Pioneros en juzgar los crímenes de lesa humanidad

Argentina se encuentra a la vanguardia de los países en América Latina y en el mundo, en materia de castigo de los
crímenes de lesa humanidad, pero no sucede lo mismo con las actuales violaciones a los derechos humanos cometidos
por las fuerzas de seguridad en distintos lugares.
IRINA SANTESTEBAN
Los datos que brinda la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que dirige el fiscal Jorge Auat, y que depende del Ministerio Público Fiscal y de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, ponen de manifiesto los avances en los procesos judiciales que se vienen desarrollando, para enjuiciar y condenar a los responsables por los delitos cometidos durante la dictadura militar y la vigencia del terrorismo de Estado en la Argentina.
De esta forma, nuestro país se encuentra a la vanguardia en el enjuiciamiento de los crímenes considerados como de lesa humanidad, tanto respecto a sus pares de América Latina, como si lo comparamos con el resto del mundo.
De los datos de junio de 2014, surge que actualmente hay 298 imputados que están siendo enjuiciados en 16 procesos judiciales que se están llevando a cabo en Tribunales Orales Federales, en distintos puntos del país. Pero el total de procesados es superior, pues hay 1.128 en total, de los cuales 605 tienen ya una o más causas elevadas a juicio y 195 están con el requerimiento de las fiscalías actuantes para la elevación a juicio.
De estos procesados, 1.017 se encuentran detenidos, con un 62 por ciento que cumple prisión en cárceles comunes, un 36,2% tiene prisión domiciliaria, el 1,2% lo hace en dependencias de fuerzas de seguridad y un 0,6% en hospitales.
Respecto a los juicios, desde la realización del primer juicio a las Juntas, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se han celebrado 129 juicios, de los cuales 114 se desarrollaron desde 2004, habiendo concluido en 2013 un total de 24 procesos judiciales. En lo que va de 2014, concluyeron 7 juicios y en el segundo semestre se aguardan otros 7.

Condenados y procesados.
De esta abundante cantidad de juicios, se encuentran hoy condenados 529 represores, algunos con más de una condena. De ellas, sólo 114 se encuentran firmes, siendo una buena parte condenas correspondientes a procesos que se realizaron en los años 80 y por causas de apropiación de menores.
Quizás sea Luciano Benjamín Menéndez el que mayor cantidad de condenas tenga en su triste haber, pues tiene 8, 6 a prisión perpetua y 2 a penas menores. El otrora mandamás del Tercer Cuerpo de Ejército, con asiento en Córdoba, y con jurisdicción en diez provincias, se encuentra actualmente litigando en los Tribunales Federales de Córdoba, para que le restituyan la jubilación que se le había dejado de abonar por haber sido exonerado y dado de baja del Ejército.
No todos los juzgados fueron condenados, pues según los datos de la Procuraduría hay actualmente 56 que fueron beneficiados con la absolución. También hay 61 prófugos, y 4 procesados que se encuentran en proceso de extradición.
El más grande de los juicios que se están llevando adelante es la llamada Megacausa La Perla, en el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, con 162 audiencias orales tomadas, habiendo declarado ya 336 testigos.
Otro de los grandes juicios que se están desarrollando es el de la Causa ESMA, en la ciudad de Buenos Aires, que va por su tercera versión.

En América latina.
A pesar que durante los años 70 y 80 todas las dictaduras militares que gobernaron diversos países latinoamericanos y de Centroamérica cometieron crímenes aberrantes, que provocaron desapariciones y asesinatos, así como torturas y otras vejaciones consideradas como delitos de lesa humanidad, sólo Argentina se encuentra juzgando esos crímenes, que son imprescriptibles.
Ni Uruguay, ni Chile, ni Brasil, por citar sólo algunos, en los sucesivos gobiernos que han tenido desde el retorno a la democracia, han tomado la decisión política de investigar lo sucedido durante esos períodos dictatoriales, y menos aún juzgar los crímenes cometidos.
Por ello es que Argentina ha sido pionera, primero con el Juicio a las Juntas en el gobierno alfonsinista, y luego con la actual etapa, que lleva ya una década, de juicios donde los responsables de los crímenes están siendo juzgados y condenados. Aunque hubo muchos años de impunidad, de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, agravada por los indultos del presidente Carlos Menem, la anulación de aquellas normas a pocos meses de la asunción del presidente Néstor Kirchner, trajo aparejada el actual proceso de enjuiciamiento a los responsables del terrorismo de Estado.
Incluso se ha avanzado, aunque no con la misma rapidez, en el procesamiento a algunos empresarios que fueron cómplices de la dictadura. Tal el caso de Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, en la provincia de Jujuy, procesado por su complicidad con la represión conocida como "Noche del Apagón" en julio de 1976. Fue el secuestro de más de 400 personas en el pueblo Libertador San Martín, donde el Ejército utilizó camionetas provistas por el ingenio. Los familiares de los 33 desaparecidos en esa trágica noche, denuncian la paralización de la causa en la Cámara de Casación Penal.
En esta etapa de enjuiciamientos por los delitos de la dictadura, también ha habido acusaciones y procesamientos contra ex magistrados y funcionarios judiciales, algunos de los cuales como el santafesino Víctor Brusa, fueron condenados y otros, como los mendocinos Otilio Romano y Luis Francisco Miret, se encuentran procesados. Pero en este caso, en parte por los fuertes vínculos de los acusados con actuales magistrados, también se denuncia la lentitud con que se desarrollan estas causas.

Policías bravas y gatillo fácil.
Reconociendo estos grandes avances en materia de respeto a los Derechos Humanos, es necesario poner el acento sobre la vigencia de los mismos en la actualidad, en particular en lo que hace a la actuación de las fuerzas de seguridad.
Diversos organismos defensores de los derechos humanos, han denunciado desde la vigencia de las instituciones democráticas, la continuidad de las metodologías de tortura y vejaciones a los detenidos, tanto en las comisarías como en las unidades penitenciarias.
La campaña contra la Violencia Institucional, que nació en 2011 como parte de las políticas del Ministerio de Justicia, intenta luchar por lo que se ha dado en llamar una "seguridad democrática", para erradicar las prácticas de años de una policía brava, que en los 31 años de democracia que transita la Argentina, ha producido muchísimos casos de "gatillo fácil".
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que dirige el periodista Horacio Verbtsky, viene denunciando desde hace años la grave situación de las cárceles en la Argentina, en particular en la provincia de Buenos Aires. El distrito ha merecido reproches de organismos internacionales defensores de los derechos humanos.
Desde las torturas en cárceles provinciales como en Salta el año pasado, cuya filmación fue publicada en redes sociales, hasta la golpiza hace unos días, que le causó la muerte a un detenido en Jujuy; desde el caso de gatillo fácil del fin de semana pasado en Córdoba, donde dos policías mataron a un joven de 18 años e hirieron a otro; han sido constantes las denuncias de familiares sobre estos casos. La estigmatización de los jóvenes de barrios vulnerables, las vejaciones en las cárceles, tanto a los detenidos como a los familiares que los visitan, son una práctica que 31 años de democracia no han podido desterrar.

DDHH y multinacionales.
Entre los casos que se han ventilado en nuestro país, respecto a la responsabilidad de empresarios en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, surgen los casos de empresas como Ford, Mercedes Benz, el mencionado Ledesma, etcétera. La acusación consiste en la actuación de los empresarios, al proporcionar a los grupos de tareas de la dictadura, de los nombres y datos de los delegados gremiales y activistas sindicales, en la mayoría de los casos con complicidad de las burocracias gremiales, que luego fueron utilizados para secuestrar, detener y/o desaparecer a esos trabajadores.
A más de 30 años de esos hechos, las empresas multinacionales son cuestionadas en la Organización de Naciones Unidas (ONU) por violaciones a los derechos humanos en diversos países.
Según informa en su edición del pasado 15 de julio, el diario Página 12, en un artículo firmado por Gustavo Veiga, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó el 26 de junio una resolución por mayoría, a propuesta de Ecuador, para la creación de un grupo de trabajo intergubernamental que elabore un cuerpo normativo internacional vinculante en materia de derechos humanos, que regule las actividades de las empresas trasnacionales.
Esta resolución tuvo el voto favorable de Ecuador, Rusia, China, India, Cuba, Venezuela, Indonesia, Pakistán, Vietnam, entre otros. Argentina y Brasil se abstuvieron, mientras que votaron en contra 14 países, a instancias de Estados Unidos y el bloque de potencias europeas como Alemania, Inglaterra, Francia e Italia.
Esta resolución tiene por objeto evitar los desastres que se han producido en diversos países por la actuación irresponsable de grandes empresas, que producen daños ambientales irreparables, hasta muertes de trabajadores, como el derrumbe del edificio Rana Plaza, en Bangladesh, donde murieron 1.132 trabajadores.