Pasó lo que tenía que pasar

Mientras pasan las horas no dejan de sumarse nuevos pedidos de renuncia al ministro de Seguridad a medida que se va conociendo con mayor precisión cómo fueron los hechos en la noche trágica del domingo en cercanías de Lonquimay. Diputados provinciales, un diputado nacional, organizaciones políticas, sociales y gremiales se están pronunciando en contra de la permanencia del funcionario que viene rompiendo todos los récords en materia de acumular cuestionamientos públicos.
La justificada indignación social que despertó la violenta muerte de un hombre se amplifica ante la convicción de que se estaría en presencia de un caso de “gatillo fácil”. El relato de lo sucedido por parte de un funcionario judicial que inmediatamente se hizo presente en el lugar de los hechos y de uno de los ocupantes de la camioneta baleada, habilita esa sospecha pública.
No son pocos los que consideran que esta tragedia resulta una suerte de culminación “natural” frente a un despliegue de violencia policial creciente que venía siendo advertido -y objetado- por distintos actores sociales, y una reacción a todas luces insuficiente por parte del poder público para poner freno y controlar esa peligrosa tendencia.
A los múltiples pedidos de renuncia se sumó también una convocatoria a una concentración pública en el centro de la capital pampeana para este viernes a fin de manifestar el rechazo al desempeño policial y ministerial. Además, el caso, por su nivel brutal de violencia, trascendió ámbito de nuestro territorio y se instaló en los medios nacionales.
Desde esta columna, como también desde otros medios provinciales, se viene insistiendo en que el mantenimiento de una figura tan cuestionada en el gabinete le está significando un costo político demasiado elevado al Ejecutivo provincial. Esta muerte que ahora llegó de la mano del accionar policial violento no hace más que confirmar aquellas advertencias. Ahora el gobierno debe enfrentar esta creciente ola de descontento, que incluso tendrá presencia activa en las calles, y la trascendencia nacional de un caso que no lo deja bien parado. Y todo por mantener en funciones a un individuo que -como lo demuestra en cada oportunidad que se le presenta- no puede pasar por la función pública sin desprenderse de su acendrado autoritarismo ni dejar de provocar un estado de crispación social.
No es ocioso recordar que la condena que pesa sobre su humanidad fue dictada, precisamente, por el delito de “abuso de autoridad” cometido en su accidentado paso por la intendencia santarroseña. Tampoco está demás recordar que en los tribunales duerme desde hace un largo tiempo la apelación presentada por el condenado. ¿Estarán esperando sus señorías que el reo termine de ejercer su cargo en el gobierno para dignarse a fallar?
En un comunicado oficial el ministro afirmó que “nunca se dio orden” a la policía “en forma distinta a la normativa legal y reglamentaria vigente”. Pero en una entrevista radial, divulgada por estas horas, había dicho otra cosa. La violenta actuación policial permite discernir cuál de las dos instrucciones tenía vigencia efectiva en el terreno de los hechos.

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