Palabras que no son inocentes

Es evidente que el resultado de las últimas elecciones ha envalentonado al gobierno nacional hasta un nivel que provoca inquietud a partir de un despliegue de declaraciones cuya proyección en el plano institucional no puede dejar de preocupar.
Una de las expresiones más desconcertantes fue la que pronunció el diputado nacional Pablo Tonelli al afirmar que los jubilados “están perdiendo plata pero no poder adquisitivo”. Pareciera que todos los días se renuevan los esfuerzos por correr los límites de la falsificación del lenguaje por parte de los hombres de Cambiemos, entrenados como nadie en el arte del discurso engañoso.
Poco antes, el homicidio del joven Rafael Nahuel en manos de la Prefectura provocó una catarata de manifestaciones de altos funcionarios del PEN con el objetivo de practicar una cerrada defensa de esa fuerza. La ministra de Seguridad llegó a afirmar que: “nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad; le damos a la versión que nos da la Prefectura carácter de verdad”. Semejantes palabras otorgan a la institución armada lo que los anglosajones llaman un “bill de impunidad”, tan amplio como jamás se había visto. Es decir que los miembros del Poder Ejecutivo se permiten ignorar la ley y tomar partido por los más fuertes aceptando y aplicando su código. Pero además esas alarmantes palabras fueron dichas ante la presencia del ministro de Justicia, quien la apoyó con su silencio.
Podría pensarse que el exabrupto de la ministra no fue otra cosa que una de sus múltiples desubicaciones verbales, de la misma clase que la llevaron a ser silenciada por sus pares en el caso Santiago Maldonado. Sin embargo por esas mismas horas la vicepresidenta de la Nación sentó una nueva doctrina para esta clase de situaciones: “tenemos que decir que el beneficio de la duda siempre lo tienen que tener las fuerzas de seguridad”. Tan inquietantes palabras en boca de una eventual reemplazante del presidente exceden cualquier calificativo. Ambas expresiones -que aparecen como complementarias- también pueden interpretarse como advertencias a todos los que discrepan con las políticas gubernamentales.
En los años sesenta la industria cinematográfica creó y lanzó con todo éxito un personaje que, portando el prefijo cero cero a su condición de agente secreto, indicaba que tenía “licencia para matar”. Menos crípticas y sin usar clave alguna, parecería que las autoridades argentinas están otorgando de hecho las mismas facultades.
Algunos aliados del gobierno también han caído en estos derrapes orales como el presidente del bloque justicialista en la Cámara de Senadores quien, al intentar justificar su voto a la reforma jubilatoria enviada por el gobierno, dijo: “nos toca la ingrata tarea de votar esta ley” como si con ello quedara eximido de responsabilidad. La declaración está en sintonía con lo que había expresado pocos días antes respecto a una crítica al gobierno realizada por el obispo que preside la Conferencia Episcopal Argentina: “muchos curas hablan sin saber nada; deberían ocuparse de las cosas de Dios”, afirmó el senador arrogándose la suprema autoridad de otorgar, o quitar, la libertad de expresión a los ciudadanos de este país.