Otra vez Nación contra La Pampa

El laudo presidencial por Portezuelo del Viento vino a confirmar los peores temores de los pampeanos: la Nación no es hoy un garante de equilibrio y justicia en el tratamiento de los grandes temas argentinos cuando debe dirimir entre partes en conflicto. El fuerte "repudio" que cosechó de parte de sus socios políticos locales más firmes -"es una injusticia para La Pampa" señalaron dirigentes radicales- muestra que esta resolución del gobierno nacional no tuvo su origen en la búsqueda del bien común sino en la voluntad de beneficiar a un Estado provincial aliado a expensas del bienestar de una extensa región que abarca una superficie mucho mayor.
El gobierno pampeano no solo rechazó en duros términos el laudo sino que anunció que planteará un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para frenar lo que antes había calificado como una decisión "artera". Es que la estrecha relación político-partidaria que mantiene la Casa Rosada con el gobierno de Mendoza está presente en forma inocultable y enmarca todo el desarrollo de este intrincado proceso. Además, el distanciamiento de La Pampa con el gobierno central, motivado por las diferencias políticas que ambos expresan y materializado con fuertes discrepancias en no pocas áreas (obras públicas, coparticipación, previsional, etc.), reforzó el desequilibrio bajo el cual se decidió este laudo.
¿Cómo la obra pertenecerá a Mendoza si actúa sobre un recurso que es interprovincial?, se preguntó el gobernador pampeano, y completó: ¿qué autoridad tendrá Coirco entonces? También cuestionó que el Ministerio del Interior no haya convocado al consejo de gobierno del comité de cuenca durante el año pasado. El secretario de Recursos Hídricos planteó que Mendoza no ha dado a conocer el proyecto ejecutivo de la obra, con lo cual es imposible realizar una evaluación sobre el impacto ambiental que tendrá en toda la cuenca. Se trata de puntos oscuros que generan gran preocupación y que el laudo no ilumina sino, por el contrario, ensombrece todavía más.
Otro aspecto que molestó mucho al gobierno pampeano, y no sin razón, es que Nación aceptó como argumentos válidos e irrefutables los presentados por Mendoza y Buenos Aires y desestimó aquellos aportados por La Pampa. En este punto es donde queda expuesta con mayor énfasis la ausencia de equilibrio en la decisión presidencial en favor de la postura mendocina y en detrimento de la pampeana.
Los frondosos antecedentes negativos que exhibe la provincia de Mendoza con relación al manejo de los recursos hídricos interprovinciales constituyen otro elemento de juicio de gran relevancia que fue dejado de lado por el presidente de la Nación. Es evidente que la dramática historia del río Atuel no fue tomada en cuenta a pesar de que hoy ese conflicto volvió a la Corte Suprema y que el máximo tribunal ha adoptado medidas que reconocen la validez del viejo reclamo pampeano.
La aceptación del estudio sobre el impacto ambiental que Portezuelo del Viento provocará en toda la superficie de la cuenca en lugar de realizarlo únicamente sobre territorio mendocino aparece como el único punto en donde el laudo se mostró sensible a la totalidad de los actores involucrados. Sin embargo hasta en esta resolución que nadie podría objetar se observan inconsistencias ya que en otros articulados se autorizan las normas del primer llenado del embalse y el inicio de las gestiones destinadas a la ejecución del proyecto. No hace falta ser un experto para advertir que si se quiere proceder en forma correcta, no pueden llevarse a cabo estas dos medidas sin contar con el aval del estudio ambiental, pues éste puede llegar a condicionar ambos procedimientos.
La enérgica respuesta pampeana contrasta con el inexplicable silencio de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. La obediencia política y la necesidad económica tienen cara de hereje.