Quemuenses estafados

Cuesta encontrar en la historia reciente de nuestra provincia una megaestafa como la ocurrida en Quemú Quemú. Y no solo por la magnitud de los dineros puestos en juego sino porque el fraude no fue perpetrado por la sucursal de una compañía financiera o un banco con casa central en una remota ciudad, o en el extranjero, sino por un «financista» hijo del pueblo.
Sorprende también la gran cantidad de personas e instituciones que prefirieron confiar el cuidado de sus recursos monetarios a un particular, ignorando la seguridad que ofrece en nuestra provincia la casa bancaria oficial.
Más de cien millones de pesos se evaporaron del pueblo dejando un tendal de setenta particulares y entidades desconsolados. Y es muy probable que estos números aumenten porque se siguen recibiendo denuncias. Por otra parte, el hallazgo de una bolsa de plástico con documentos destrozados estaría arrojando dudas sobre la sinceridad de quien, ya tras las rejas, declamó su intención de arreglar el entuerto.
Muchas preguntas surgen después de semejante tropezón colectivo: ¿Por qué tanta gente elige entregarle su dinero a un individuo y no a una entidad bancaria confiable? ¿Será porque el «vecino» ofrecía algunos puntos de interés de «ventaja» y muchos se dejaron vencer por esa tentación? ¿O quizás porque algunos manejan dineros que no quieren «blanquear» ante el fisco? ¿Será porque «todos lo hacen», o porque vive «acá a la vuelta» y no se puede esperar una trapisonda de alguien conocido? Pero quizás la más importante sea esta otra: ¿Se habrá aprendido algo de esta traumática experiencia en uno de los pueblos más prósperos de nuestra provincia?
Estas preguntas que aquí se exponen se las están formulando muchos por estas horas. Incluso quemuenses que ya no viven en su pueblo natal pero que conocen a muchos de los protagonistas de este fraude.
Las palabras del intendente fueron lapidarias: «en esto no tiene nada que ver el municipio, pero después la gente cae al municipio». La paradoja es dramática: muchos de los que no confiaron en el banco del Estado, después terminarán buscando auxilio al propio Estado.

Más de lo mismo
No todos los problemas en las vías respiratorias llegan a través de la transmisión de virus y los pampeanos lo estamos aprendiendo con dolor. La reciente denuncia de un poblador de Realicó contra un productor rural que estaba fumigando con agrotóxicos a escasos metros de su vivienda revive la polémica que cobró intensidad meses atrás y que motivó el debate sobre un cambio en la ley que regula la actividad. Esa iniciativa no pudo avanzar por la súbita irrupción de la pandemia de coronavirus, pero este nuevo caso es otro llamado de atención que debería alertar a nuestros legisladores y, también, a las autoridades sanitarias para actuar sobre la emergencia.
Lo que más debería preocupar es que este nuevo episodio tuvo lugar a muy corta distancia de una vivienda, lo cual revela que hay productores rurales que, ni siquiera ante el avance de una enfermedad que afecta las vías respiratorias como el Covid-19, suspenden esa actividad o la circunscriben a las áreas ubicadas a mayor distancia de los lugares poblados.
No es esta la primera denuncia que se escucha en Realicó. El testimonio de una productora de seda en esa localidad lo confirma al advertir que las fumigaciones cercanas afectan negativamente su producción.
Una de las discusiones centrales en el debate legislativo, además del grave problema de los bidones de agroquímicos arrojados en la vía pública, giró alrededor de la distancia mínima de pulverización a los centros poblados. Llamativamente, en ese debate se generó un intercambio de opiniones parecido al que hoy provoca la cuarentena por el coronavirus y que puede resumirse en la fórmula: salud pública versus economía. Queda claro que no puede saldarse a expensas del primero de los dos términos.