Papel Prensa: el caso llega ahora a la Corte Suprema

El caso Papel Prensa es paradigmático de la sumisión de sectores del Poder Judicial a las corporaciones
empresarias, en este caso al multimedios más poderoso del país: el Grupo Clarín.
ARI LIJALAD
Lidia Papaleo aún busca justicia por la apropiación de Papel Prensa. Hace pocos días presentó un recurso extraordinario para llevar el caso ante la Corte Suprema. En las instancias anteriores, el lobby del Grupo Clarín logró, primero, dilatar la causa durante años. Luego, ya con el acompañamiento del gobierno de Mauricio Macri, el sobreseimiento de Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y los demás imputados. La decisión la tomó el juez Julián Ercolini, luego confirmada por los camaristas Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia. Para llegar a esta resolución, los jueces tomaron la versión Clarín del hecho, introdujeron testimonios de forma irregular, descartaron pruebas que figuran en el expediente y se negaron a producir otras. Para Papaleo, que fue secuestrada, violada y torturada tras la venta forzosa de Papel Prensa, el caso no está cerrado. Pese a las constantes negativas de la corporación judicial, ahora insiste para que sea la Corte Suprema o, incluso, una instancia internacional, la que resuelva el caso Papel Prensa.

Hasta el final.
"La decisión que se ataca ocasiona gravamen irreparable a esta querella en la medida en que veda de modo arbitrario el acceso a la justicia", sostiene el recurso extraordinario al que accedió Nuestras Voces. Hace referencia a la negativa de la Cámara de Casación de revisar el sobreseimiento de los imputados por la apropiación de Papel Prensa. De los diez imputados originales sólo quedan vivos cuatro: Magnetto, Bartolomé Mitre, Guillermo Gainza Paz y Raymundo Podestá. Hace pocas semanas falleció Ernestina Herrera de Noble, y en los años anteriores personajes claves de esta historia como Jorge Rafael Videla, Eduardo Emilio Massera y José Alfredo Martínez de Hoz. Parte de la estrategia dilatoria fue la cuestión biológica. Videla fue el único que falleció en una prisión común.
Este recurso extraordinario que presentó Papaleo es una de las pocas chances que le quedan para lograr, al menos, las indagatorias de Magnetto y sus secuaces. "De quedar firme la sentencia absolutoria, se extingue por completo la legítima aspiración de justicia de mi representada. No quedan más instancias ni vías procesales", plantea en el escrito Graciana Peñafort, abogada que representa a Papaleo. Como la Cámara de Casación es la máxima instancia penal y rechazó analizar los sobreseimientos, para esta querella esa decisión reviste el carácter de sentencia definitiva y queda cerrada la posibilidad de investigación. Por esto presenta un recurso extraordinario a la Corte. La decisión queda en manos de la sala III de la Cámara de Casación Penal, que integran los jueces Juan Carlos Geminiani, Eduardo Riggi y Angela Ledesma. Si fallan en contra, Papaleo irá en queja a la Corte, que finalmente podrá pronunciarse o, como suele hacerlo, planchar el expediente. Si no hay justicia en Argentina, le quedará la vía de los tribunales internacionales de derechos humanos.
Para Papaleo está claro que hubo un pacto entre la cúpula dictatorial y los diarios Clarín, La Nación y La Razón para desapoderar a la familia Graiver de Papel Prensa. Que esa maniobra fue coordinada, que incluyó amenazas previas, operaciones mediáticas y secuestros posteriores. Que se trató de un caso de extorsión y un delito de lesa humanidad, y que debe investigarse como tal.

Justicia a medida.
El caso Papel Prensa es paradigmático de la sumisión de sectores del Poder Judicial a las corporaciones empresarias, en este caso puntualmente al multimedios más poderoso del país: el Grupo Clarín. Como se trata, además, de la acción conjunta entre empresarios y genocidas, éstos últimos también se beneficiaron.
El derrotero judicial una vez que el expediente llegó a Comodoro Py lo demuestra. Tras varias idas y vueltas judiciales, que reconstruyó Nuestras Voces cuando se cumplieron 40 años del robo de Papel Prensa, en 2011 la causa quedó en manos del juez Ercolini, que la demoró durante años con la complicidad del entonces fiscal subrogante, Eduardo Taiano. Testimonios, archivos desclasificados de inteligencia nacionales y de Estados Unidos, investigaciones periodísticas, aportes de las distintas querellas (en especial la de la Secretaría de Derechos Humanos encabezada por Eduardo Luis Duhalde y Luis Alén), nada conmovió a la dupla Ercolini-Taiano. El fin de la subrogancia de Taiano y la llegada del fiscal Leonel Gómez Barbella en 2015 cambiaron el escenario. El 11 de marzo de 2015, el fiscal Gómez Barbella pidió las indagatorias de Magnetto, Ernestina, Mitre, Podestá y Gainza Paz por delitos de lesa humanidad y extorsión. En menos de veinticuatro horas Ercolini negó las indagatorias. La excusa: que aún no había finalizado una lenta pericia contable que no fue pedida por ninguna parte de la causa para determinar el supuesto precio por el cual se realizó la transferencia de acciones. Finalmente se demostró que el precio fue vil, pero nada importó.
El camarista Eduardo Freiler apoyó el pedido de indagatorias, pero sus pares Eduardo Farah y Jorge Ballestero se opusieron. Ercolini, sin indagar a nadie, sobreseyó a todos los imputados.

Presiones y amenazas.
El nuevo fiscal de la causa, Franco Picardi, apeló la decisión de Ercolini y remarcó todas las pruebas que juez descartó. "Hay suficientes evidencias de que el grupo económico Graiver fue perseguido, amenazado y extorsionado, desde el fallecimiento de David Graiver, con la finalidad de que se desprendan de las acciones de Papel Prensa S.A", remarcó Picardi. El fiscal también sostuvo que Ercolini "omite la valoración de ciertos testimonios, por ejemplo, o efectúa de ellos un análisis parcial, mientras que sobreestima otros tantos". Hay un ejemplo clave. Ercolini se apoyó en que Isidoro Graiver, hermano de David, cambió su testimonio durante el correr de la causa. De hecho -algo que no figura en el escrito del fiscal- el propio Magnetto le confesó al periodista Martín Sivak: "Sin ese testimonio yo terminaba preso". Lo que el juez Ercolini hizo fue descartar una primera declaración testimonial donde Isidoro Graiver daba cuenta de presiones y amenazas previas, y tomar sólo un acta que el mismo testigo presentó producto de una maniobra judicial justamente impulsada por Clarín. Según consta en el acta, el hermano de Graiver presentó este escrito del que se sirve Ercolini "a requerimiento de AGEA", que es la razón social que edita el diario Clarín.
A pesar de estos y otros elementos, el 24 de mayo de 2017 los jueces Ballestero y Leopoldo Bruglia, de la Sala I de la Cámara Federal, confirmaron el sobreseimiento de Magnetto y compañía. Esta vez no pudo opinar el juez Freiler gracias a una maniobra jurídico-mediática orquestada por La Nación para apartarlo. Al juez Bruglia lo nombró el gobierno de Macri a fines de 2016.

Estado cómplice.
En síntesis, por un lado los jueces aisalaron la venta forzosa del contexto dictatorial; por el otro, desvincularon a Clarín, La Nación y La Razón de Videla, Massera y Martínez de Hoz. Esta doble operación tuvo como objetivo dejar constancia judicial de la versión Magnetto de esta historia: se trató de una venta entre privados fuera de toda presión y extorsión. Ni las amenazas ni los posteriores secuestros, violaciones y asesinatos tuvieron, para los jueces, ningún vínculo con el traspaso forzado de Papel Prensa.
Papel Prensa es el paradigma de las violaciones a la libertad de expresión. El monopolio del principal insumo de los diarios, el papel, restringió y hasta bloqueó la posibilidad de un sistema de medios gráficos que le hiciera sombra a Clarín y a su socio menor, La Nación. La Razón fue absorbida por Clarín junto a su participación accionaria en la empresa. El Estado, en varias administraciones, fue cómplice de esta situación, limitando su participación como accionista de Papel Prensa a mero espectador de las maniobras de los socios privados. (Extractado de Nuestras Voces).