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Otro respaldo a los docentes

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al rechazar el recurso extraordinario de las querellas, confirmó la inocencia de los cuatro docentes de 25 de Mayo que habían sido condenados aquí en La Pampa en primera y segunda instancia en la recordada causa por abuso sexual. Con la decisión de la máxima autoridad judicial del país quedó ratificada la sentencia absolutoria dictada por el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia hace un año y medio y solo resta una decisión -casi de forma- del Tribunal de Impugnación Penal.
Finaliza así el calvario que los cuatro acusados debieron atravesar cuando se convirtieron en blanco de una caza de brujas en aquella ciudad del sudoeste pampeano y la Justicia, en lugar de hacer honor a su nombre, se sumó a la crucifixión procediendo -en las dos primeras instancias- como un tribunal de la inquisición propio del medioevo.
La endebles de las pruebas sobre las que se edificó la acusación inicial y las dos primeras condenas fueron advertidas por el STJ que absolvió a los cuatro sentenciados y ordenó la inmediata libertad de tres de ellos que llevaban dos años y medio tras las rejas, encerrados bajo la figura de prisión preventiva. Hoy queda en evidencia que los jueces y fiscales no actuaron conforme a derecho y se dejaron presionar -e impresionar- por el clima asfixiante que reinaba en 25 de Mayo azuzado por oscuros intereses políticos.
Este caso, que no dejó indemne al aparato judicial pampeano, debería ser objeto de estudio de varias disciplinas pues constituyó un ejemplo muy claro de desviación de los agentes judiciales del rigor que cabe esperar de ellos en su función específica de desentrañar los hechos y juzgar de acuerdo a las evidencias probatorias. El camino seguido frente a la acusación estuvo muy lejos de ceñirse al procedimiento de recoger y evaluar, con extremo celo y minuciosidad, las evidencias y juzgar de acuerdo a ellas. Con otras palabras, fue exactamente eso lo que señaló el STJ al declarar «arbitrarias» las sentencias condenatorias de las dos primeras instancias.
La pregunta que surge de inmediato es qué sucederá ahora. ¿Se abrirá alguna investigación sobre lo sucedido, teniendo en cuenta la gravedad del perjuicio provocado por semejante maltrato judicial a los docentes? Pero además, ante la evidencia pericial de los abusos sexuales cometidos contra los pequeños, ¿se iniciará una investigación -con el rigor que la otra no tuvo- para determinar el origen de esos ataques que, ahora se sabe, no tuvieron lugar en el ámbito escolar?
Fueron varios los pequeños que mostraron en sus cuerpos huellas de abuso, y sobre ellas se direccionó la investigación judicial en un único sentido -apuntando a los docentes- que luego se comprobó equivocado. Esa parte de la historia aún está sin resolver y debería ser objeto, sin más demora, de una nueva pesquisa, porque esos niños abusados no pueden quedar sin justicia y es muy probable que sigan estando expuestos a quienes abusaron de ellos.
Se trata de otra consecuencia extremadamente negativa del accionar judicial que, por empecinarse en perseguir exclusivamente al personal escolar, dejó un flanco de la investigación sin cubrir.