Para recuperar la cultura del trabajo

El gobernador electo planteó una preocupación que ha estado presente en todos los gobiernos aunque no siempre expresada en voz alta: el elevado nivel de ausentismo en la administración pública facilitado por el accionar irresponsable de profesionales de la salud.
Las carpetas médicas se han convertido en el pasaporte de no pocos empleados públicos para faltar abusivamente o para esquivar sin razones fundadas un destino laboral. Los faltadores seriales o "empleados mañeros" encuentran generoso apoyo en médicos, psicólogos y psiquiatras que con extrema liviandad y sin hacerse cargo de sus responsabilidades, justifican lo injustificable con graves consecuencias para la organización del trabajo y las prestaciones del Estado.
Los certificados se multiplican sospechosamente en cercanía de feriados o fines de semana "largos" que los ventajeros aprovechan a pesar del ya muy generoso almanaque de días no laborables que se han multiplicado en los últimos años y que benefician especialmente a los empleados públicos.
Esa falta de compromiso con el trabajo, ese abuso cometido con los dineros públicos, provoca indignación en quienes observan semejantes conductas que se han vuelto tan frecuentes. Es, quizás, una de las principales causas del desprestigio en que ha caído buena parte de la administración pública, aunque se trate de una situación odiosa porque pagan justos por pecadores y genera malestar entre aquellos empleados que cumplen con responsabilidad y asumen con dedicación su tarea en el Estado.
En buena hora que el nuevo gobernador haya planteado sincerar esta situación y se disponga a abordarlo comprometiendo a los colegios profesionales, porque sin esa imprescindible "colaboración" sería imposible avanzar. Constituye una evidente falta de ética usar y abusar de las atribuciones profesionales para justificar tan livianamente lo injustificable y promover conductas tan dañosas para la organización y el desempeño de las reparticiones públicas.
Demasiado esfuerzo vienen realizando las arcas del Estado pampeano para mantener una planta de personal absolutamente sobredimensionada (por razones político-electorales muy conocidas y tratadas frecuentemente en esta columna). Si ese gran esfuerzo económico colectivo que realizan todos los pampeanos, encima, se malgasta en pago de haberes que muchos aprovechadores no se ganan ni se preocupan por ganar, las cosas se tornan más graves.
Esto es independiente de los reclamos salariales que plantean los trabajadores, de las discusiones paritarias abiertas en los últimos tiempos y de la legítima defensa de los derechos por las buenas condiciones laborales. Este problema en particular pasa por otros carriles y tiene que ver con el grado de cumplimiento de quien acepta una responsabilidad laboral y luego la incumple en provecho propio, a partir de un sistema que se ha degradado por falta de compromiso y de controles adecuados. Sería de esperar que el nuevo gobierno logre avanzar con este auspicioso anuncio y que los colegios profesionales y sindicatos no se conviertan en un obstáculo en la tarea de volver a restituir la cultura del trabajo que tanto se ha deteriorado en buena parte de los organismos públicos.