Otra deuda del Poder Judicial

En una reunión convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación todos los sectores que integran la gran familia judicial decidieron que seguirán ostentando el privilegio de no pagar el Impuesto a las Ganancias. Representantes de los jueces, fiscales, defensores oficiales y trabajadores judiciales rechazaron de plano aceptar el cumplimiento pleno de las obligaciones tributarias que le caben a todos los ciudadanos que no habitan el Olimpo de la Justicia.
Pocas veces se ha visto semejante demostración de defensa corporativa de un privilegio tan irritante que coloca a algunas personas fuera del alcance de la ley. Como si no se sintieran partícipes del esfuerzo colectivo que implica la vida en sociedad y el sostenimiento del Estado como máxima instancia que posibilita, precisamente, la convivencia y el desenvolvimiento de la vida en comunidad.
Debe recordarse que esa prerrogativa es fruto de una decisión de la Suprema Corte menemista cuando, en 1996, decidió que los magistrados del Poder Judicial no estaban alcanzados por la ley 24.631, y por lo tanto no debían tributar Ganancias. Así fue violentado el principio de igualdad ante la ley, uno de los pilares fundamentales en la legislación democrática de todo el mundo, y sacrificado en aras de una presunta afectación del principio de independencia de los jueces. Se trata de una interpretación arbitraria y forzada que ha sido duramente cuestionada por destacados juristas e incluso por magistrados en ejercicio con un sentido de la vergüenza que estuvo ausente en la reunión de la víspera. Como no podía ser de otra manera, la extensión de ese adefesio al resto de la familia judicial no tardó en producirse. Fue una maniobra hábil para sumar aliados y fortalecer el estrecho círculo inicial de los que tienen coronita ante el fisco.
Lo que también deja al descubierto el tratamiento de esta cuestión es la facilidad que encuentra el Poder Judicial para avanzar sobre potestades del Legislativo. Todos los días se pueden contabilizar ejemplos, especialmente en materia de medidas cautelares, como bien se pudo ver con el accidentado periplo de la Ley de Medios Audiovisuales. En virtud del sacrosanto "control difuso de constitucionalidad" un juez, en la soledad de su despacho, puede frenar, boicotear y hasta anular la aplicación de una ley sancionada por un Congreso que cuenta con más de trescientos senadores y diputados que detentan directamente la representación de la soberanía popular, condición que no pueden reclamar para sí los dignatarios de la iglesia judicial.
Una vez más estamos en presencia de un acto que viene a confirmar que el Poder Judicial es el menos democrático de los tres poderes del Estado. Resulta evidente que esa circunstancia termina impregnando el pensamiento y el obrar de sus dignatarios y convenciéndolos de que una república democrática puede tolerar semejantes inequidades en materia tributaria sin violar ninguno de sus principios elementales. Para quien naturaliza una sociedad inequitativa, la igualdad ante la ley es solo una frase decorativa, vacía de contenido.