Portezuelo: nueva demanda pampeana

Las últimas y sorprendentes declaraciones demuestran que los gobiernos nacional y de la provincia de Mendoza persisten en un funambulesco proceder en lo que atañe a la construcción de la represa de Portezuelo del Viento. Luego de la reunión que mantuvieron el ministro del Interior y el jefe de gobierno cuyano se dio una nueva vuelta de tuerca al tema y, contrariamente a lo anunciado con relación a la suspensión de la obra debido a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, el funcionario nacional confirmó que el embase será financiado “íntegramente por el gobierno”.
El anuncio pudo ser sorpresivo, pero no del todo inesperado. Ya el gobernador mendocino había dicho con toda claridad que si no había apoyo de Buenos Aires para la obra tampoco habría respaldo de esa provincia a las políticas nacionales del macrismo. Esa suerte de toma y daca debió condicionar la actitud del ministro, representante político de un gobierno acorralado por la “tormenta” económica y que no puede darse el lujo de perder un aliado de peso como la provincia cuyana.
Seguramente la noticia no caerá bien en otras provincias que también vieron caerse obras de importancia a causa del rechazo fondometarista, como es el caso de Neuquén, pero a las que el gobierno nacional no había dado una alternativa de privilegio como la que ahora se ofrece a Mendoza. Sin embargo en las declaraciones del ministro hay un párrafo clave: “Queda por definir cómo vamos a financiar la obra, que se licitará en los próximos meses”. La afirmación no es menor porque, lo mismo que para otras licitaciones, la alternativa que se baraja -aunque no se la haya mencionado explícitamente- es la denominada participación público-privada, un anzuelo que ha lanzado el gobierno nacional pero que aparece como poco tentador para el capital privado en vista de la gran inestabilidad de la economía argentina.
A las dudas sobre el financiamiento siguen oponiéndose las objeciones en los aspectos técnicos y administrativos. Fiel a sus antecedentes, Mendoza continúa con la pretensión del manejo propio de la represa, que afectará a toda la cuenca del Colorado aguas abajo. El resto de las provincias que forman el comité de cuenca del curso ha comenzado a desconfiar del empecinamiento mendocino en un limitado estudio de impacto ambiental y en la pretendida y exagerada producción hidroeléctrica de la obra. Además se agrega la sospecha de que Portezuelo sirva principalmente como obra de cabecera para el trasvase de caudales del río Grande al Atuel, alternativa prevista en el Tratado del río Colorado siempre que se realice al mismo tiempo un desvío compensatorio desde el Negro en la cuenca media, una gestión que hoy aparece muy trabada.
Y por si las objeciones anteriores fueran pocas el mandatario cuyano pretendió extraer un nuevo conejo de la galera al decir que si bien la adjudicación de Portezuelo requiere la aprobación del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), no hace falta una votación unánime sino, apenas, una mayoría simple. La afirmación se contradice con la normativa que rige al tratado.
La reacción de la comunidad pampeana ante la situación, como era de esperar, ha sido fuerte, con la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de una nueva acción de amparo ambiental contra Mendoza por parte de la Asamblea por los Ríos Pampeanos. La presentación objeta la ausencia de un estudio de impacto ambiental que contemple a toda la cuenca y no únicamente el territorio mendocino, como lo pretende esa provincia. La demanda -similar a la que elevara tiempo atrás la Fundación Chadileuvú- obedece a la creciente preocupación que existe en La Pampa, y ahora también en otras provincias abajeñas, sobre las pocas garantías que ofrece Mendoza a la hora de administrar, por sí sola, un embalse sobre un río interprovincial.