Petróleo: secuelas del menemismo

El profundo retroceso que significó la década menemista para el país sigue dejando secuelas. La actual discusión por una nueva ley de hidrocarburos es una de ellas.
Cuando el tándem Menem-Cavallo-Dromi pergeñó la privatización de la petrolera estatal YPF y la desrregulación del mercado petrolero, lo hicieron a medida de los intereses de los grandes grupos económicos y en desmedro del país.
El complemento de esa felonía fue incorporar en la reforma constitucional de 1994 a los hidrocarburos como propiedad de las provincias a pesar de tratarse de un recurso energético altamente estratégico. Más tarde hubo otras leyes que reforzaron el descuartizamiento de la política energética como la llamada Ley Corta sancionada en los albores del kirchnerismo, que transfería a las provincias los permisos y las concesiones de explotación de hidrocarburos. El único voto que se opuso en el Senado fue de un legislador socialista por Santa Fe quien sostuvo que la norma era “coherente con la ley de privatización de YPF, y es la continuación de la política neoliberal de los noventa en materia energética”.
Ahora el Estado nacional y varias de las provincias productoras de hidrocarburos se han trenzado en un áspero debate para ver quién se queda con los resortes fundamentales de la política hidrocarburífera. El gobierno nacional argumenta que la política petrolera forma parte de la política energética y debe ser única para todo el país, como podría ser la política ferroviaria. Desde las provincias se replica que la propiedad y la administración les corresponde.
No hay dudas de que lo mejor para los intereses del país sería volver a centralizar las decisiones, como ocurría antes del aluvión menemista y cuando YPF era propiedad del Estado. Dividir para reinar, fue la consigna de los privatizadores en la década de los noventa, sabiendo que el descuartizamiento del Estado era el mejor camino para favorecer a las empresas privadas, muchas de ellas de capital multinacional.
Bien sabido es el enorme poder económico que poseen las corporaciones petroleras. Y no hay que ser marxista para saber que el poder económico es poder político. La correlación de fuerzas cuando hay que pararse ante esos mega-grupos económicos no es la misma cuando el interlocutor es el Estado nacional que cuando lo son los Estados provinciales. Este problema fue advertido por muchas voces que se alzaron en los años noventa. Por supuesto que no fueron escuchados y hoy se puede ver quién tenía razón. YPF debió ser “recuperada”, mediante la compra de la mayoría del capital accionario, de manos de sus dueños españoles que la habían degradado y descapitalizado a límites de infamia. Hoy la empresa muestra un nivel de actividad muy superior y está descubriendo nuevos yacimientos y ampliando el volumen de reservas del país a un ritmo que nunca, ni por asomo, tuvo bajo Repsol.
La enseñanza debería servir para sentar a la mesa a los gobernadores y Nación. Si lo que prevalece es la defensa del interés general frente a los intereses particulares, debería haber acuerdo en volver a unificar una política nacional, con participación, desde luego, de los Estados provinciales.