Otro papelón internacional del gobierno de Macri

Para el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la detención de Milagro Sala es "arbitraria". Requirió al gobierno argentino que disponga su "inmediata libertad".
IRINA SANTESTEBAN
La detención de la dirigente de la organización Tupac Amaru, el 16 de enero pasado, mientras realizaba un acampe en la capital jujeña reclamando ser recibida por el gobernador Gerardo Morales, fue denunciada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional, y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes). Esa denuncia, fue presentada el día 2 de febrero de este año, y desde ese momento, el caso Milagro Sala tomó curso y siguió su trámite, tal como se hace con todas las denuncias sobre detenciones arbitrarias que llegan a esa instancia internacional.
El organismo encargado de controlar el estado de los derechos humanos en el ámbito de las Naciones Unidas, es el Consejo de Derechos Humanos, que tiene bajo su órbita a grupos de trabajo y comités en los que trabajan expertos en los diferentes temas relativos a su materia.
El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Personas analiza las denuncias particulares que se presentan ante el Comité de Derechos Humanos, y está conformado por cinco expertos que son los que tramitan el caso, piden los informes a las partes involucradas -los Estados denunciados-, y luego emiten una decisión.

"No es vinculante".
Para el gobierno de Mauricio Macri, la decisión tomada por el grupo de Trabajo en relación al caso Sala, "no es vinculante", esto es, su gobierno no estaría obligado a cumplir con el requerimiento.
Una vez más, el "mejor equipo de los últimos 50 años" demuestra, si no su cinismo, su profunda ignorancia en relaciones internacionales. Aunque la canciller tuvo una dilatada carrera como funcionaria en la ONU, tras desempeñarse en cargos gerenciales en dos multinacionales, es notable que en esa área se hayan cometido papelones, como cuando el presidente afirmó que había hablado con la primera ministra británica Theresa May sobre la soberanía en Malvinas, e inmediatamente fue desmentido por el Foreign Office.
Fue el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, quien afirmó que el dictamen "no es vinculante", remedando la frase célebre, atribuida a Sarmiento: "la ignorancia es atrevida".
Todas las decisiones de la ONU son vinculantes para los Estados miembros, sobre todo si se basan en la aplicación de Convenios internacionales que han sido suscriptos por éstos. En el caso de Argentina, al haber sido incorporados esos Tratados internacionales, a la Constitución Nacional (según la última reforma de 1994), se les atribuye "rango constitucional" y son de cumplimiento obligatorio.
Por ello, si el Estado requerido no cumple con esa decisión, conlleva responsabilidades, como que puede ser reconvenido por su incumplimiento, y el caso podría ser llevado, incluso, hasta la Asamblea General.

Un pase al TSJ jujeño.
No contento con demostrar tal desconocimiento en materia internacional, el ministro Avruj también afirmó que la decisión del grupo de Trabajo de la ONU, en realidad, no afecta al gobierno nacional, sino al Poder Judicial de Jujuy, que ordenó la detención de Milagro Sala. Y como el gobierno de Macri es "respetuoso de la independencia del Poder Judicial", no van a tomar ninguna decisión, porque son los jueces quienes deben decidir sobre la situación de la dirigente.
No es así y no lo fue nunca. Las decisiones que toman los organismos de la ONU no se refieren nunca a los poderes internos del Estado en cuestión, sino al Estado mismo, que es quien tiene la representación internacional, es decir, el Poder Ejecutivo, su presidente. El es quien responde por el cumplimiento efectivo de los tratados internacionales que se firman y que para la Argentina tienen jerarquía internacional.
La abogada Elizabeth Gómez Alcorta, integrante del equipo de letrados que asumieron la defensa de Milagro Sala, relató a la Agencia Paco Urondo que tanto el ministro de Justicia Germán Garavano, como el secretario de Derechos Humanos, Avruj, en reuniones que mantuvieron por el caso de su defendida, ellos les dijeron que su situación "era un tema del gobierno de Jujuy". Para GA, ahora ha dejado de serlo.

"Presa política".
La decisión del organismo de la ONU ha sido una enorme satisfacción, afirma la abogada, pues "ningún juez del país se hizo cargo de decir lo que tuvimos que ir a buscar a la justicia internacional: Milagro Sala es una presa política".
Gómez Alcorta celebró que el grupo de expertos de la ONU haya podido constatar que, tal como vienen denunciando sus abogados desde hace casi 10 meses, la detención de Sala "fue arbitraria". La decisión del grupo de Trabajo expresa, con claridad, que se la sometió a funcionarios judiciales irregularmente designados, que se aseguró el armado consecutivo de distintas causas para mantenerla en prisión y que le fue obstaculizado el propio derecho de defensa. En base a estos hechos, constatados por los informes requeridos -entre ellos el del propio gobierno argentino- la decisión fue reclamar su "inmediata libertad", e incluso una reparación económica por los daños causados durante el tiempo de su detención en la cárcel jujeña de Alto Comedero.
Para la abogada de Milagro, uno de los puntos más importantes de la resolución del grupo de Trabajo de la ONU, es que advierte sobre un "armado judicial", que surgiría de la concatenación de causas en contra de la dirigente de la Tupac Amaru, por ello califican de "arbitraria" su detención, y que revelaría una "persecución política". En ese marco, se demostró en la investigación judicial que el único fiscal que no la imputó por el acampe de diciembre último, terminó denunciado por el gobernador Gerardo Morales por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Justicia obediente.
Mientras Macri no se cansa de asegurar que es "respetuoso de la independencia del Poder Judicial", las acciones que emprende su gobierno demuestran lo contrario.
El proyecto de ley de reforma del Ministerio Público Fiscal, que claramente tenía la intención de desplazar a la procuradora general Alejandra Gils Carbó, fracasó antes de ingresar al recinto de Diputados. Sus propios aliados (como Elisa Carrió y el diario "La Nación") le advirtieron que era inconstitucional, por ser una intromisión en un órgano judicial que la Constitución Nacional define como "autónomo e independiente".
Y en el caso de Jujuy, ya hemos escrito sobre el avasallamiento que hizo el gobernador Morales del Poder Judicial de su provincia, al aumentar el número de miembros del Tribunal Superior de Justicia de 5 a 9, en una sesión a la madrugada. Y seguidamente, designar en esos 4 nuevos puestos, a 2 diputados que acababan de votar esa ampliación del máximo órgano judicial jujeño.
Ese Poder Judicial es el que, según Macri, Avruj y Garavano, debería cumplir con la decisión del grupo de Trabajo de la ONU, siendo que la misma declara "arbitraria" la detención de Milagro Sala, porque se la sometió a "funcionarios judiciales irregularmente denunciados".
En ese sentido, como no podía ser de otra manera, el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, relativizó la importancia de la resolución de la ONU, porque, afirmó, se habría basado en "información desactualizada". Alegó que la dirigente de la Tupac Amaru, no está presa por participar de un acampe -y por ello no la considera una presa política-, sino que su prisión preventiva se ha dictado en causas por los delitos de extorsión, asociación ilícita y fraude.
Sin embargo, según expresó el viernes de la semana pasada el presidente del CELS, el periodista Horacio Verbitsky, en una conferencia de prensa que brindaron los organismos denunciantes, el grupo de Trabajo contó -para tomar su decisión-, con todos los antecedentes de las causas por las cuales Milagro Sala se encuentra detenida. Específicamente mencionó la "concatenación de causas", como fundamento para considerar "arbitraria" dicha detención.

El Estado debe cumplir.
Según el gobierno de Macri, el gobierno argentino tendría "seis meses" para cumplir la resolución del Grupo de Trabajo de la ONU.
Sin embargo, la propia resolución dice que la liberación de la dirigente tupaquera debe ser "de inmediato", y es por ello que el CELS, AI y Andhes, presentaron este lunes 31 un escrito en la Cancillería argentina, reclamando a su titular que informe si ha cumplimentado con el protocolo de seguimiento, en relación a los requerimientos efectuados por la resolución.
Respondiendo mal y sin argumentos, el gobierno ha quedado a la defensiva en un tema sensible en materia de derechos humanos, a nivel nacional e internacional.
Es que, en la política -como en otros aspectos de la vida- la revancha es mala consejera.