Otra mala noticia en el presupuesto

Tan inesperado como alarmante resultó el bofetón político que recibió La Pampa en el presupuesto nacional para el año próximo con la extirpación de la llamada “cláusula Ziliotto” que obliga a las consultas interprovinciales cuando se trata de emprendimientos que pueden afectar los recursos fluviales compartidos. La eliminación de esa normativa, que había sido incorporada el año pasado, deja las manos libres a Mendoza y San Juan para las obras hídricas impulsadas por esas provincias, de fuerte incidencia en la totalidad de las cuencas del Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó y del río Colorado.
Esta decisión, con fuerte tono electoralista, se produce cuando la Corte Suprema de Justicia considera los derechos de nuestra provincia en el juicio por el río Atuel y ha dado muestras -al menos en la audiencia de conciliación previa- de estar atenta a la constitución de los comités de cuenca como organismos efectivos para guiar el uso de los ríos interjurisdiccionales. Con este proceder es indudable que el máximo órgano judicial del país queda, cuanto menos, descolocado.
La actuación del Poder Ejecutivo -como autor del proyecto de presupuesto- pone en evidencia dos cuestiones: por una parte la falta de imparcialidad del gobierno nacional hacia las provincias que le son adictas políticamente, beneficiándolas sin cuidarse de caer en actos de evidente favoritismo; y por otra la pertinencia de la postura del gobierno pampeano, que recusó al presidente de la Nación como responsable del laudo por Portezuelo del Viento, al entender que actúa con parcialidad manifiesta en favor de Mendoza, como ahora queda confirmado.
Esta insólita medida tiene lugar, además, en un marco preocupante: algunas de las mayores autoridades técnicas del país en cuanto a planificación y construcción de grandes represas, han presentado serias objeciones al proyecto mendocino de Portezuelo del Viento ya que, de acuerdo a los análisis y dictámenes realizados, se habría sobredimensionado la real capacidad de generación de energía eléctrica. Esa conclusión, acaso la más terminante, no parece haber sido considerada por el gobierno nacional, que prefiere dejar las puertas abiertas exclusivamente a los intereses cuyanos en la construcción del embalse que será financiado por Nación. Así, con informe de impacto ambiental fuera del territorio mendocino o sin él, los cuyanos podrán manejar la presa a su gusto y conveniencia a pesar de sus frondosos antecedentes en la materia que muestran muy poco apego -como sabemos muy bien los pampeanos- por la solidaridad y la búsqueda del bien común.
Si finalmente el manejo de la obra tiene lugar bajo estos condicionamientos habrá consecuencias muy negativas para las provincias de aguas abajo, sin contar La Pampa. Neuquén en sus riegos con tomas libres, sujetas a bajantes imprevisibles, y Río Negro y Buenos Aires -esta última sobre todo- con las peligrosas variaciones en la salinidad que generará el manejo del río Grande, que podrían ser mayores cuando se concrete el trasvase Grande-Atuel, al que Mendoza tiene derecho por el Tratado del río Colorado. Así, las provincias abajeñas sufrirán en tierra propia la falta de apoyo que mostraran hacia La Pampa por mezquinas razones políticas.
También debe considerarse en qué posición queda el Coirco -comité de cuenca del río Colorado-, a quien la eliminación de la cláusula aludida, en los hechos, parece ignorar, dejando muy mal parada a la institución. Esa actitud hacia el primer organismo de cuenca organizado en el país abre las puertas a la desconfianza a los otros similares constituidos y a constituirse.
Por último, cabe preguntar cómo será el voto en el Congreso de los diputados y senadores pampeanos cuando se trate el tema, especialmente los de la oficialista coalición Cambiemos.