Persecución política disfrazada de Justicia

El procesamiento a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se conoció el mismo día que el fiscal federal Federico Delgado denunció una persecución por parte del juez Claudio Bonadío y el titular de la AFI Gustavo Arribas. Así está el Poder Judicial que pretende combatir la corrupción en la Argentina de nuestros días.
Hasta en el listado de 22 empresarios procesados se advierte el direccionamiento de la investigación del juez federal que mayor cantidad de pedidos de juicio político acumula en el Consejo de la Magistratura. Los hombres de empresa que no aceptaron negociar una declaración como arrepentidos ni recitar el libreto preestablecido por el juez y el fiscal Carlos Stornelli seguirán en la cárcel. En cambio, los que se allanaron a esa exigencia y se prestaron a delatar o inculpar sin pruebas a funcionarios del gobierno kirchnerista se aseguraron dormir en sus casas.
Hay que ser demasiado oficialista -como los periodistas de los grandes medios porteños- para darle credibilidad a una acusación basada en declaraciones y testimonios pero carente de pruebas como la que presentó el juez que en su momento fue eyectado de la causa AMIA por su calamitoso desempeño. Y no es porque falten elementos de sospecha. La obra pública en nuestro país es un conocido foco de corrupción, pero es ridículo pretender que las conductas delictivas comenzaron en 2003 y finalizaron en 2015. En ese punto -entre otros- se advierte el ánimo de persecución política que recorre toda la causa.
El cambio de declaración de José López es otra pieza fallida del engranaje acusatorio. Cuatro veces modificó su testimonio, la última como “arrepentido”, lo que tanto ansiaban Bonadío y Stornelli. Claro que lo que dijo la prensa oficialista -que accede a la causa con pasmosa facilidad a pesar del secreto de sumario- no es lo que figura en el expediente. Pero no importa demasiado: el objetivo principal es disparar munición gruesa contra la expresidenta; lo demás es accesorio.
La acusación a CFK de encabezar una asociación ilícita no está respaldada por ninguna prueba. En las más de 500 páginas del texto no se presenta ninguna evidencia de dónde están los dólares, ni los bienes, ni las cuentas, ni las sociedades ni las bóvedas con el dinero presuntamente acumulado. El cuerpo del delito brilla por su ausencia. Además ningún testigo o arrepentido, salvo el ubicuo José López, dijo haber acordado o entregado algo a la acusada.
Entre los procesados hay ausencias estridentes. No figura Paolo Rocca, tampoco Franco Macri ni su hijo Mauricio, a pesar de que sus empresas fueron mencionadas expresamente como integrantes del “club de la obra pública” o del “club de los peajes” que pagaron coimas en el período investigado. Del lado de los funcionarios involucrados también sorprende la ausencia de Juan Manuel Abal Medina, quien admitió que le entregaron dinero para una campaña electoral.
El direccionamiento de la persecución penal contra el kirchnerismo es harto evidente. El nivel de arbitrariedad de los procedimientos, también. La patética excursión de retroexcavadoras para hacer pozos en el sur o el allanamiento a la casa de la expresidenta, que duró tres días con destrozos inauditos, es una muestra del ensañamiento aplicado por la dupla Bonadío-Stornelli. Simétricamente, el cuidadoso apartamiento de los empresarios cercanos a la cúpula del macrismo completa este cuadro desolador.
Se reitera: no faltan motivos para investigar la obra pública, pero no es limitando ladinamente el período investigado que se llegará a buen puerto, ni otorgándole la conducción de la pesquisa -mediante el sistema de “forum-shoping” y sin el sorteo que exigen los procedimientos- a un fiscal y un juez que no tienen idoneidad ni autoridad técnica ni moral para semejante tarea.