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Opositores atraviesan un desierto con el anhelo del oasis

DE ILUSION TAMBIEN SE VIVE

Sergio Massa está dispuesto a competir las primarias sólo si Cristina Kirchner resigna su candidatura. Ni Daniel Scioli ni Marcelo Tinelli aceptaron el sondeo de Schiaretti. A Roberto Lavagna los números no le alcanzan para participar de una elección interna y por eso ni siquiera Urtubey le consiente su fantasía imperial.

Por Horacio Verbitsky

El ex intendente de Tigre Sergio Massa está dispuesto a competir en una amplia primaria de la oposición, sólo si Cristina Fernández de Kirchner resigna su postulación a la vicepresidencia. Ese pedido, y la ilusión de que tal cosa sea posible, explican las cavilaciones que lo mantienen a los porrazos contra las paredes de la vía intermedia, entre las fórmulas del Frente Patriótico constituido a partir de Unidad Ciudadana y con la adhesión de casi todos los gobernadores peronistas, y la Alternativa Federal, donde revistan las dos excepciones, Juan Schiaretti y Juan Urtubey.

La letanía presidencial.
Antes, rechazó la candidatura a gobernador bonaerense, con la letanía «Quiero ser presidente», como si no fuera el más joven de los dirigentes en danza ni le sobrara el tiempo. Tampoco le interesa volver a la Cámara de Diputados, lo que le permitiría un cargo relevante en la línea de sucesión presidencial. «Quiero ser presidente», repite ante cada variante. Parecería que, de acordar con los Fernández, temiera la reacción de Graciela Camaño, la disciplinaria del Frente Renovador. Tal vez tenga demasiado presente el sopapo que su madrina le pegó en público a Carlos Kunkel.
«No lo subestimen», advierte ella. «Quiere ser presidente y tiene todo para serlo». Se diría que no en este turno.
Pese a no gobernar ningún territorio, sin causas judiciales ni denuncias mediáticas, entrenado por especialistas para hablar en forma más pausada y pensando lo que se propone comunicar antes de abrir la boca, tiene sin embargo una imagen y una intención de voto en descenso. Acaso se deba a su obediencia al minuto a minuto de las mediciones de rating televisivo. Se le nota demasiado la ansiedad y el zigzagueo, como un globo que se desinfla o un barrilete sin cola.
Las propuestas que recibe desde la otra orilla son risibles. Por un lado, ni Daniel Scioli ni Marcelo Tinelli aceptaron el sondeo de Schiaretti. Por otro, ninguno de ellos agrega demasiado en la escala que demanda la candidatura frentista. La resurrección de Francisco de Narváez sería un milagro para que lo interpreten los teólogos. De Narváez fue quien, en 2002, planteó poner 50 de los 370 millones de dólares que cobró por la venta de Casa Tía, para instalar la candidatura presidencial de Tinelli. Asesores razonables lo convencieron de que mejor probara con Maurizio Macrì, quien prefirió comenzar por una diputación. Los tres se distanciaron por cuestiones que también comprenden la vida privada.
Massa es el único de los cuatro alternativistas que aún no se ha estrechado en un abrazo con el presidente Macrì, quien cuenta con esta etnia peornista para dividir el voto opositor. Esa sería la forma de llegar a un balotaje en el que imagina un nuevo realineamiento del voto antiperonista. O al menos con eludir el fantasma más temido, el de un tercer puesto como en la mayoría de las provincias que ya votaron, y una segunda vuelta sin presencia de Cambiemos y sus candidatxs. Si esa es la apuesta de Macrì, la de Massa sigue siendo que después del paso al costado, Cristina de uno atrás. También podría nevar mañana. Por qué no.

Del oasis al espejismo.
El Frente Patriótico resolvió su fórmula sin conflictos, y los principales dirigentes de La Cámpora ya comenzaron las actividades proselitistas. «Si ella lo perdonó, ¿por qué no habría de hacerlo yo?» es un comentario significativo. Hay sectores que hubieran deseado planteos más netos, pero la candidatura del ex jefe de gabinete no está bajo cuestionamiento ni los desacuerdos del pasado se le han recriminado ahora. «Se hace necesario gobernar el drama con amplitud de ideas y sectores políticos para responder a las necesidades urgentes y el interés nacional, y esto no se hará volviendo al pasado en un mundo que como nosotros es distinto», dijo Cristina en los 12 minutos más sustanciosos que leyó desde que dejó el gobierno.
El resto atraviesa un árido desierto con el anhelo del oasis y la comprobación de que era sólo un espejismo, de efímera subsistencia. Su inocultable motivación es impedir una victoria del kirchnerismo, así sea al costo de la continuidad del neoliberalismo. Cuando se ven los números de Roberto Lavagna, es transparente por qué no desea participar en una elección interna y por qué ni siquiera Urtubey le consiente su fantasía imperial.
Nadie ignora que la primera valla a sortear lleva las iniciales Efe Eme I. Fernández hizo la experiencia cuando era jefe de gabinete de Kirchner. Si bien la economía nunca fue su fuerte, el presidente le dio participación para supervisar a los negociadores, Lavagna y Guilermo Nielsen. En aquel momento, el FMI reclamó la privatización de los Bancos Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires, la actualización de las tarifas de los servicios públicos y las reformas previsional y laboral. Hubo vida después del No emitido como respuesta.
La declaración de Nielsen, de que habrá FMI por ocho años más merecería una clarificación. Nielsen era directivo del frigorífico Swift en 1991, en tiempos de la denuncia contra Emir Yoma ante la embajada de Estados Unidos por el pedido de una coima para autorizar una inversión, y debió dejar el país por dos años a raíz de las represalias prometidas. Si Alberto no es economista, Nielsen no es político. En 2015 fue el candidato del Frente Renovador a la jefatura de gobierno de la Capital, y no llegó al 1% de los votos, una performance digna de Cantinflas.
Nielsen por lo menos ha vuelto a sus zapatos y no irá por otra tunda.

Gente de palabra.
En cuanto se anunció la candidatura presidencial de Alberto Fernández, el duopolio mediático Clarín-La Nación y su operadora judicial, la Coalición Cívica Libertadora, se lanzaron a destrozarlo con entusiasmo. Esto no es sorprendente, porque es lo que hicieron con su candidata a vicepresidente, CFK, desde que asumió el Poder Ejecutivo hace una docena de años y con Amado Boudou en cuanto fue electo vicepresidente. Lo impresionante son los métodos empleados.
El editorialista político de Clarín, Eduardo van der Kooy, tituló su columna «El juicio y el plan de salvataje de Alberto Fernández para Cristina Kirchner. Julio De Vido, Lázaro Báez y José López quedarán librados a su suerte». Su texto afirma que Alberto no asistió a la primera audiencia del juicio Vialidad, en Comodoro Py, para «evitar mezclarse con el núcleo de talibanes K que hicieron el acompañamiento a la ex presidenta. Tampoco hubiera sido el escenario adecuado para un dirigente cuya misión global consiste en ofrecer moderación de la cual carece el kirchnerismo. Alberto F. sólo concurrirá a los tribunales cuando deba testimoniar en favor de Cristina. Aparecer ahora mismo, tal vez, hubiera dañado prematuramente el impacto y la expectativa que produjeron su designación». Su regreso desde Santa Cruz en horas de la mañana «no sonó a justificación creíble».
Esa construcción no tiene una pizca de verdad. Ni el viaje a Santa Cruz ni el acompañamiento a Cristina en la sala de audiencias por dirigentes de organismos de derechos humanos, como Estela Carlotto, y dirigentes políticos como la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, tuvieron que ver con la ausencia de Fernández. Es el Código Procesal Penal de la Nación el que le impidió asistir. Su artículo 384 dice que antes de declarar en el debate «los testigos no podrán comunicarse entre sí ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de los que ocurre en la sala de audiencias».
Quien cumple la misma función que van der Kooy pero en La Nación, Carlos Pagni, escribió no uno sino dos editoriales en los que afirma que el candidato es el abogado defensor de Cristóbal López. Tampoco eso es cierto. Quien asiste en los asuntos civiles, no penales, al empresario (detenido por una causa impositiva y con la esperanza de despojarlo de la señal de cable C5N), es el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández, no Alberto. Pagni es un intelectual conservador de razonable formación histórica y la mejor pluma del diario que lo contrató luego de la dispersión de los periodistas de Ámbito Financiero a la muerte de Julio Ramos, de modo que es difícil atribuir a un error que repita un infundio lanzado desde Clarín por su subeditor general, Ricardo Roa, uno de los menos interesados en escuchar la advertencia de Alberto, que los considera como la patrulla perdida de una guerra que alguien debería informarles que terminó.
Si en algo ha mostrado virtuosismo el gobierno del presidente Maurizio Macrì, en sus discursos, su propaganda y la de sus aliados es en la tergiversación aleve de los datos de la realidad. Esto le ha permitido en tres años bajar la inflación al doble y aumentar la inversión a la mitad.
En el Foro Argentina Exporta, Macrì acaba de decir que «durante muchos años nuestro país le dio la espalda al mundo y a los que querían crecer», por lo que «fuimos perdiendo mercados, inversiones, capacidad, y eso contribuyó a la inestabilidad macroeconómica que hasta hoy pone trabas a nuestro crecimiento». Pero «por suerte cambiamos y la Argentina nunca tuvo tanto impulso exportador como ahora». En 2011, la Argentina exportó 80.000 millones de dólares y en 2015 luego de la crisis internacional, cayó a 60.000. En 2018 apenas superó esa línea con 61.000 millones, pero con un descenso en las cantidades exportadas. Recién el mes pasado el superávit comercial del primer cuatrimestre superó al del primer cuatrimestre de 2012, siete años antes.

Hasta la gobernadora bonaerense le clavó los ojos con un deliberado gesto de asombro, cuando en otro acto, Macrì dijo que no tenía sentido entregar computadoras si no había conexión a Internet y lo comparó con «regalar asado a quien no tiene parrilla».
El gesto del Hada Buena parecía copiado de los de su extraordinaria imitadora, Luana Pascual o la Loba. La naturaleza imita al arte. Un ataque de trolls oficiales le bloqueó su cuenta en Twitter. Una pintada bonaerense de Cambiemos afirmó que la fórmula Fernández-Fernández era Volver al Pasado y una mano anónima le tachó la P.
El jueves por la noche, en el programa que el propio van der Kooy tiene en una señal de cable del Grupo Clarín, se afirmó que el gobierno de CFK había gastado 12.000 millones de dólares al año en la importación de combustibles. El Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) le respondió pocas horas después con los datos oficiales que Gustavo Lopetegui presentó en Washington: «Apenas en un solo año de la etapa 2003 y 2015 alcanzó (superó) dicho monto, pero en materia de importaciones energéticas totales. Respecto de la balanza comercial, el kirchnerismo dejó más bien una significativa reducción del déficit (33%), y una incontrastable disminución de las importaciones energéticas (45%) en sus últimos tres años». Por el contrario, según la misma fuente, «las importaciones totales de energía se incrementaron 33% entre 2016 y 2018». El saldo se redujo ostensiblemente, por la duplicación de las exportaciones de excedentes artificiales, esto es, basados en «la caída del consumo de los servicios públicos de gas y electricidad debida a la brutal recesión económica, la masiva desindustrialización y el tarifazo».

Perder el juicio.
La primera sesión del debate oral en la causa Vialidad, mostró una actitud inflexible del juez Jorge Gorini, quien le cerró el micrófono al abogado defensor de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, y en forma nerviosa y autoritaria lo hizo callar y rechazó su reposición sin consultar con los otros dos miembros del TOF 2. Rusconi quería plantear cuestiones previas a la lectura de la acusación del Ministerio Público Fiscal, que a su juicio eran causales de nulidad, porque incluía pruebas negadas a su cliente para defenderse y que no podrían repetirse después.
Gorini parecía consciente de que, si Rusconi se hacía escuchar, sería muy difícil no suspender el debate hasta que esas pruebas no se adquirieran. La oralidad, aún distorsionada como en el código vigente, ya que los fiscales pasan horas leyendo en forma monótona, como un rezo laico, centenares de fojas que constan de números de leyes y sus artículos, tiene la ventaja de que todo queda a la vista. De 51 obras construidas en Santa Cruz por Lázaro Báez, el juez de instrucción Julián Ercolini decidió no peritar ninguna. El TOF 2 ordenó auditar 5, y sólo terminó 1, en la que no se comprobaron demoras, sobreprecios ni defectos constructivos. El viernes, Cristina recusó al perito de la Corte Suprema, ingeniero Eloy Pablo Bona, por la catarata de declaraciones públicas que suscribió, insultantes hacia ella, sus hijos y hasta su nieto Néstor Iván, de 6 años.
La actitud hostil del Tribunal hacia Cristina se manifiesta en grandes y pequeños detalles. Ante su decisión de no asistir a las siguientes audiencias del debate, el TOF 2 lo condicionó a que justificara la superposición con funciones de labor parlamentaria en el Senado. Los testigos tienen obligación de asistir cuando se los cita. En cambio, la presencia es un derecho que los imputados pueden ejercer, o no, para su defensa. Lo que busca garantizar es que el acusado conozca en detalle y antes del comienzo del debate aquello de lo que se lo acusa. La abogada Fernández de Kirchner no necesita la inmediatez de la audiencia para ello, ya que su defensor le informará y hasta le entregará un video en soporte magnético para que lo vea, tal como hace la jueza suplente, Adriana Paliotti, que tampoco asiste. Tanto Paliotti, como Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu dieron su apoyo a la designación del segundo de Garavano, Santiago Otamendi, como juez del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y del fiscal del juicio de Vialidad, Ignacio Mahiques, como fiscal general. Es decir que en el TOF 2, antes de que comience del partido, Cristina va perdiendo por goleada ante Angelici y los suyos.
Es clara la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos: la persona imputada tiene derecho a una comunicación previa y detallada de la acusación, para preparar su defensa. Debe ser completa, expresar con claridad las razones y los delitos por las cuales se pretende atribuirle responsabilidad. En este caso se violó ese derecho, al segmentar la prueba, ya que sólo se realizó un muestreo parcial de un porcentaje mínimo de las obras ejecutadas.
La Corte Suprema había resuelto abrir las nueve quejas presentadas por las defensas, y llevaba días pasándose la responsabilidad con el TOF 2, en una sofisticada demostración de cobardía institucional. Ambas instancias entendían que el juicio debía suspenderse, pero cada una pretendía que la otra cargara con esa responsabilidad, por temor a los caceroleros enviados por el gobierno a intimidar a sus señorías. Además de ello, el presidente del Colegio de Abogados de la Citi de Buenos Aires, Máximo Fonrouge, al mismo tiempo miembro del directorio del diario La Nación, convocó por medio de la agrupación Será Justicia, a una movilización sobre la Corte Suprema.
Será Justicia es el frente de abogados de PRO. El Colegio de la Citi expresó su rechazo a una providencia simple de la Corte Suprema que solicitó las actuaciones de la causa Vialidad, porque considera que la Corte sólo interviene ante sentencias definitivas. Pero como directivo de La Nación y socio del estudio Cassagne, Fonrouge obtuvo el mismo resultado de la Corte, en la causa donde se discute la situación del diario frente al impuesto al valor agregado, que se resiste a pagar.
En un exceso de optimismo, La Nación dijo que asistieron «cientos de personas» a presionar a los jueces. Las fotografías tomadas desde el Palacio lo ponen en duda. No obstante, Fonrouge las arengó y dijo que Alberto Fernández había emitido un mensaje «amedrentador y cuasi mafioso» contra los jueces. Días antes, Fonrouge había viajado a Nueva York para seducir inversores, en compañía de Micky Vanilla, la última ensoñación de Macrì como compañero de fórmula para la vicepresidencia.

Aprendió derecho o es parcial.
En 2015, el juicio por el encubrimiento del atentado a la DAIA, Gorini no comenzó hasta que la Corte Suprema rechazó los recursos de queja del destituido ex juez Juan Galeano, con el 280 que no aplicó en el caso de Cristina.
Al iniciarse el juicio oral, Gorini procedió a la inversa que ahora: el principal imputado, Carlos Menem, no asistió a la audiencia. Envió un certificado médico que el secretario no pudo descifrar cuando intentó leerlo.
Una vez que abrió el debate e indicó que se leyera la acusación, el defensor de comenzó a plantear cuestiones previas. El abogado de Memoria Activa (una de las organizaciones de familiares de víctimas del atentado), Rodrigo Borda, le solicitó que no lo permitiera, pero Gorini lo dejó seguir. Una vez terminado ese alegato, Borda dejó sentado que el proceder del presidente del tribunal había sido incorrecto y Gorini respondió que no sabía lo que la defensa del juez se proponía decir. Le llevó diez minutos.
Un abogado que asistió a ambas audiencias destacó la incongruencia de Gorini, que le permitió al defensor de Galeano lo que le negaría a Rusconi. «O en estos años aprendió derecho procesal, o está violándolo con parcialidad», comentó con pura lógica. Rusconi dijo con cierta hipérbole que «no tiene paragón en la historia el agravio que ha sufrido el rol de abogado en esta audiencia» (¿y la dictadura, Maxi?) y pidió al Colegio Público de Abogados de la Capital que designara un veedor para controlar este juicio irregular. El Colegio aceptó y designó al camarista jubilado Mario Filozof.
Así como el TOF 2, también la Corte Suprema tiene sus precedentes. El 10 de julio de 2012, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi, Carlos Fayt y Raúl Zaffaroni, la Corte admitió un recurso de queja de Loma Negra y Cemento San Martín y suspendió la ejecución de una sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico contra ellas. De ese modo, impidió que la secretaría de Comercio cobrara las multas impuestas por la cartelización de las cementeras para elevar el precio del producto, mientras la Cámara de Casación no resolviera sobre el recurso extraordinario, que declaró inadmisible. En ese caso se trataba de «la importancia económica de las multas impuestas», y el letrado que patrocinaba a Loma Negra y Cemento San Martín era el ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, que suele acampar en la República Autónoma del Cuarto Piso.
También el Tribunal Oral Federal 5, de San Martín, suspendió en 2016 el debate en la causa contra el ex jefe de la Fuerza Aérea Omar Graffigna, porque había recursos de casación pendientes que debían tener efecto suspensivo. Lo mismo resolvió al año siguiente la Cámara Federal de Casación Penal en una queja de Gustavo Daneri contra la apertura del debate. Los jueces Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani dijeron que lo que se apelaba no era una sentencia definitiva, ni un auto que pone fin a la acción. Sin embargo «se encuentra en juego en autos la posible violación de garantías constitucionales» y el recurso «se encuentra pendiente de resolución por parte de la Corte Suprema».
¿Si se trata de una multa a grandes empresas, o de uno de los responsables del Terrorismo de Estado, se respeta el derecho de defensa y cuando quienes recurren son ex funcionarios de un gobierno democrático, algunos privados de su libertad, no? A eso aludió en forma críptica el Centro de Información Judicial (CIJ), al reflejar en su página en internet el comienzo del debate. La foto de Cristina, junto con su defensor, Carlos Alberto Beraldi, y detrás de ella Taty Almeida y Estela Carlotto, de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, indica que desde el punto de vista de la Justicia, lo que está en juego es una violación al debido proceso y el derecho de defensa, que de no ser resuelto por el TOF 2 o por la propia Corte, dará lugar a una causa ante el sistema interamericano de derechos humanos.