar diversas obras. De ese total, 45 mil millones serán destinados al soterramiento del ferrocarril Sarmiento, obra que ganaron IECSA, Ghella y Oderbretch y que según el pliego de la licitación debían financiar los mismos proveedores. "Calcaterra con dos empresas más, una italiana y una brasileña, habían ganado la licitación. El proyecto era con financiamiento privado. Sin embargo, a partir del decreto que firmó Michetti pasa a tratarse de una inversión estatal", aclaró Grana. De esta manera, la inversión que debía realizar el primo de Macri en las obras se desplaza a un endeudamiento público para financiarla. "De haberse contemplado desde un principio el financiamiento estatal, muy probablemente otras empresas hubieran deseado presentarse en la licitación", añadió el legislador.

 

Saber la verdad.
El objetivo del proyecto es que se pueda constatar en qué se invierte el dinero público. Investigar, solicitar informes, recibir denuncias, ordenar pericias técnicas, realizar análisis comparativos presupuestarios tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Y sobre todo, proporcionar información respecto a las irregularidades que se encuentren al Ministerio Público, a los tribunales o al área que corresponda, para superar el interesado debate mediático que sin evidencias sólo se transforma en una guerra sucia.

 

* Nuestras Voces.