Persecución política

La reciente decisión de la Justicia jujeña de sacar a Milagro Sala de su prisión domiciliaria y devolverla a la cárcel de Alto Comedero parece obedecer a “razones que la razón no entiende”. En principio porque las que se alegan (y que avalan los jueces obedientes al gobierno provincial) son endebles y apestan a cosa forzada, confirmando que lo que busca el gobernador jujeño es, lisa y llanamente, ejecutar un acto vengativo contra alguien que lo contrarió, logrando un éxito político.
Lo que sorprende, y mucho, es la actitud del gobierno nacional y de la Corte Suprema de Justicia, quienes avalan con su silencio tan arbitrario proceder. El presidente no puede ignorar que semejante decisión, que desafía decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de otras instituciones respetadas, le genera a su administración una cuota de desprestigio imposible de ocultar. Además los argumentos legales usados para justificar el nuevo traslado de Milagro Sala son jurídicamente muy débiles. A todo esto se suma el espectacular cerco de vigilancia de la prisionera que se montara en torno a la vivienda y que no hace más que aumentar el desprestigio de la Gendarmería.
A tan irregular situación, que ha sido objeto de cobertura de la prensa internacional, se agrega la compleja trama interna de complicidades y relaciones familiares, políticas y comerciales en el Estado provincial que se va conociendo y que contamina al caso con una atmósfera muy turbia. Un reiterado rumor en los medios políticos agrega su cuota al proceder irracional del Ejecutivo y Legislativo jujeño. Al parecer, a la irritación constante que causan al gobernador las declaraciones de Sala y la indiferencia que muestra frente a su calvario personal, se agregó la molestia de que la prisionera, en una de las breves apariciones que le permiten, elevó su voz de protesta por la aparición de Santiago Maldonado.