¿Por qué estirar tanto la cuerda?

Los procedimientos legales que rigen en la administración pública tienen un objetivo primordial: resguardar la transparencia de los actos de gobierno y el buen uso de los dineros del tesoro. Con frecuencia se oye a los funcionarios, especialmente del Poder Ejecutivo, quejarse porque la gestión se ve “entorpecida” o “demorada” por las exigencias de los organismos de control. Se produce así una colisión de intereses: por una parte, el funcionario político que quiere dar respuestas rápidas a las demanda de los ciudadanos (y más todavía si está en juego alguna promesa electoral) y, por la otra, las reparticiones responsables de que todos los procedimientos se realicen de acuerdo a las normas vigentes y se adopten los recaudos previstos para garantizar la necesaria transparencia que todo acto de gobierno requiere.
Esta controversia no siempre tiene resolución sencilla. La burocracia estatal es un mecanismo pesado, que involucra a muchos organismos y personas, que está sujeta a veces a las arbitrariedades y a las zancadillas que suelen prodigarse mutuamente los hombres de la política en el ejercicio del gobierno. Pero también debe decirse que aquellos funcionarios que justifican las “desprolijidades” formales bajo la excusa de la “ejecutividad” no pueden ignorar que, en más de una ocasión y con esos mismos argumentos, se disimularon procedimientos venales y se allanó el camino a actos de corrupción que permitieron el desvío de dineros públicos a bolsillos privados. En esta pequeña provincia argentina hay más de un condenado a prisión por tolerar o beneficiarse de tales “desprolijidades” y porque los organismos de control no cumplieron con su tarea específica.
Este diario ha venido siguiendo las vicisitudes de la licitación del segundo tramo del acueducto del río Colorado que sufrió considerables cambios con respecto a, nada menos, el origen del financiamiento de la obra. La UTE que ganó el concurso estaba comprometida a aportar los recursos económicos pero esa posibilidad se frustró producto de la crisis brasileña. Tal contingencia decidió al gobierno nacional a hacerse cargo de la financiación, con lo cual las condiciones iniciales variaron sustancialmente. Eso fue lo que desde el Tribunal de Cuentas se le señaló al Poder Ejecutivo y la necesidad de adecuar la legislación ante semejantes modificaciones contractuales. Como en la Legislatura el gobernador no encontró eco a su pedido en las mayoritarias huestes vernistas y marinistas viene empujando para seguir adelante sin ese imprescindible respaldo.
Extraña sobremanera esta actuación conociéndose (como se conoce) la fama de meticuloso del jefe de gobierno y su perfil administrativista. Seguir adelante con las obras como si nada hubiera cambiado puede dejar muy expuesta a la Provincia en un eventual litigio.
Se trata de una construcción de gran magnitud y costo económico, y con los antecedentes tan poco alentadores que en materia de obra pública puede exhibir el Estado pampeano lo menos que debería hacerse es tomar todos los recaudos para evitar problemas; aunque el precio a pagar sea alguna promesa electoral que quede en el camino.