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Para la Federal es delito pedir justicia

LA SEMANA PAMPEANA

I – La infiltración por parte de la Policía Federal, con la anuencia del juzgado adjunto, de la marcha en apoyo al juez Ramos Padilla que filmaron tres agentes encubiertos subrepticiamente, les planteó a los pampeanos, una vez más, el papel de ambos organismos en nuestra provincia. La marcha tenía como objeto, lejos de hostigar a la justicia, apoyar la tarea de un juez hostigado por el gobierno nacional, y sostenerlo en su tarea de investigar la red de espías con conexiones judiciales, diplomáticas y periodísticas que se abrió a partir del intento de extorsión a un empresario. Puede decirse que los manifestantes actuaban en consonancia con la Corte Suprema, que apoyó al juez dándole más recursos y con la Cámara Federal de Mar del Plata, que lo sostuvo ante el intento de recursarlo.

II – Así, la manifestación de apoyo al juez debió contar con la simpatía del magistrado local, colega del apoyado, pues surgió como una acción de defensa de la ciudadanía de la justicia contra el intento del gobierno nacional de sacar al juez de esa causa. Las manifestaciones se sucedieron en todo el país y en Santa Rosa congregó a una buena cantidad de personas que ejercieron el derecho constitucional de peticionar a las autoridades y de expresar sus ideas libremente. El juez y los restantes funcionarios judiciales, lejos de sentir la obligación de recibir a la manifestación que defendía el accionar de un colega y expresar su opinión en un tema tan central para la «institucionalidad», no solo no los recibieron sino que los mandaron a espiar con la policía.

III – Más acorde con lo que investiga el juez Ramos Padilla que con lo que se espera de un juzgado y una policía de una república, la respuesta no fue un diálogo civilizado entre el juez y los manifestantes, sino la maniobra siniestra de mandar a espiar con policías de civil infiltrados en la marcha. Si, como dijo el juez al ser consultado, filmar marchas es normal y dentro de la ley y los reglamentos, esa tarea la tendrían que haber hecho de uniforme y de frente ante la multitud y no de la manera subrepticia más acorde con el accionar de un «grupo de tareas» que de una policía de la democracia.

IV – (Dice la ley de «habeas data» que «la recolección de datos no puede hacerse por medios desleales o fraudulentos», que «deben ser almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso de su titular» y que «deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados». Está claro que la recolección de datos personales en imágenes de los participantes se hizo de manera ilegal, pues las personas que allí ejercían su derecho a manifestarse no sabían que los estaban filmando. ¿Tendrán acceso a esas imágenes si lo solicitan al juzgado? ¿Destruirá el juzgado ese material una vez «utilizado»?).

V – El episodio sirvió para mensurar el avance autoritario de la política nacional de criminalización de la protesta social y la utilización de la Policía Federal y del juzgado adjunto como instrumento de represión del derecho de las personas a manifestarse. La extensión de la crisis a sectores que eran hasta ahora socios del gobierno plantea hasta dónde llegará la Policía Federal y el juzgado adjunto en su papel de espiar y vigilar a quienes protesten contra políticas nacionales. Porque el que está a punto de salir a las rutas nuevamente es el «campo», cuyos representantes han salido a romper lanzas con el gobierno y desde sus filas, los más exaltados amagan en estos días con movilizar como hace diez años contra la 125 (y nadie los espió).

VI – Es que la decisión de los organizadores de la tradicional muestra rural de General Acha de suspender la exposición ante la crisis económica fue en la semana uno de los puntos de inflexión más notorios en los apoyos que el gobierno nacional tuvo en la provincia. Hasta hace un año, desde ese sector se defendía y auspiciaba la presencia de funcionarios nacionales y sus representantes locales, autores de la política económica que hoy les provoca la inédita medida de suspender la muestra. Mucho más claro y sorprendente fueron las durísimas declaraciones de los socios del gobierno macrista en las filas del campo que, solo horas después de la suspensión de la muestra achense, salieron a advertir que el país está por «reventar» por la destrucción de la economía productiva argentina y la «timba financiera», auspiciada por sus antiguos socios políticos hoy en el gobierno. ¿Qué hará la Policía Federal y el juzgado adjunto si vuelven a cortar rutas? (LVS)