Privilegios del poder político

A veces resulta muy arduo entender los mecanismos de la democracia cuando comienzan a operar factores como el poder político y ciertos privilegios que suelen desplegarse a la hora de brindar amparo al funcionariato estatal. Si bien son muy diferentes, los casos que involucran al ex intendente Luis Larrañaga y al ministro Juan Carlos Tierno parecen confluir en un punto: los dos muestran la misma coraza protectora contra las pretensiones de hacer realidad aquella máxima suprema de la democracia que establece que todos somos iguales ante la ley.
El ex intendente fue denunciado por cometer, en el ejercicio de su función, dos irregularidades manifiestas: adulterar un documento público y luego, con él, provocar un daño al Estado. Si bien tanto el fiscal como la jueza archivaron la causa porque, dijeron a coro, no encontrar ninguna violación al Código Penal, lo cierto es que la conducta del ex jefe comunal provocó un doble perjuicio económico al tesoro público. Por un lado aumentó en forma fraudulenta los dineros que recibió del sistema de coparticipación al mentir sobre el porcentaje de recaudación de la comuna. En este caso el daño se provocó contra el Estado provincial, como aportante de esos recursos inflados injustificadamente. Y por otro ocasionó un decrecimiento en los montos percibidos por la gestión que lo sucedió porque, al blanquearse las cifras reales de la recaudación municipal, éstas mostraron su verdadero nivel y en consecuencia el índice de coparticipación que se rige por este parámetro se achicó. En síntesis: el “premio” se lo llevó el mentiroso, y el “castigo”, el honesto.
De acuerdo a la jueza y al fiscal este tipo de conductas no está tipificado como delito penal y, por lo tanto, al ex funcionario no le cabe el inicio de una causa para investigarlo. Pero también hay que decir que, además de este trato benévolo, el ex funcionario recibió un beneficio adicional: fue premiado por sus servicios -en realidad por su alianza electoral con el vernismo- con un cargo en el gobierno provincial. Al principio habría desdeñado ocuparlo -es esta pequeña ciudad se sabe bien que el pasar económico del ex funcionario no es lo que se dice ajustado-, pero, según se pudo conocer, ahora habría cambiado de parecer y solicitado al gobierno provincial la efectiva designación en el nuevo puesto estatal.
Con relación al ministro de Seguridad y los fuertes cuestionamientos que recibió a partir del caso de gatillo fácil de Lonquimay que le costó la vida a un cazador, la protección no le llegó del Poder Judicial sino del Legislativo. Los diputados justicialistas en la sala acusadora de juicio político rechazaron de plano realizar ese procedimiento que, como todos saben, no implica una condena prima facie del imputado sino la habilitación de un proceso de investigación. Con esa metodología se le permite al funcionario el ejercicio de su defensa a fin de no proceder a un linchamiento sino a una resolución respaldada por evidencias y testimonios. Ni siquiera ese procedimiento institucional se permitió. Los diputados oficialistas aplicaron, otra vez, el principio de obediencia debida y terminó naufragando la pretensión de conocer y deslindar las responsabilidades puestas en juego en la tragedia de Lonquimay y en otros casos que, sin llegar a ese extremo de gravedad, vienen sembrando preocupación en la provincia por el desempeño violento de las fuerzas policiales.
En ambos casos lo que se impuso fue el bloqueo de los procesos -jurídicos en uno de ellos y políticos en el restante- habilitados por las instituciones republicanas para que el funcionamiento de la sociedad sea más transparente y democrático. Y sin privilegios que solo los encumbrados en las estructuras del poder pueden usufructuar.

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