Para postergar los desalojos

Puede considerarse como muy positiva, además de oportuna, la reciente prórroga por parte del Senado de la Nación de la Ley 20.160. Ese instrumento legal posterga los desalojos en tierras habitadas por pueblos originarios, a partir de varias situaciones conflictivas en el país, la más reciente y conmocionante ocurrida en Cushamen, Chubut, con las derivaciones por todos conocidos.
La ley, sancionada y promulgada en 2006, establecía “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes”, al tiempo que suspendía por cuatro años la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan esas comunidades. Además establecía que debía ser el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas el que, junto con otras entidades oficiales y entes no gubernamentales, entendiera en las acciones necesarias. Sin embargo los relevamientos indicados por la norma han tenido sucesivas prórrogas, la última de las cuales hubiera vencido el 23 de noviembre próximo, en una circunstancia evidentemente nada propicia, dejando las puertas abiertas a intereses poderosos que buscan apropiarse de esos bienes.
El problema es muy anterior a la fecha en que se sancionara la ley. La llamada “Conquista del Desierto” en Argentina fue, desde sus mismos inicios, una avanzada por la apropiación de la tierra. En pocas palabras, puede decirse que las pampas argentinas, una de las llanuras más fértiles del mundo, quedaron mayoritariamente en manos de un puñado de familias, expulsándose sus antiguos pobladores autóctonos hacia áreas marginales o, todavía peor, causando la desposesión total.
Pero la suerte de esas tierras inicialmente concedidas a los aborígenes cambió radicalmente al descubrirse que en su subsuelo abundan recursos muy cotizados: petróleo y gas fundamentalmente. Ante esa realidad los pobladores originarios se vieron enfrentados a una nueva embestida de terratenientes y corporaciones que codiciaban esas áreas ante la perspectiva de realizar grandes negocios y sin tener para nada en cuenta la presencia de los antiguos habitantes. De allí que, ante los justificados reclamos, se dictara esta norma.
Este último atropello en Cushamen no constituye una novedad; durante varias décadas los pobladores originarios han venido soportando los avances de quienes quieren terminar de despojarlos del todo. La ley comentada, aunque condicionada por un plazo, vino a poner un freno a las ambiciones generadas por las nuevas posibilidades de aprovechamiento.
La mayoría opositora en el Congreso fue una barrera para el Ejecutivo nacional que quiso acortar los plazos en forma ostensible. Para no quedar en minoría ante un tema que se reactualizó a través de la desaparición de una persona el macrismo, en una hábil jugada, se sumó al voto mayoritario. Así evitó quedar en soledad oponiéndose a los antiguos reclamos de los pueblos indígenas.