Prisioneros del sistema

Un representante gremial pampeano ha llamado la atención sobre un drama social -producto necesario de la pérdida del poder adquisitivo en el sector asalariado- cual es el creciente endeudamiento de una creciente cantidad de trabajadores. El gremialista fue aún más lejos, proponiendo una posible solución: que el Estado se haga cargo de la situación de emergencia, a través de un "salvataje" similar al que, a comienzos de la década pasada, trasladó a la Provincia una parte de la cartera de morosos del Banco de La Pampa.
No se trata de una novedad, ya que el tema ha sido objeto de tratamiento reiterado en estas páginas: quienes dependen de un salario para su subsistencia tienen grandes dificultades para atender a sus necesidades familiares, y ante la virtual inexistencia de redes de contención ante la emergencia, deben acudir a prestamistas privados, que cobran altísimas tasas de interés.
Aunque debe ser un fenómeno extendido a otros sectores, es entre los empleados estatales donde se ha detectado una mayor incidencia del flagelo, que a no dudarlo puede derivar en la pérdida de bienestar, de viviendas, y hasta en la desintegración de grupos familiares. Sin embargo, la propuesta de solución en este caso, tiene pocas probabilidades de prosperar, a poco que se analice cómo funciona el sistema que provocó estos quebrantos. El "salvataje" que trasladó al Estado provincial la llamada "cartera sucia" del Banco de La Pampa, no fue establecido en beneficio de aquellos deudores morosos -que eventualmente y en un alto porcentaje terminaron pagando sus deudas- sino a favor del propio banco, para enjugar su pasivo y garantizar su viabilidad en tiempos de crisis.
Al igual que muchos otros bancos en el país, el BLP se vio obligado judicialmente, luego de la crisis de 2001, a devolver una gran cantidad de dólares depositados por sus clientes en tiempos de la convertibilidad monetaria. Ello, sumado a la falta de liquidez generalizada en el sistema, comprometía la subsistencia del banco provincial, a no dudarlo, una necesaria herramienta para la política económica y financiera local.
Aquella crisis no hizo sino desnudar un problema estructural del sistema financiero, que cuenta con el aval tácito de las autoridades gubernamentales: y es que los bancos no tienen en sus arcas el dinero que han depositado sus clientes, sino que lo han prestado o invertido varias veces para llevar adelante su negocio financiero.
No mucho tiempo después, durante la crisis de 2008, y debido a maniobras similares (los llamados productos bancarios "derivativos" que provocaron la "burbuja inmobiliaria") los bancos centrales de los principales países de occidente debieron salir a "rescatar" a sus bancos y compañías de seguros, a diferencia de los deudores hipotecarios individuales, a quienes dejaron librados a su propia suerte, pagando el costo de la crisis. Poco importó, entonces, que muchas de estas maniobras bancarias bien podían constituir delitos, o que los directivos de esas entidades continuaron cobrando suculentos sueldos y bonos anuales pese al resultado ruinoso de su gestión.
Ese es el estado de cosas actualmente, en momentos en que el capital financiero ha tomado preeminencia en la economía mundial, por sobre la producción de bienes físicos y -desde luego- por sobre la suerte de los ciudadanos que con sus impuestos terminan pagando el pato de la boda. En tal situación, que los economistas más lúcidos ya han denunciado como una locura insostenible, resulta poco probable que un modesto Estado provincial intente ir a contramano de la tendencia mundial para defender a su gente de la rapacidad financiera. En cualquier caso, sería una sorprendente -y agradable- excepción.