Pidieron el juicio político a camaristas del fuero laboral

El ministro de Trabajo denunció ante el Consejo de la Magistratura a los dos jueces de la Cámara Laboral que avalaron el acuerdo paritario de los bancarios, que prevé un aumento salarial por encima de la pauta que pretende el gobierno nacional.
IRINA SANTESTEBAN
El titular de la cartera laboral, Jorge Triaca, pidió el lunes pasado el juicio político a los camaristas Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, en lo que constituye una peligrosa arremetida contra la independencia del Poder Judicial, una bandera que enarboló Mauricio Macri en su campaña electoral. Es que en aquellos años de opositor al gobierno nacional, no sólo se opuso a la reforma judicial que intentó llevar adelante la ex presidenta Cristina Fernández, sino que acusaba al kirchnerismo de intentar "domesticar" a la Justicia.

 

Primero con la Corte.
A los pocos días de su asunción, el primer mandatario hizo honor a aquella máxima que dice: "dime de lo que presumes y te diré de lo que careces". Fue cuando intentó por decreto designar a dos jueces en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dando por tierra con el procedimiento que marca la Constitución Nacional, y el decreto 222/03, del ex presidente Néstor Kirchner, que estableció una audiencia de consulta pública previo a la designación de cualquier miembro en el tribunal supremo. Luego tuvo que dar marcha atrás, respetar el procedimiento constitucional y el Senado le prestó acuerdo a ambos postulantes: Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz.
Recientemente, hubo otro intento de intromisión en la composición de la Corte Suprema, cuando se negó a acompañar el pedido de la ministra Elena Highton -quien alcanzó la edad para su retiro: 75 años-, de permanecer otros 5 años, previo acuerdo del Senado, tal como lo permite la Constitución Nacional. Fue otro ejemplo del doble discurso del presidente, quien dos años atrás se escandalizaba cuando el gobierno kirchnerista cuestionaba la permanencia en la Corte Suprema del casi centenario juez Carlos Fayt, y acusaba a la ex presidenta Cristina Fernández de querer provocar su renuncia.
Highton logró permanecer gracias a un amparo que tuvo favorable resolución, pero quedó bien claro que para el actual gobierno, el criterio para la permanencia de los jueces no es el que establece la Constitución Nacional, sino el de su conveniencia política.

 

Presión contra la procuradora.
Mucho más claro y directo han sido los embates del presidente Macri y su gobierno contra la titular del Ministerio Público Fiscal, Alejandra Gils Carbó. Acusada de ser "kirchnerista" y miembro de Justicia Legítima -como si fuera un delito pertenecer a esa asociación civil que cuenta con personería legal-, la Procuradora ha resistido los golpes tanto del primer mandatario como del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, que insisten en que ésta es un "obstáculo" para las reformas que intentan imponer.
Sin embargo, cuando pretendieron aprobar en el Congreso la reforma al Ministerio Público Fiscal, ni sus aliados los acompañaron, y tuvieron que retirar el proyecto, que incluía limitar el mandato de la Procuradora.

 

Un acuerdo no grato.
Ahora, sin ningún pudor, el gobierno avanza contra dos magistrados del fuero laboral, luego que éstos acogieran favorablemente un amparo interpuesto por el sindicato de los trabajadores bancarios, para que se respete un acuerdo paritario al que habían arribado con la mayoría de las cámaras patronales del sector.
Se trata de La Bancaria, quien había firmado en noviembre de 2016 un aumento salarial del 23,5 por ciento a pagar en una sola cuota con los haberes de enero, que incluía un 4% de reajuste para 2016 y un aumento del 19,5% para 2017. Además, establecía un bono para el Día del Bancario (en el mes de noviembre) cuyo monto oscila entre los 21.000 pesos y los 39.000 pesos, según las categorías. Salvo ABA, entidad que agrupa a la banca extranjera, las dos restantes cámaras: Abappra (bancos públicos) y Adeba (bancos privados de capital nacional) habían aceptado el acuerdo, y ambas constituyen el 80% del sector patronal bancario.
Como el acuerdo superaba el techo del 18% que el gobierno nacional está intentando imponer a los gremios para los aumentos salariales de 2017, el ministerio de Trabajo se negó a homologarlo, y su titular, Jorge Triaca, llegó a plantear a los bancos públicos que no pagaran lo acordado. Esa actitud caldeó los ánimos de los representantes sindicales y algunos gobernadores, como el pampeano Carlos Verna, no acataron esa indicación, y el Banco de La Pampa liquidó el salario de sus empleados conforme el acuerdo firmado.

 

Castigar a los rebeldes.
El pedido de juicio político contra los jueces Arias Gibert y Marino es una señal muy clara del gobierno de Macri, que no puede ser vista sino como un intento de disciplinamiento del Poder Judicial. Esto es, aquellos jueces que dicten fallos contrarios a las políticas que impulsa el Poder Ejecutivo, serán denunciados ante el Consejo de la Magistratura y promovida su destitución.
Los cargos por los que se ha iniciado el procedimiento del juicio político son: mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave, arbitrariedad, falta de imparcialidad e incumplimiento de la Constitución Nacional.
Para Arias Gibert, la actitud del gobierno es "como crear una política de pensamiento", ya que no hubo mal desempeño ni negligencia, sino que el gobierno, simplemente, "no comparte los fundamentos del fallo".
En la edición de ayer del diario Página 12, se reproducen las declaraciones de Arias al programa Te Quiero, por AM 750: "Soy juez desde 1989. No viví nunca algo como esto, y mire que he dictado sentencias que no le gustaron a ninguno de los Poderes Ejecutivos".
Para el camarista, la actitud del ministro de Trabajo implica "negar el derecho a tener paritarias", y ese derecho es de los trabajadores, "no del Poder Judicial ni del Poder Ejecutivo". Por ello, considera que este pedido de juicio político encierra un mensaje hacia el resto de los magistrados que se animen a dictar fallos contrarios a decisiones del Poder Ejecutivo.
Arias Gibert es juez desde 1989 y expresó que nunca había pasado por situaciones así, aunque recordó que durante el gobierno de Fernando De la Rúa, recibió amenazas por haber dictado un fallo en contra de la reducción del 13 por ciento de los salarios de los empleados públicos y de las jubilaciones dispuesta por la entonces ministra de Trabajo, Patricia Bullrich.
Cualquier similitud con la actualidad, parece no ser pura coincidencia.

 

Jueces "preocupados".
Este ataque contra dos jueces laborales motivó la reacción de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, organización que nuclea a magistrados del trabajo de la mayoría de los países de América Latina. La ALJT expresó su "preocupación" frente a lo que consideran "ataques" contra jueces, en razón de decisiones y fallos judiciales cuyos contenidos afectan políticas de otros poderes del Estado argentino. Ello significa, a juicio de esta entidad, una "velada amenaza a la independencia de la totalidad de los jueces y magistrados" de nuestro país.
Para un gobierno que dijo haber venido a sacar al país del supuesto "aislamiento" al que estaba sometido, y que se muestra aparentemente preocupado por la consideración de la comunidad internacional, esta declaración constituye un dolor de cabeza más en un marco poco favorable por el escándalo del acuerdo con la empresa Correo Argentino, de la familia del presidente.
Es que para la ALJT, considerar "mal desempeño" al criterio sostenido por un juez en un fallo judicial, "destruye en sus bases el principio de separación de poderes e independencia del Poder Judicial". Y recuerda que jamás un juez puede ser removido de su cargo por el contenido de sus sentencias.

 

Otros jueces en la mira.
Aunque para los funcionarios de Cambiemos es un plan de "renovación judicial", en realidad se trata de apartar a aquellos jueces a quienes considera "kirchneristas" o simplemente, como el caso de los camaristas Arias Gibert y Marino, resuelven en contra de sus políticas.
Ese plan prevé cubrir unas 70 vacantes con magistrados que sean más afines al gobierno, a la hora de resolver sobre cuestiones sensibles en materia de política económica o en otros temas de relevancia.
Este año, el ministro de Justicia Germán Garavano intentará la remoción de algunos magistrados, como Eduardo Freiler, vocal de la Sala I de la Cámara Federal, y el juez federal Daniel Rafecas. A éste último no le perdonan haber desestimado la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández, por el memorándum con Irán.
Completan la lista la jueza Ana María Figueroa, de la Cámara de Casación; Oscar Hergott, camarista del Tribunal Oral Federal de la Capital, y Jorge Ferro, camarista federal de Mar del Plata. El propósito es elevar esos casos a juicio político, y negociar los votos en su interior para lograr sus destituciones.
Freiler está acusado de enriquecimiento ilícito, mientras que Rafecas, Figueroa, Hergott y Ferro fueron denunciados por mal desempeño.
Otro avance del macrismo sobre el Poder Judicial, ha sido la reciente designación, como Administrador General, de Agustín Cinto, un joven cuadro del PRO, luego de haber logrado la renuncia de Juan Carlos Cubría, hijo de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría.
Lo que no deja de asombrar es que los mismos medios de prensa que hace 4 años atrás, fustigaban a la ex presidenta por supuestos intentos de "avanzar" sobre el Poder Judicial, ahora informan de estas movidas en un tono neutro, como si no fueran claras presiones sobre la Justicia.