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Política policial, ¿policía política?

LA SEMANA PAMPEANA

I – En la semana los pampeanos fueron sacudidos por lo que aparece como una operación política de una magnitud nunca vista desde la recuperación democrática. No solo por las instituciones que parecen involucradas, sino además por la audacia de presentarse camuflada como una «filtración» indebida. El intento de involucrar a la dirigencia política provincial con el narcotráfico ocurrió de la manera más burda: un oficio preguntando a una oficina municipal por una habilitación comercial de un supuesto narco, fue acompañada con la lista de las personas que la Federal investigaba entre quienes se contaban, junto a conspicuos prontuariados, un diputado, dos jefes policiales y un cura.

II – Este inexplicable comportamiento policial y judicial nacional obliga a preguntarse si se trata del accionar de una manga de incompetentes o, por el contrario, hay que sospechar de algo más grave. En los días transcurridos desde la filtración, las autoridades federales no han podido explicar por qué, si la pesquisa sobre los supuestos narcos pampeanos llevaba varios meses, se pidiera a la municipalidad una información que, en esa etapa investigativa, cualquier detective más o menos ducho en su oficio, hubiera conseguido fácilmente con solo preguntarla en la oficina correspondiente o, a través de un llamado telefónico de una autoridad policial o judicial federal al responsable del área municipal. De ser cierta y auténtica la investigación y no un montaje para dejar pegado a un opositor político, el envío de la nota faltó además a la necesaria reserva que, es de esperar, se debe guardar en instancias preliminares de una investigación sobre un tema tan delicado como es señalar a alguien por narcotráfico y sus maniobras económicas anexas. Exponer así a una lista de señalados por un anónimo denunciante deja abierta la sospecha y hace poco creíble la queja postrera de la justicia federal que se lamentó de la filtración pues «hería de muerte» a la investigación.

III – ¿Por qué la filtración hiere de muerte a la investigación? ¿Es que en todos los meses que pasaron desde el inicio de la investigación no se avanzó nada? Ser narco, huelga decirlo, es una actividad ilícita que no pasa inadvertida. Todo lo contrario, deja huellas fáciles de hallar cuando se tiene el poder del Estado para investigar: un simple análisis del patrimonio, de sus movimientos bancarios, de sus familiares o supuestos testaferros, de sus viajes, su estilo de vida. En una comunidad chica como la nuestra, nada de estas cosas puede ocultarse a los ojos de la gente común y menos de quienes se supone que están especializados en perseguir estos crímenes. Es de suponer que el anónimo que dio las pistas sobre los 25, aportó además elementos que hacían creíble su denuncia. La policía dispone de instrumentos con los cuales los celulares de las personas (con autorización judicial) pueden ser monitoreados todo el tiempo. Aún sin esa tecnología, las autoridades judiciales federales tienen el poder necesario para solicitar a las companías prestadoras del servicio de telefonía celular, los números y lugares desde donde y hacia donde se dirigían o recibían llamadas.

IV – Aquí es donde la credibilidad de la operación hace agua y queda al descubierto la posibilidad de que se trate de una operación de índole política. Porque en la lista de las 25 personas coexisten ilógicamente personas con exposición pública: un político, un cura y dos policías, con empresarios sin prontuario ligado al narcotráfico y otras personas que sí los poseen. ¿Qué tan difícil es para un equipo policial con apoyo judicial determinar las supuestas conexiones entre ellas y con el comercio de estupefacientes? En principio, nada difícil. A menos que la intención no sea descubrir nada, sino sembrar sospechas en épocas preelectorales luego que las urnas le dieran a los jefes políticos de la fuerza policial sospechada y su pata judicial, un castigo electoral ejemplar.

V – No sería, de comprobarse, un caso aislado de utilización política de las fuerzas federales destacadas en La Pampa. El caso del profesor universitario encarcelado por el inexistente delito de protestar arrojando huevos obliga a los pampeanos a tomar con seriedad el episodio. La sospecha de que esta difusión podría ser un intento de interferir en la vida democrática pampeana habilita a la Cámara de Diputados a tomar cartas en el asunto y citar a los funcionarios nacionales involucrados en esta supuesta investigación a dar explicaciones. Como representantes del pueblo de la provincia están facultados ampliamente por el artículo 68 de la Constitución Provincial para tomar «las medidas adecuadas» en «todo asunto de interés público y general». (LVS)