Otra avanzada del anticooperativismo

El intendente de Santa Rosa prefirió no recibir a la CPE y promulgar la ordenanza sobre las antenas en los espacios públicos que tantos reclamos levantó. Cuesta creer tanto empecinamiento anticooperativo en las autoridades políticas de la ciudad. Cuesta entender qué está pasando por la cabeza del intendente y los concejales al aprobar una ordenanza que relega nada menos que a nuestra cooperativa eléctrica. Cuesta creer que crean que con la ordenanza promueven la “igualdad de condiciones”, como dijeron algunos funcionarios y concejales, para competir entre una cooperativa local y enormes compañías nacionales y multinacionales. Cuesta entender que no vean que bajo el actual gobierno nacional, éstas han avanzado todavía más en sus privilegios corporativos y lo hacen relegando con su gran poderío económico al movimiento cooperativo de todo el país. Sucedió con el gobierno nacional anterior, y ahora con mucho mayor empuje con el macrismo.
Si para el intendente y los concejales -con excepción de los que no votaron la ordenanza- ambas opciones “dan igual”, los santarroseños estamos en serios problemas. Porque volvemos a sufrir una nueva cruzada anticooperativa muy similar a la que desplegara el exintendente y exgobernador Oscar Jorge cuando saliera en defensa de las empresas de lucro foráneas y en contra de las cooperativas por el uso de las columnas que éstas construyeron e instalaron con su propio esfuerzo económico.
Hoy no es menor la gravedad de esta cruzada. Las cooperativas argentinas, entre ellas nuestra CPE -que lidera a nivel nacional las gestiones por lograr mayores espacios en el campo de las telecomunicaciones-, vienen luchando contra gigantescos intereses para no seguir perdiendo terreno frente a las corporaciones foráneas. Y en el colmo del contrasentido, en la propia ciudad de nuestra cooperativa señera, las autoridades municipales en lugar de respaldar y ponerse del lado de las entidades solidarias que son, a su vez, empresas regionales cuyos dueños son sus propios usuarios -que en nuestro caso son a su vez los propios vecinos santarroseños-, deciden ponerse la camiseta del equipo contrario. Y encima pretenden hacernos creer que lo hacen bajo la bandera de la “igualdad de condiciones”.
Se ha comprobado la presencia de lobbistas de estas corporaciones. Los han visto en el municipio y también un funcionario provincial los mencionó. Ahora, las sospechas, en lugar de ser aventadas, son confirmadas con la sanción de una ordenanza en tiempo récord y su promulgación inmediata a pesar de las fuertes protestas que se levantaron. Tampoco hubo consultas. El viceintendente habló con un discurso belicoso hacia la CPE; el intendente guardó silencio y ni se tomó el trabajo de recibir a la dirigencia cooperativa santarroseña para escuchar su opinión. Cuesta creerlo, y cuesta decirlo, pero es demasiado sugestivo, demasiado sospechoso.
Un nutrido grupo de organizaciones políticas, sociales, económicas y profesionales de nuestra ciudad, alarmados por semejante ofensiva anticooperativa, anunciaron que se organizarán para rechazar este disparate. Advirtieron al municipio que si no frena esta iniciativa saldrán a la calle a movilizarse e iniciarán acciones ante la Justicia.
Como cada vez que la CPE estuvo en peligro, la conciencia cooperativa de los santarroseños vuelve a aflorar ante el peligro y se moviliza. Ocurrió muchas veces desde los propios inicios de la entidad hace casi un siglo, cuando naciera al calor de la lucha de los vecinos contra una poderosa multinacional. La memoria histórica vuelve a cumplir un rol fundamental. Pero qué lamentable resulta ver hoy que, los que atacan a la CPE, provienen de las propias filas de esta comunidad y, para peor, fueron ungidos con la responsabilidad de gobernar la ciudad.