Otro río que nos saquean

La ya centenaria problemática de nuestros ríos tuvo en los días que pasaron una situación que podría considerarse inédita: una reunión para conversar del tema por parte de organizaciones no gubernamentales de Mendoza y nuestra provincia. La presencia entre los concurrentes de dos legisladores provinciales cuyanos le dio mayor realce al encuentro, que había tenido un antecedente similar en Mendoza.
La crónica de la reunión no arroja novedades expectantes, aunque sí puede destacarse que los arribeños ya no se aferran a la ciega postura de negar la interprovincialidad del río -reconocida por la Corte Suprema de Justicia- y se amparan en la falta de agua “que no alcanza para todos”. Sin embargo cuando alcanzó y sobró nunca se avinieron a tratar seriamente el problema.
Si bien este acercamiento no oficial se da en un tiempo que no es auspicioso para los cuyanos (la CSJ acaba de aceptar la nueva demanda pampeana por el Atuel) la situación sugiere dos opciones: la primera es que las fuerzas vivas mendocinas temen un desenlace desfavorable y comienzan a buscar discretos acercamientos con La Pampa; la otra es que una parte de la opinión cuyana empieza a aceptar las razones de nuestra provincia. El tiempo dirá cuál de las posturas tiene preminencia. Sin embargo, aunque esta actitud parezca un pequeño paso positivo, una mirada en perspectiva a la última década muestra que para La Pampa las cosas no han hecho sino empeorar, pero no solamente con respecto al Atuel sino también al sistema Salado-Chadileuvú, que otrora fuera un gran río. Del Atuel ya se sabe que lo único positivo podría haber sido el convenio de 2008, netamente favorable a Mendoza por otra parte, pero que igualmente fue rechazado por su legislatura. La realidad del Salado-Chadileuvú, en cambio, es más preocupante porque a causa de las represas construidas en San Juan, en el territorio pampeano su caudal ha quedado reducido a unos centenares de litros por segundo de agua hipersalina, inútil para cualquier aprovechamiento productivo. Esas obras, y la política que las propició, se hicieron a la vista de todos los gobiernos nacionales y provinciales relacionados con ellas.
La situación obliga a preguntar cómo es posible que haya ocurrido esto. ¿Qué medidas tomaron los Estados al respecto durante un lapso tan considerable? ¿En qué finalizaron las gestiones de aquel esbozo de organismo de cuenca que se mentó algunos años atrás? ¿Adónde está el federalismo, que se supone moderador e igualitario? ¿Tiene La Pampa la condición de paria por su escaso peso poblacional y político?
Los interrogantes son duros, pero más lo es ver avanzar en forma galopante la desertificación en una cuenca de un cuarto de millón de kilómetros cuadrados, ante lo cual los más altos cargos políticos parecen jugar al gran bonete, cada uno negando responsabilidades y permitiendo el avance de los hechos consumados.
Buscando pruebas y argumentos, irrefutables por otra parte, La Pampa ofreció siempre la otra mejilla para una nueva bofetada técnico-política, que por cierto no dejaron de darle. La única vez que se plantó y la escucharon fue cuando, paralelamente y ante necesidades de la zona, abrió el llamado Tapón de Alonso. En las demás oportunidades solamente obtuvo indiferencia y promesas incumplidas.
Parece fuera de toda duda que las políticas de negociación -que algunas veces hasta resultaron ingenuas- sumadas a cierta obediencia política al poder central, que ni de lejos cumplió el cometido federalista, nos ha llevado a esta durísima realidad: primero nos saquearon el Atuel; ahora están acabando con el Salado-Chadileuvú sin que se adviertan acciones significativas por parte de la provincia ni de Nación. ¿Aguardaremos con la misma mansedumbre el avance de las gestiones que ya se avizoran para que también perdamos el agua que nos corresponde del Colorado?