Otro ataque a las cooperativas

El gobierno que más concesiones y beneficios le ha otorgado a las grandes compañías privadas del país decidió avanzar contra las cooperativas eléctricas con una exigencia que provocó hondo malestar: el desdoblamiento de la facturación y la separación de los servicios que prestan para que el usuario pueda “identificar” los valores que paga.
¿Cuál fue la razón de semejante ocurrencia? Una “queja” planteada por un ignoto poblador de Luján al presidente de la Nación quien, con un empeño digno de mejor causa, impulsó a través del Inaes (Instituto Nacional de Economía Social) la medida que provocará mayores costos y un aumento de la complejidad administrativa a las entidades solidarias. Como si ya no tuvieran suficiente con el brutal incremento de las tarifas y el consecuente aumento de la morosidad que está afectando de manera preocupante sus finanzas. En nuestra provincia los dirigentes de varias cooperativas han alertado sobre este grave problema que está erosionando y poniendo en riesgo sus economías.
Este gobierno que busca imponer tantas exigencias a las cooperativas es el mismo que no ha parado de otorgarles enormes ventajas a las más grandes corporaciones con rebajas de impuestos, perdones de multas, beneficios tarifarios y hasta una “compensación” por las pérdidas ocasionadas por la devaluación. Un “regalo” súper exclusivo y sin precedentes en el país que, desde luego, no alcanza a Pymes ni trabajadores ni jubilados a pesar de que sufren como cualquiera los efectos de la pérdida de valor de la moneda nacional.
Seguramente el presidente y su gabinete de CEOs ignoran que las cooperativas son entidades sin fines de lucro y que los usuarios, en su calidad de asociados, son sus propios dueños. Que todos los años pueden participar de las asambleas en donde rinden cuentas los directivos y se eligen las autoridades. Que son empresas cuyo capital es enteramente nacional y el movimiento económico que generan a su alrededor beneficia directamente a sus comunidades pues no sacan sus fondos del país ni los refugian en guaridas fiscales ni realizan operaciones off shore.
La Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE) manifestó su rechazo a esta imposición como también las organizaciones provinciales. En todo el territorio nacional no hay una sola cooperativa que se haya alegrado con esta medida. Desde Misiones hasta el sur de la Patagonia la indignación ha ganado a la dirigencia cooperativa que, con sobradas razones, ha expresado su enojo porque, a los problemas económicos que ya sufren todas por la situación que atraviesa el país, se añaden nuevos costos y complicaciones burocráticas.
Al igual que la CPE santarroseña y el resto de las cooperativas pampeanas, sus hermanas de todo el país han incorporado nuevos servicios que no son otra cosa que beneficios para sus usuarios: agua potable, enfermería, servicio funerario, etc. Si esos rubros estuvieran a cargo de empresas de lucro el valor a pagar sería muy superior. Ese dato elemental es conocido por todos los socios de una cooperativa pero parece importarle muy poco al presidente y a sus funcionarios-empresarios.
Por lo demás, en la factura de cualquier cooperativa está perfectamente discriminado lo que abona el socio por cada uno de los servicios. No se incurre en ningún ocultamiento ni, menos todavía, delito económico. Algo que no se puede decir de las poderosas corporaciones que prestan servicios públicos -muchas de ellas de capitales extranjeros- que, en más de una ocasión han debido ser multadas por maniobras en el cobro de sus prestaciones que, invariablemente, son en perjuicio de los usuarios.
La ideología neoliberal del macrismo, su origen de clase, sus alianzas con el poder económico más concentrado son inocultables. No hay medida del gobierno que no obedezca a esa matriz, como hoy pueden dar fe las cooperativas eléctricas.