¿Punitivismo o cambio de valores sustentado en economía y cultura?

LA SEMANA POLÍTICA

Emilio Marín – Algunos crímenes aberrantes dieron pie a otra campaña demagógica favorable a cárcel para todos y todas. Esa no es la solución, que debe ir por la vía de nuevos valores, basados en mucha educación y cambios económicos.
Varios crímenes aberrantes, como el femicidio de Micaela García y el linchamiento de Emanuel Balbo, el hincha de Belgrano, dispararon una corriente punitivista que quiere penas de 40 años para todos los delitos. Y procura evitar las salidas anticipadas de presos que hayan cometidos delitos graves, aún cuando tengan buena conducta y hubieran cumplido la parte de la pena que los habilita a solicitarlas.
Ese bloqueo legal a salidas anticipadas tuvo una razón objetiva en que el presunto asesino de Micaela, que salió antes de tiempo, tenía antecedentes por dos violaciones.
Antes de entrar a este debate candente hay que observar que, en cambio, no hay multitudes discutiendo el fallo de la Corte Suprema que, por mayoría de tres votos contra dos, revocó un fallo de la Cámara y permitió que un militar de 85 años condenado por delitos de lesa humanidad disfrute del arresto domiciliario. Lamentablemente sólo los organismos de derechos humanos y un espectro limitado de fuerzas políticas y sociales se interesaron en ese dictamen del máximo tribunal, cuestionándolo. El fallo de la Corta van en línea con las declaraciones del obispo castrense Santiago Olivera, que apoyó al militar condenado para que estuviera con su familia, en función de la edad y la salud. Olivera sostuvo que el represor tenía derecho a “a gozar de los mismos beneficios” que los demás. De ese modo abonaba el terreno para la “reconciliación nacional”, un viejo apotegma de Francisco, cuando era Jorge Bergoglio.
El contraste entre los diferentes casos lleva a pensar que es mejor ser más restrictivo con las salidas anticipadas o arrestos domiciliarios en las causas de delitos de genocidio que en los penales comunes. Por algo aquellos son imprescriptibles y los otros, aún horrendos, no lo son. Parece demagogia meter todos en la misma bolsa.
Se notó el desnivel cultural y diferentes reacciones en las familias de las víctimas. La del hincha pirata quiere ver más gente presa y con duras penas; no le cierra que “sólo” hayan detenido a 7 acusados. En cambio, la familia de Micaela cerró las puertas a la venganza diciendo que confiaba en la justicia. Aunque luzca como moderna, eso tiene varios siglos de existencia y es un paso superior al vengativo “ojo por ojo y diente por diente”, aunque aún hay mucha “justicia” por mano propia.

Mano dura.
El gobierno de Mauricio Macri es favorable a la mano dura, en todas sus versiones. Mano dura de los empresarios que despiden gente, mano dura de los funcionarios que hacen lo mismo ahora con la excusa de que no se acumulen “capas geológicas” en el Estado (según Hernán Lombardi), mano dura de la policía que debe ser eficiente en desalojar piquetes, mano dura de los jueces que tienen que condenar más a determinados delitos (no así en casos como Panamá Papers, donde deben ser garantistas); y mano dura de los legisladores, que tienen que aprobar normas más punitivas.
En este último rubro está trabajando el ministerio de (In) Seguridad, con Patricia Bullrich, quien compareció en la semana en una audiencia en la Comisión de Justicia del Senado, donde se analiza la modificación a la ley 24.660, que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad.
En esa reunión había legisladores pero también representantes de entidades sociales y humanitarias, y la intervención de Bullrich suscitó discrepancias. No sólo con su enfoque punitivista, a lo Blumberg, sino también por sus exageraciones en materia de estadísticas, que fueron desairadas por los especialistas. Ella dijo que en ciertos delitos, reinciden 9 de cada 10 convictos, lo que está lejos de ser cierto.
Además su impulso a encarcelar y dejar adentro a todos los condenados, incluso los que tienen prisión preventiva, como es de estilo, fue rechazado porque supondrá llenar más los establecimientos carcelarios, que ya están colapsados. Francisco Mugnolo, procurador penitenciario de la Nación, le espetó: “es simple. Agregar más presos a cárceles colmadas no va a favorecer a la rehabilitación de los presos, sino todo lo contrario. Con esta medida habrá una regresión al autoritarismo del servicio penitenciario”.
Ese proyecto que debate el Senado viene con media sanción de Diputados y es probable que termine siendo aprobado, aún con algunos cambios.
Están jalando parejo en aquella dirección el gobierno nacional y su representación bonaerense, donde María E. Vidal tiene a dos espadas afiladas en el punitivismo. Uno es el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. Y otro el ministro de Justicia del mismo origen peronista, Gustavo Ferrari, ex directivo del grupo empresarial de Francisco de Narváez y exjefe de campaña del “Colorado”. “No confiemos sólo en la discrecionalidad de los jueces. Hay delitos que no permiten las libertades condicionales, como los delitos contra la integridad sexual, el homicidio, los delitos contra ancianos”, le dijo Ferrari al canal de TV de “La Nación”. Este abogado fue en los años del menemismo el asesor de la Asociación de Bancos de la República Argentina, cuyos directivos cometieron los peores delitos de vaciamiento del país. Obvio que Ferrari no pediría para esos banqueros las mismas penas que agita hoy contra los presos comunes.

Para la tribuna y octubre.
El endurecimiento de penas y las modificaciones para el régimen de salida de los presos no va a resolver la inseguridad y elevado índice de delitos.
Ya se probó esa línea punitivista, como en 2004 con la referida reforma Blumberg, y sólo se consiguió anarquizar la legislación penal sin un saldo favorable para la seguridad de los habitantes. Y cuando al cabo de varios años, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se hizo un trabajo serio para aprobar un proyecto de Código Penal moderno y equilibrado, con una comisión plural encabezada por Raúl E. Zaffaroni, la oposición la torpedeó. Esa dinamita fue puesta por Sergio Massa, quien ahora secunda los planes punitivistas de su aliado-adversario Macri.
Ese antecedente de lo actuado por Massa permite apreciar que en varios casos, no todos, los políticos toman la lanza de la campaña por mayores penas con un sentido electoralista, antes que por creer en las bondades de las leyes que votan, vetan o botan.
Y no hay que ser muy listo para pensar que Macri y Jaime Durán Barba, casi el presidente y vice del PRO-Cambiemos, han pergeñado una campaña para las legislativas. Consiste en compensar la caída de imagen por la recesión e inflación, con una mano dura que satisfaga a la clase media, esa que se queja de esos fenómenos y de los tarifazos, pero más odia a los choriplaneros y los supuestos responsables de la presunta “pesada herencia”.
¿Puede haber gente tan tonta que mientras es afectada por la caída del empleo (5.000 puestos de trabajo menos en marzo, según CEPA), mantenga fidelidad electoral a sus verdugos por simpatía a la represión a los piquetes y el endurecimiento de penas a la delincuencia? Sí, puede haberlos. La duda es sobre la magnitud de este sector y la implicancia en los resultados de octubre venidero. Pero que los hay, los hay…
Para lograr un país donde bajen sensiblemente los delitos habría que dar el ejemplo de arriba hacia abajo. Si hay un presidente imputado de posible lavado de activos por los Panamá Papers (el juez Sebastián Casanello desestimó esa acusación pero el fiscal Federico Delgado apeló su fallo), es difícil ser tan exigente con los del medio y abajo.
Esa nueva sociedad requiere mucha justicia social e igualdad de oportunidades, para que haya menos espacio para el delito y entonces sí ser duros con el fenómeno. Pero se vive en plena caída del poder adquisitivo del salario y cerraron 5.000 empresas en el primer año de Macri, con una caída interanual del 9 por ciento de la industria, según la Unión Industrial Argentina, que no es un sindicalismo proletario ni mucho menos.
Y finalmente son imprescindibles la educación y la cultura. “Ser cultos es el único modo de ser libres”, decía José Martí, pero a los maestros argentinos se les paga miserablemente y cuando reclaman se los reprime y demoniza como “desestabilizadores”, recortándose los presupuestos de educación.
Así las cosas el actual gobierno apelará más al endurecimiento de penas, vía leyes, y a una creciente represión a la protesta social, de hecho.
Así aparecieron nuevos equipos y armas de la Policía, con fotos de efectivos con penachos para mimetizarse como si estuvieran en guerra en una jungla.
Y allí una vez más estuvo el favor del grupo Clarín, que a esa foto la hermoseó con el título de “Esos raros peinados nuevos de la Policía Federal” en su tapa del 19 de abril. En una charla sobre la convergencia digital el especialista Luis Lázzaro puntualizó que con esa alusión a Charly García, se buscaba adecentar la imagen represiva en un medio que sigue mintiendo. ¿O ya fue el tiempo de “Clarín miente”?
Además de mentir, oculta. La letra de Charly en ese rock también decía: “Y si vas a la derecha y cambiás hacia la izquierda, adelante. Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos”. Pero no eran los peinados de la Federal.