Otra condena por la cabeza

Otro duro golpe recibió el ministro de Seguridad de la provincia con el reciente fallo del Tribunal de Impugnación Penal que confirmó la sentencia condenatoria que le había aplicado la Cámara en lo Criminal 1 en cuanto al monto de la pena: dos años de prisión y cuatro de inhabilitación para ocupar cargos públicos. El tribunal consideró plenamente acreditado que el funcionario, cuando ocupó la intendencia de Santa Rosa, incurrió en el delito de abuso de autoridad y que fue plenamente consciente de que estaba violando la ley cuando intentó aprobar por decreto el presupuesto y la ordenanza tarifaria correspondiente al año 2008.
Los jueces expresaron que, por su condición de abogado y por su experiencia como funcionario público durante muchos años al frente de no pocas reparticiones, el hoy ministro tenía pleno conocimiento de que su pretensión resultaba inadmisible en un sistema republicano de división de poderes como el que rige en el país y la provincia. Pero aún así hizo lo imposible por degradarse a la condición de dictador al pretender asumir, además de sus responsabilidades ejecutivas, las legislativas, intentando violar un límite infranqueable expresamente tipificado en el Código Penal.
Pero los jueces fueron más allá y le imputaron otra responsabilidad nada menor: infligir un “enorme daño social” y “económico” a la comunidad de Santa Rosa que tuvo que soportar la intervención de su municipio por parte del Ejecutivo provincial.
Los santarroseños recuerdan muy bien aquellos aciagos 87 días en que estuvieron sometidos a las arbitrariedades del entonces intendente. Bajo el estado de crispación al que sometió a la ciudad, en su breve gobierno se vivieron jornadas de movilizaciones y enfrentamientos con escenas de violencia y agresiones físicas en las calles de esta capital que tornaron imposible el desarrollo normal de la vida política.
Sus rasgos autoritarios le impidieron conducir la comuna y aceptar que las discrepancias en el campo institucional deben zanjarse mediante el diálogo y la negociación, dos instrumentos de la vida republicana que no figuran en su diccionario. La insistencia en aprobar dos normas en forma ilegal y a sabiendas de lo que estaba perpetrando, arrogándose potestades expresamente prohibidas, habla a las claras de su incapacidad para ocupar cargos de responsabilidad política en el Estado. Las condenas que lo inhabilitan para desempeñar este tipo de funciones, aplicadas primero por la Cámara y ahora por el TIP, muestran una coincidencia plena en los jueces de los dos tribunales con relación a esta severa limitación que el hoy ministro ha mostrado ostensiblemente a lo largo de su extensa trayectoria política.
Conociendo al funcionario es imposible pensar que no vaya a seguir apelando a toda la maraña de instrumentos y “chicanas” que, como abogado, conoce muy bien con el propósito de buscar una sentencia exculpatoria. Todavía le quedan dos recursos para probar suerte: la casación ante el Superior Tribunal pampeano y el extraordinario ante la Corte Suprema.
De todos modos la mayoría de los pampeanos ya lo ha juzgado, y en coincidencia con lo que dijeron los jueces.