Otro solitario reclamo pampeano

Otra vez La Pampa tuvo que acudir a la Corte Suprema de Justicia para defender sus derechos sobre los ríos interprovinciales. El caos que reina en la materia, y que el actual gobierno nacional profundiza en lugar de atenuar, obligó a nuestra provincia a demandar esta vez a los Estados nacional y sanjuanino porque siguen adelante con la construcción de El Tambolar. El embalse se está levantando sobre el río San Juan, integrante de la enorme cuenca del Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó que -si se suma el tramo final del río Colorado, como último cauce del sistema- involucra a nada menos que ocho provincias argentinas.
Asombra que el emprendimiento siga su curso a pesar de la fragilidad legal que lo sostiene como expresa el texto de la demanda presentado ante la CSJ. Toda la legislación en materia de protección ambiental ha sido ignorada por las autoridades sanjuaninas y nacionales, como también los tratados y convenciones internacionales firmados por nuestro país. Pero además se pasó por alto un articulado del Presupuesto 2018 que un diputado pampeano logró introducir -con apoyo de legisladores de todas las provincias a excepción de los mendocinos y sanjuaninos- que impide el inicio de obras hidráulicas sobre cualquier río sin contar con el aval de todas las provincias condóminas representadas en los organismos de cuenca respectivos.
Es sabido que este extenso sistema fluvial carece de un comité de cuenca, lo cual motivó más de un reclamo por parte de La Pampa. Los reiterados pedidos de nuestra provincia siempre cayeron en saco roto; ni Nación ni las jurisdicciones arribeñas mostraron interés por conformar un organismo que administre los caudales de la cuenca con un sentido de equidad y beneficio común. Peor todavía, el actual secretario de Política Hídrica de la Nación dirigió años atrás un estudio integral sobre la cuenca y recomendó, con su firma al pie, la constitución del organismo administrador para regular el uso compartido de las aguas. Hoy como alto funcionario político está borrando con el codo lo que ayer, como especialista en la materia y responsable de dirigir aquel trabajo encomendado a la Universidad de Buenos Aires, escribió con la mano.
Al igual que Mendoza con Portezuelo del Viento, San Juan pretende que cumple con las normas exigidas con la sola presentación de un estudio de impacto ambiental restringido a su propio territorio, despreciando las consecuencias del embalse en el resto de las provincias condóminas. Pero el mayor despropósito corre por cuenta de Nación que autoriza y financia la obra desentendiéndose de su rol de garante del federalismo y del equilibrio que debería reinar en las relaciones recíprocas entre los Estados provinciales. Exactamente lo mismo que ocurrió hace setenta años con la construcción de los Nihuiles en la provincia de Mendoza, cuando el Estado nacional construyó y pagó la obra sin proteger los intereses pampeanos que entonces no éramos una provincia sino un territorio nacional sin autonomía política.
Es frustrante ver la reiteración de tan viejos -y tan caros- errores. Es de esperar que la Justicia, esta vez, no mire para otro lado.