Otra vez, derechos humanos al tope de la agenda política

El fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal disponiendo la libertad de 21 genocidas, entre ellos los más connotados de actuación en la ESMA, agitaron el debate político de fin de año.
EMILIO MARÍN
La Sala II de aquella cámara dispuso con el voto de dos de sus integrantes -Guillermo Yacobucci y Luis García- la libertad de 21 genocidas, la mayor parte con prisión preventiva por delitos aberrantes cometidos en la ESMA.
Entre los favorecidos están los ex marinos Alfredo Astiz y Jorge Acosta, junto con otros menos conocidos como Jorge Perrén y Juan Carlos Rolón, que también actuaron en aquel tristemente célebre centro clandestino de detención montado por el almirante Emilio E. Massera. Un ex ministro de Planeamiento de la dictadura, como el general Ramón G. Díaz Bessone y el ex juez santafesino Víctor Brusa, que intervenía en la tortura de los secuestrados, completan el lote de beneficiados por Casación Penal.
Merece dejarse asentado que el tercer integrante de ese tribunal, Gustavo Mitchell, votó en minoría por el criterio de que esos represores debían seguir detenidos por su peligrosidad. Son capaces de fugarse, destruir pruebas e intimidar querellantes y testigos, opinó Mitchell, interpretando lo que la mayoría de la sociedad sintió frente a la mala nueva.
Amén de desafortunado y contrario a derecho -pese a lo que diga Elisa Carrió, para quien el fallo es absolutamente legal-, lo resuelto por el par de camaristas tuvo también el inconveniente de que su difusión coincidió, el 18 de diciembre, con el acto por los derechos humanos que se realizaba en la ESMA. Allí se entregaban las distinciones “Azucena Villaflor”, que recuerda a la primera presidenta de Madres de Plaza de Mayo secuestrada justamente por Astiz y Acosta en diciembre de 1977.
Desde ese ángulo, lo de Yacobucci y García fue una tremenda provocación política.
El gobierno reaccionó por medio del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, quien pidió por medio de un recurso extraordinario que se abocara la Corte Suprema. Por su parte, el fiscal Raúl Pleé anunció ocho apelaciones contra lo resuelto por Casación, que si ésta los admite, irán a la Corte.
Duhalde no se quedó allí. Pidió también al Consejo de la Magistratura iniciar el juicio político a los dos camaristas mencionados y a los tres miembros del Tribunal Oral Federal nº 5: Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías. Estos recibieron la causa ESMA en noviembre de 2007 y en más de un año no fueron capaces de fijar fecha de inicio del juicio. El pedido de juicio político también alcanzará a los miembros de la Cámara Federal de Mendoza, que falló en todos los casos por la libertad de los genocidas detenidos.
Parece correcto que se analice críticamente la conducta de esa justicia simpatizante del proceso militar. Hay casos indignantes, como el del juez de Mendoza, Walter Bento, que habilitó al ex policía Eduardo Smha a descansar en Mar del Plata entre el 10 de enero y el 5 de marzo de 2009. Smha está procesado por los casos de Miguel Angel Gil (tormentos seguidos de muerte); Francisco Urondo (homicidio) y Alicia Cora Raboy (desaparición); y Aníbal Torres y Domingo Britos (desaparecidos).

La unidad necesaria.

En los derechos humanos haría falta presentar un frente unido de la democracia, contra los que los violaron cometiendo delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, Cristina Fernández no hace ni pizca de autocrítica en esta materia, convencida como está, de que su gestión y la de su marido son excelentes. Es cierto que desde que se anularon las leyes de impunidad, en agosto de 2003, se aceleraron los procesos contra varios emblemas de la peor época.
Ese juzgamiento y algunas pocas condenas son mérito fundamental de los organismos de derechos humanos que vienen dando vueltas por la Pirámide de Mayo desde 1976. Pero también tiene su cuota parte el gobierno por la anulación del Punto Final y Obediencia Debida.
El avance no fue para nada rápido por la resistencia de quienes defienden la dictadura militar, como Cecilia Pando y otros jurásicos, los dirigentes agropecuarios que simpatizaron con el proceso (CRA y Sociedad Rural), los menemistas y macristas, la cúpula eclesiástica de Jorge Bergoglio, los letrados de los encarcelados y la justicia personificada en el anterior titular de Casación, Alfredo Bisordi.
Pero también el gobierno tiene su responsabilidad en que las causas se hayan demorado hasta trasponer los límites fijados por la ley 24.390 para la prisión preventiva. Y eso posibilita fallos como el conocido el 18/12. Los organismos humanitarios pidieron hasta el cansancio que se unificaran las causas por centro clandestino o circuito represivo, para simplificar y acelerar las causas. Y no se les llevó el apunte, con el resultado de que hay 800 causas dispersas y complejas, que provocan un plus de demoras. Y mucho más si adentro de la justicia hay personajes como Bisordi, bajo cuya batuta Casación Penal cajoneó cuatro años la causa ESMA.
¿Por qué el gobierno permitió que ese fuera el presidente de Casación? ¿Por qué el secretario de DD H H o los diputados oficialistas no le iniciaron juicio político mucho antes? ¿Por qué no se crearon antes una o más cámaras de casación? ¿Por qué se permitió que el TOF nº 5 fuera el embudo que captara y demorara las causas principales?
El gobierno nacional no está inmaculado. Pero no por eso se debe endilgarle toda la culpa, como acusan Carrió, el senador Gerardo Morales (UCR) y el diputado Federico Pinedo (PRO), que no tienen autoridad moral para hablar de derechos humanos, especialmente el representante de Macri, que votó a favor del ingreso del torturador Luis Patti a la cámara.
Ante la posible foto de un Astiz sonriente saliendo de Marcos Paz habría que presentar un frente unido que lo deje preso. Lamentablemente, en aquella clase política la única unanimidad que hubo fue para derogar la tablita de Machinea, una medida que favorece a los sueldos de más de 7.000 pesos. Para eso hubo acuerdo. Para reclamar que los asesinos seriales sigan en Marcos Paz, no.

El menos malo.

En la oferta de oposición Carrió viene retrocediendo puntos pues cada vez que abre la boca hace acusaciones que no puede sostener racionalmente. Y está tan creída de sí misma, que no acepta compartir cartel con Macri ni con Cobos sino con los dirigentes de una UCR que no logra salir de su desprestigio.
Macri cumplió un año de gestión en la Capital Federal, donde enfrentó paros docentes y del personal de salud por los bajos sueldos y presupuestos. Ese primer aniversario no lo encontró con un balance en color azul para presentar y para colmo en la jornada de la legislatura del 4 de diciembre se registró un voto por encargo de dos de sus representantes. Si esta es la nueva política, ¿dónde habrá quedado la vieja?
Tratando de mejorar su imagen presentó como cabeza de lista para 2009 a Gabriela Michetti. Esta debía presidir las sesiones de la Legislatura y no lo hizo nunca, en un desprecio que la posiciona pésimo como candidata a diputada.
Por su parte el vicepresidente Julio Cobos está cada vez más descaradamente ubicado en la parcelada oposición, creyendo que la bonanza de algunas encuestas sobre su figura durará eternamente. Quiere que los Kirchner lo despidan de la vicepresidencia, para ponerse como víctima y poder hacer campaña como presidenciable en 2011. El mendocino que acompañó el lock out sojero está entrampado, pues si sigue en el cargo actual no podrá ir por afuera por el premio mayor. Ahora abre su despacho a todos los opositores que puede, como Felipe Solá, que también puede ser calificado de traidor por el kirchnerismo.
Hay una delgada línea que el kirchnerismo no quiere cruzar: no piensa despedirlo al vice sino que, en todo caso, que se vaya solo. En actos del PJ, el patagónico lo cruzó duro al cuyano, quien reflexionó que “no tengo derecho a renunciar, aunque siento presión para hacerlo”.
En su línea argumental, Cobos admitió que en julio había un clima destituyente, como había denunciado el grupo de intelectuales de “Carta Abierta”. El vice, reivindicando su voto no positivo, declaró que en caso contrario se hubiera tenido que ir todo el gobierno.
En estas condiciones se puede concluir que el gobierno K es el menos malo. Es verdad que tiene todos los defectos de sus opositores, pues trenza en Buenos Aires con Daniel Scioli y los intendentes que vienen del duhaldismo. Si Manuel Quindimil no hubiera muerto anteayer, quizás hubiera tenido lugar en esa lista. Kirchner pacta en sigilo con el sojero Carlos Reutemann, que era gobernador en diciembre de 2001, cuando la represión de su policía provocó 9 muertos. Estos crímenes están impunes, como los demás, 39 en total en todo el país, al cumplirse 7 años del estallido social.
Pero al menos Cristina Fernández tiene para exhibir algunas medidas rescatables. ¿Cuáles? Y, por ejemplo, que el 17 de diciembre el Senado convirtió en ley la expropiación de Aerolíneas Argentinas-Austral. En esto se siguió una línea positiva, como cuando el Estado pasó a controlar los fondos previsionales. ¿Otro ejemplo? La participación en la Cumbre de América Latina y el Caribe, condenando la crisis internacional y el FMI, y decidiendo viajar a Cuba en enero próximo. Se dirá que son pocas cosas positivas. Pero la oposición de derecha y centro derecha no tiene ninguna.