Pero con Macri, los derechos humanos están siendo recortados

SE MANTIENEN LOS JUICIOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

El 25 de agosto se dictará sentencia en la megacausa La Perla, en Córdoba. Los juicios por derechos humanos han continuado, afortunadamente. Sin embargo se nota el negativo cambio de época en esta materia.
EMILIO MARIN
Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia venían de años anteriores, con destacada estadística durante el kirchnerismo. A mayo pasado la agencia Télam informaba: “son diez los juicios simultáneos por delitos de lesa humanidad durante la dictadura”.
Esa cifra disminuyó a nueve porque el 27 de mayo se dictó sentencia en el juicio por el “Plan Cóndor”, iniciado en 2013, que había sentado en el banquillo a militares argentinos y a uno uruguayo. Se los acusaba de crímenes cometidos en aquel plan represivo coordinado por las dictaduras de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, con el visto bueno del Departamento de Estado de Henry Kissinger. Con los quince represores que recibieron condena, el número de genocidas condenados llegó a 703.
El único límite político es que la abrumadora mayoría son militares, policías y gendarmes, siendo muy escasos los civiles que se llevaron su merecido. La impunidad sigue caracterizando a este actor de importancia en aquel golpe de Estado.
La postura del pueblo argentino, sus organismos de derechos humanos y los elementos de prueba acumulados en estrados judiciales durante tantos años, etc, han garantizado que esos procesos siguieran adelante aún luego del cambio de gobierno nacional.
Es más, a los juicios que seguían en Morón contra ex jefes de la Fuerza Aérea, en Mendoza contra los ex jueces y camaristas, en Buenos Aires por la causa ESMA, en Salta por la causa Orán, en Córdoba por la megacausa La Perla, en Jujuy por la causa Tumbaya y en Tucumán por el Operativo Independencia, se agregó uno en Formosa contra un gendarme acusado de 32 privaciones ilegítimas de la libertad, 28 tormentos agravados y cuatro desapariciones forzadas.
Lo más importante de este mes será la culminación del iniciado en diciembre de 2012 en Córdoba, la megacausa La Perla, que tiene como acusado principal al ex general Luciano B. Menéndez. Originalmente los acusados eran 53 pero la justicia ha llegado después de tantísimos años que once de los represores, algunos de avanzada edad, fueron falleciendo.
Aún con ese límite, todo indica que la mayoría de los acusados será condenada a duras penas. El fiscal Facundo Trotta pidió cadena perpetua para Menéndez, pues lo consideró responsable de 670 hechos de privación ilegítima de la libertad, 655 tormentos, 331 homicidios y otros delitos. En caso que el Tribunal Oral Federal I lo acepte, sería la condena número 19 que cae sobre el ex mandamás del III Cuerpo de Ejército: 17 son a perpetua y otras dos son penas menores.

Límites políticos y jurídicos.
Estos juicios ponen a Argentina a la vanguardia mundial pero a su vez tienen el límite de que los empresarios y otros civiles socios y cómplices de la dictadura, salvo excepciones, no han pagado por sus acciones represivas.
Uno de los íconos de esa impunidad es el empresario azucarero Carlos P. Blaquier, que tiene al menos tres causas avanzadas en los tribunales de Jujuy con graves imputaciones, entre ellas por “La noche del Apagón”, pero en marzo de 2014 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación le dictó la falta de mérito. El dueño del ingenio Ledesma y muchas otras empresas, además de 155.000 hectáreas, no pasó ni un solo día detenido, a pesar de que las camionetas de su firma fueron empleadas para secuestrar a centenares de personas en ese aciago julio de 1976 en Calilegua y Libertador General San Martín.
Si se toma de hito esa impunidad de Blaquier, seguida del fallo que favoreció al dueño del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot, acusado del asesinato de dos obreros gráficos, se puede observar que en los juicios empieza a darse una contracorriente negativa. Hay expresiones concretas.
Una es que la Justicia comenzó a dar en forma masiva detenciones domiciliarias invocando la edad de los condenados, más de 70 años, cuando no se trata de un beneficio automático sino que depende de una evaluación judicial. Un ejemplo negativo es la megacausa La Perla, donde 23 enjuiciados que están aguardando sentencia en sus domicilios, comenzando por el multicondenado Menéndez. Solamente 20 están en el establecimiento penitenciario de Bouwer.
Esta suma facilidad para que los represores vayan a sus domicilios antes de los juicios e incluso después de condenados no es una particularidad de Córdoba. Es un fenómeno nacional, que se ha acentuado desde que gobierna Mauricio Macri.
En eso ha influido que el ministro Germán Garavano recibiera a la defensora de genocidas Cecilia Pando y que el secretario de DDHH, Claudio Avruj, hiciera lo propio el 14 de enero pasado con la presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus víctimas (Deltyv), Victoria Villarruel. En ambos casos se abogó por mejorar la situación de los represores y las domiciliarias fueron una respuesta a ese planteo.
Hubo más. Ambito.com publicó que desde febrero pasado hasta el 27 de julio, los juzgados federales concedieron las prisiones domiciliarias a 50 militares y policías encarcelados por delitos de lesa humanidad.
El actual ministro de Defensa, Julio Martínez, derogó una resolución de su antecesor Agustín Rossi, que prohibía a esos encarcelados atenderse en hospitales militares. La prohibición se dictó en 2013 luego de la escandalosa fuga del Hospital Militar de dos militares, Jorge Olivera y Gustavo De Marchi.
Aquel periódico informó que el jefe del Ejército, Diego Suñer, envió un coronel a visitar a los militares detenidos por causas de DDHH. Les prometió que la fuerza se esforzará “porque los mayores de 70 años y enfermos tengan prisión domiciliaria”.

Fallos injustos.
Hubo fallos que levantaron polvareda, como el de la causa “Capilla del Rosario”. En 2013 el Tribunal Oral de Catamarca condenó a tres ex oficiales del Ejército, Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Exequiel Acosta. Los halló responsables del fusilamiento de 14 militantes del ERP que en agosto de 1974 se habían rendido tras su intento de copar un cuartel.
Pero en junio de 2016 la Sala III de la Cámara Federal de Casación anuló esas condenas por considerar que no fueron delitos de lesa humanidad. Dijo que a la fecha no existía un plan de exterminio como hubo después y que existía un gobierno constitucional. Dos camaristas votaron eso, Eduardo Riggi y Liliana Catucci, con el voto en contra de Ana Figueroa. Por suerte el fiscal Javier de Luca recurrió ese fallo ante la Corte Suprema.
¿Qué hizo el represor Carrizo Salvadores una vez en libertad? Fue a Tucumán a participar del desfile del Bicentenario, como una unidad del Operativo Independencia, el mismo que es motivo del juicio en aquella ciudad, con 20 acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 269 víctimas. Además de ese genocida, de los desfiles participaron Aldo Rico y el teniente coronel retirado Emilio Nani, un defensor de la última dictadura militar, quien afirmó que “los derechos humanos en nuestro país siempre estuvieron en manos de terroristas”.
Mauricio Macri fue entrevistado estos días por la agencia mexicana Notimex. Preguntado por el hecho de que “un golpista como Aldo Rico marche en las fiestas patrias” y si “no le incomoda que sectores que justifican los delitos de lesa humanidad puedan sentirse amparados por su gobierno”, el presidente contestó: “No, no. Yo trato de que acá la gente se exprese con libertad”.
Otro fallo muy negativo fue el de la Cámara Federal de Bahía Blanca, en junio pasado, aceptando la recusación contra el juez Alejandro Ramos Padilla. Había sido pedida por el defensor del imputado Luis María Delaico, argumentando que Ramos Padilla había sido defensor de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, e intervenido en el juicio al represor Miguel Etchecolatz y en la causa contra la AAA, por lo que habría perdido la “objetividad”.
Esos argumentos fueron los mismos que empleó Blaquier para sacarse de encima al fiscal que lo investigaba, Pablo Pelazzo, y trató de hacerlo también con el juez Fernando Poviña.
En la reunión del Consejo Federal de DDHH en Tucumán, la presidenta de Abuelas Estela de Carlotto expresó sus críticas a la política macrista. La polémica con Avruj fue pública. Carlotto venía de encontrar al nieto recuperado n° 120.
Un poco más al norte, Milagro Sala y otros 10 militantes de la Tupac Amaru siguen presos con causas inventadas por el gobernador Morales, con el aval de Macri.
Esas son realidades amargas. Y encima sobrevuela como amenaza el Protocolo de Seguridad dado a conocer por Patricia Bullrich, desde Bariloche: “a los manifestantes les damos 5 ó 10 minutos, y si no se van, los sacamos”.
En tiempos de ajuste y pérdida de empleos -que suponen una violación a los derechos humanos más elementales- la amenaza de Bullrich completa el combo del PRO.
Para el gobierno todo sería dentro de la ley. Para Horacio Verbitsky, del CELS, en cambio, los términos correctos son otros: “hay una política de violación de los DDHH que responde a un gobierno, que se realiza dentro de la legalidad”. Así lo manifestó el 17/6, al presentar el Informe Anual de la entidad sobre los DDHH en la Argentina.

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